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La miscelánea tributaria pone en riesgo a las organizaciones civiles de México

La reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta limita las deducciones sobre los donativos hechos por personas físicas

Miembros de la organización civil Caracol A.C
Miembros de la organización civil Caracol A.C, que desde hace más de dos décadas trabaja con población en situación de calle.Monica Gonzalez (EL PAIS)
Darinka Rodríguez

La aprobación de la miscelánea fiscal en la Cámara de Diputados pone en riesgo la subsistencia de más de 5.100 organizaciones de la sociedad civil. La reforma al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), avalada por los legisladores este lunes, limitará los donativos que otorgan las personas físicas a estas organizaciones autorizadas para hacerlas deducibles de este impuesto.

Hasta este año, la ley contempla el Límite Global para Deducciones personales, es decir, una persona puede deducir lo que resulte menor entre el 15% de sus ingresos acumulables o 163.000 pesos (unos 8.000 dólares) en un año. Además de este límite, las personas físicas pueden deducir los donativos que hacen a organizaciones civiles con un límite de hasta 7% de su ingreso anual y el 10% de las aportaciones voluntarias de ahorro para el retiro.

Pero la propuesta de ley indica que los donativos personales deberán ser incluidos en el límite global y no por separado, lo que supone una disyuntiva fiscal para los contribuyentes entre sus gastos personales o los donativos que puedan realizar. El Gobierno mexicano ha argumentado que con esta reforma busca ampliar la recaudación fiscal e invertir ese dinero en programas sociales que ayuden a la población.

Sin embargo, miembros de estas asociaciones indican que esta reforma pone el riesgo la atención de millones de personas en estado de vulnerabilidad. “Se maneja un discurso erróneo sobre las deducciones”, dice en entrevista Lucía Hidalgo, directora de la asociación Alternativas y Capacidades. “Dar incentivos es una política que propicia que la filantropía, mientras que la evasión es una narrativa totalmente ajena a las organizaciones que ayudan a la población”, indica.

En México, más de 40.000 organizaciones de la sociedad civil atienden problemáticas como violencia a las mujeres, atención a diversos tipos de discapacidad, atención a personas en situación de calle, ayuda a migrantes o apoyo a personas de escasos recursos, entre varios cientos de causas. De estas asociaciones, más de 5.000 perciben casi la totalidad de sus ingresos de donativos de personas físicas, según datos del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi).

Mientras que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) indica que la mayoría de los contribuyentes no alcanza el tope de deducción de sus gastos y casi nadie dona el 7% de su ingreso a organizaciones, la desaparición del incentivo supondría una afectación para millones de personas. Para Ricardo Bucio, presidente del Cemefi, el Estado no tiene la capacidad de brindar los servicios que ya dan las asociaciones. “Si se debilitan estos servicios hay un problema muy grande para las instituciones públicas, pero no solo eso, sino que puede costar la vida de las personas”, expone, vía telefónica.

El valor que aportan este tipo de organizaciones no solo es de ayuda social, sino económica. De acuerdo con la cuenta Satélite de las Instituciones sin Fines de Lucro del Inegi, estas figuras aportan 1,37% del producto interno bruto (PIB), además de dar empleo remunerado a más de 600.000 personas. “Si tiene un efecto positivo para la recaudación, el efecto negativo de la reforma es mucho mayor”, dice Bucio.

Algunas de las causas que apoyan las organizaciones de la sociedad civil de México no son atendidas por instituciones públicas, como la atención a la población migrante. “Entendemos que el Gobierno tiene que recaudar por medio de impuestos, pero pensando en justicia social y de derechos, se pueden poner límites y que haya más incentivo para donar a quienes menos tienen”, dice Hidalgo.

La miscelánea fiscal está siendo discutida en reservas por la Cámara de Diputados, quienes al aprobarla la enviarán al Senado para su aprobación final. Este último eslabón es la última esperanza de las organizaciones, quienes buscarán acercarse a los senadores para dar vuelta atrás a ley del ISR. “Si hay un incentivo siempre cuenta y por ello tiene el Gobierno incentivos para empresas y partidos, las organizaciones también deben de contar con ellos”, finaliza Bucio.

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Sobre la firma

Darinka Rodríguez
Periodista nacida en Iztapalapa, en Ciudad de México. Es licenciada en Comunicación y Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México (2006-2010). Formó parte del equipo de Verne México desde julio de 2017 y en 2021 se sumó a la redacción de EL PAÍS México. Le apasiona andar en bicicleta.

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