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Un juez acusa a los secretarios de Salud y Hacienda por el desabasto de medicamentos oncológicos

Un tribunal federal ordena a la Fiscalía que actúe penalmente contra Alcocer y Herrera por violar una orden judicial que les responsabiliza de la escasez de medicinas contra el cáncer de los últimos dos años

David Marcial Pérez
Un menor y su madre en las instalaciones del Hospital Infantil de México donde recibe el tratamiento de quimioterapia
Un menor y su madre en las instalaciones del Hospital Infantil de México donde recibe el tratamiento de quimioterapiaseila montes

Primer golpe judicial al Gobierno por el desabasto de medicamentos oncológicos. Tres altos cargos del Ejecutivo han sido acusados en el marco de un juicio de amparo impulsado por una asociación de pediatras mexicanos. Los secretarios de Salud, Jorge Alcocer; de Hacienda, Arturo Herrera; y la oficial mayor de Hacienda, Thalía Lagunas, han sido denunciados por un Juzgado administrativo de la Ciudad de México por no cumplir una orden cautelar que les hacía responsables de la escasez de medicamentos que, según los familiares, ha afectado gravemente a los miles de pacientes infantiles de los hospitales públicos. Se trata de momento de un recoveco procesal, una sanción secundaria dentro de un proceso mayor -el juicio de amparo de los pediatras- que sigue su curso, pero supone a la vez la apertura de la vía judicial para lo que hasta ahora era un enredo político.

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La resolución judicial, emitida el 16 de julio, ha sido un camino largo y llega justo cuando el Gobierno empezaba a mostrar resultados tras más de dos años de graves carencias que han provocado las protestas tanto de familiares de pacientes como de los especialistas. Tras la orden a la Fiscalía para que ponga en marcha un proceso penal contra los tres altos cargos, el siguiente paso es que un juzgado acepte la denuncia. Las penas por el delito de desacato para la orden cautelar van de los tres a los nueve años de prisión. Los abogados detrás del amparo precisan, en todo caso, que tanto la derivada cautelar como el fondo del juicio podría saldarse sin consecuencias en caso de que el juez considere que, como anunció esta semana el Gobierno, ya se ha resuelto la compra de los medicamentos.

El objetivo del amparo fue desde el primer momento proteger a los pediatras oncológicos ante posibles responsabilidades penales, argumentando que la carencia de medicamentos lesionaba sus derechos básicos y los de sus pacientes. “Los profesionales han de prestar servicios éticos y responsables. El desabasto para el tratamiento de cáncer en niños, niñas y adolescentes limita a los médicos oncohematólogos a cumplir con esta responsabilidad y ellos no son los responsables de los daños a los pacientes por el desabasto”, dicen desde la ONG Justicia Justa que ha impulsado el amparo.

La estrategia fue apuntar a lo más alto del nuevo sistema de distribución de medicamentos. Desde el principio del sexenio, López Obrador comenzó a lanzar acusaciones corrupción hacia el sistema de compra y distribución de medicamentos que durante años llevaban a cabo el IMSS y las empresas farmacéuticas. Desde mediados de 2019, todas las compras las centraliza Hacienda y una empresa pública lleva a cabo la distribución. La reforma ha sido criticada por parte de la patronal farmacéutica y algunos analistas, que subrayaban la falta de experiencia de Hacienda en un mercado tan especializado y técnico como el de los medicamentos.

Los movimientos de Justicia Justa se aceleraron a principios del año pasado tras acusaciones López Obrador sobre varios pediatras y directores de hospitales públicos, responsabilizándoles de los problemas de desabasto junto con las empresas privadas distribuidoras. La Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica, integrada por más de 300 profesionales de hospitales públicos, presentó el 6 de mayo de 2020 el juicio de amparo contra los tres altos cargos del Gobierno “por el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades legales a su cargo para garantizar el abasto de 37 medicamentos oncológicos pediátricos en los 54 hospitales de salud pública de México”, concretan los abogados demandantes.

Tras meses de un tira y afloja de recursos e impugnaciones entre las dos partes, en agosto del año pasado otro tribunal concedió la medida cautelar a los demandantes para que “de manera inmediata e inexcusable, las tres autoridades responsables tomaran las medidas indispensables para asegurar el suministro de tratamientos oncológicos” a los pacientes menores de los hospitales públicos. Tras casi un año y después de nuevos recursos por parte de la defensa, el juzgado que había iniciado la causa acusa formalmente a los tres altos cargos del Ejecutivo de no cumplir con la orden cautelar.

El secretario de Salud Jorge Alcocer anunció este martes que México ya cuenta con los 23 medicamentos oncológicos que aún estaban pendientes y que no habían sido cubiertos por los planes de compra organizados con la UNOPS, la agencia de infraestructura y logística de la ONU a la que López Obrador ha confiado la resolución del problema. Los abogados defensores de los pediatras son en todo caso cautos: “No es lo mismo anunciar el plan de compra que hacer efectivamente la compra”.

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Sobre la firma

David Marcial Pérez
Reportero en la oficina de Ciudad de México. Está especializado en temas políticos, económicos y culturales. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en El País. Antes trabajó en Cinco Días y Cadena Ser. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster en periodismo de El País y en Literatura Comparada por la UNED.

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