Samir Flores: los retrasos de la justicia marcan el caso del activista asesinado tras oponerse a una termoeléctrica

Más de dos años después del homicidio de Samir Flores, ambientalista y uno de los principales opositores a la construcción de la termoeléctrica de Huexca, en el Estado de Morelos, esta semana ha caído el primer sospechoso del crimen. Tras la detención, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha informado este viernes de que su Gobierno pondrá nuevamente en marcha el proyecto. La Fiscalía General de la República ha descartado que el homicidio del líder náhuatl esté vinculado con su campaña contra la obra.

A Samir Flores lo asesinaron el 20 de febrero de 2019, días antes de que el Ejecutivo sometiera a consulta popular la instalación de la planta en el municipio de Ayala y un día después de participar en un foro en el que se opuso a la misma. Esa mañana, tres sujetos armados lo siguieron hasta su casa en el pueblo de Amilcingo, en Temoac, Morelos, llamaron a la puerta y lo atacaron a balazos. Los vecinos escucharon cuatro disparos y encontraron al activista tirado en el suelo. Lo trasladaron al hospital, pero murió antes de llegar. Junto al cuerpo, los asesinos dejaron una nota firmada por el Comando Tlahuica, un grupo de la delincuencia organizada que se atribuía el asesinato de Flores, que también era colaborador de la radio comunitaria de Amilcingo.

El primer detenido, identificado como “Javier N”, fue capturado en el municipio de Cuautla y ha quedado en prisión preventiva al menos hasta la próxima semana, cuando un juez decida si será vinculado a proceso. “Tras obtener el acervo probatorio correspondiente, anunciamos la obtención y cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Javier N por su presunta participación en el homicidio del activista social de la región oriente Samir Flores Soberanes”, ha indicado la Fiscalía en un comunicado. Su titular, Uriel Carmona, ha negado tener en su poder un registro de amenazas previas relacionadas con el homicidio y ha descartado que haya estado relacionado con su activismo en contra del Plan Integral Morelos, que contemplaba la instalación de la termoeléctrica, un acueducto y un gasoducto.

Para el abogado que acompaña a la familia de Samir Flores, David Peña, el caso únicamente cuenta, en cambio, con dos líneas de investigación vigentes y que están directamente relacionadas con el activismo de Flores. “Es falso lo que ha afirmado el fiscal. En la carpeta de investigación se ha logrado probar que a Samir Flores lo asesinaron por su trabajo como activista, principalmente por ser uno de los principales opositores al Proyecto Integral Morelos”, ha sostenido.

Dos sospechosos prófugos

Hay otros dos presuntos asesinos que han sido “plenamente identificados”, pero aún siguen prófugos, ha indicado el fiscal. “Resultado de las acciones de investigación encabezadas por la Fiscalía Regional Oriente, se logró establecer la identidad de tres participantes en los hechos, obteniéndose las respectivas órdenes de aprehensión”, ha señalado.

Juan Carlos Solís, integrante del llamado Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, ha manifestado su inquietud por que el caso quede impune: “La apariencia de justicia puede llevarnos a más injusticia”. “No estamos dispuestos a recibir migajas de justicia, para recibir a cambio más injusticia que es la imposición de la termoeléctrica”, ha advertido. Hace un año, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, manifestó que la fiscalía ya sabía quiénes eran los asesinos de Samir y que no lo decía por miedo. “Lo cual nos habla que hay varios poderes detrás de la muerte de Samir”, ha alertado.

El defensor de los derechos humanos ha recordado que la consulta popular sobre la termoeléctrica terminó con una “votación mínima” en la que solo 55.000 personas acudieron a las urnas. Además de que más del 15% de las casillas no fueron instaladas en protesta por parte de la sociedad tras el asesinato de Flores, ha añadido. “Tampoco hay que olvidar que hay amparos en contra de la consulta por violar los derechos de los pueblos indígenas sobre su destino y su territorio”, ha afirmado.

Samir Flores es uno de los más de 100 ambientalistas que han sido asesinados desde 2012, según registros de la ONG Global Witness. Con una impunidad rampante en la mayoría de los casos, tan solo después de Colombia, México es el segundo país más letal en el mundo para los defensores de la tierra: 30 activistas ambientales fueron asesinados en 2020, de acuerdo con registros de la organización.

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