SEDENA

El general que traficaba con armas del Ejército mexicano queda impune

La Secretaría de la Defensa emprendió una investigación interna en 2012 que reveló que José Luis Ramón Velasco Guillén había dispuesto indebidamente de al menos 86 armas, pero el caso fue finalmente archivado

Un soldado del ejército mexicano hace guardia en La Morita, Sonora.
Un soldado del ejército mexicano hace guardia en La Morita, Sonora.Luis Gutierrez / Getty Images

El general de brigada José Luis Ramón Velasco Guillén, quien fungió como titular de la dirección general del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), traficó con armas que eran donadas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En 2012, la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, la instancia encargada de supervisar, fiscalizar y evaluar al personal militar en aspectos administrativos, presupuestarios y operativos, emprendió una investigación interna que puso al descubierto que el general había dispuesto indebidamente de, al menos, 86 armas que dos coleccionistas habían cedido a la Sedena. El armamento fue resguardado en la oficina del general en vez de haber sido trasladado a la dirección de Comercialización de Armamento y Municiones. Posteriormente, Velasco Guillén se encargó de venderlo a miembros de la Sedena y a otro coleccionista privado que posteriormente fue vinculado por las autoridades con miembros del crimen organizado. Pese a que se detectó una falta de control, desorganización y negligencia durante su gestión, la Contraloría solo le impuso una amonestación. En el Juzgado Tercero Militar se emprendió una indagatoria por la vía penal por el delito de fraude, pero en agosto de 2014 la investigación fue archivada.

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Durante la administración del general Velasco ocurrieron una serie de anomalías que fueron detectadas tardíamente por la Defensa Nacional. En un informe elaborado por una comisión inspectora y auditora del Ejército, un área que depende de la Contraloría, quedó plasmado que los jefes de las diferentes secciones que integraban la dirección general del Registro Federal de Armas entregaban documentación a permisionarios sin seguir el procedimiento adecuado para su registro, favoreciendo a ciertas personas y empresas. En la sección de fabricación y comercialización, por ejemplo, se expedían permisos extraordinarios para la adquisición de armas, cartuchos y accesorios aunque los solicitantes no reunieran los requisitos exigidos. “Algunos peticionarios manifiestan pertenecer a algún club cinegético presentando documentos que los acreditan como tal, sin embargo al verificar los informes de los clubes, resulta que no son socios por lo que se presume se expiden permisos a cambio de alguna dádiva o de orden superior”, se lee en el informe. Los militares investigadores hacían mención a una empresa que, pese haber incurrido en un excesivo número de irregularidades durante sus actividades, nunca había sido multada y su permiso jamás había sido suspendido o cancelado. “Se presume que los encargados de verificar sus reportes mensuales no informan de las anomalías que comete [la empresa] por tener algún acuerdo con el representante legal o bien por negligencia”.

En la auditoría ordenada por la Inspección y Contraloría del Ejército y Fuerza Aérea se encontró que en la dirección bajo el mando del general Velasco había una falta de control sobre los per misionarios a quienes se les había autorizado una licencia como coleccionistas de armas. En algunos casos estos continuaban con sus permisos vigentes, pese a que no habían cubierto el refrendo. “Hay permisionarios que cuentan con licencia particular individual que no han revalidado y no han sido suspendidos o cancelados”, quedó asentado en el dictamen. En el caso de los clubes cinegéticos, algunos que habían sido suspendidos o cancelados aún figuraban como activos en los archivos de la dirección. También se encontró que había empresas de seguridad, que prestaban servicios de escolta a compañías de transportes especializados, que no contaban con permiso vigente. Pese a esto ni siquiera se les había aplicado alguna sanción y tampoco habían sido investigadas o requeridas para que regularan su situación.

Los socios del general

Agentes municipales, de la Guardia Nacional y el Ejército Nacional durante un operativo en Guanajuato.
Agentes municipales, de la Guardia Nacional y el Ejército Nacional durante un operativo en Guanajuato. Monica Gonzalez

La comisión inspectora y auditora del Ejército realizó a principios de 2012 una verificación de la documentación del permiso de colección 45. En esa revisión se encontró que el general Velasco había dado órdenes “equivocadas” a un subalterno para que recogiera las armas de una colección privada que había sido donada a la Defensa Nacional. Tras diversas entrevistas al personal de la dirección general del Registro Federal de Armas se descubrió una serie de omisiones y actos negligentes que habían sido orquestados por el titular de la dirección. En su declaración ante las autoridades castrenses el capitán César Abel Batres Ortiz, quien fungía como jefe de la sección de registro de armas, contó que el 15 de julio de 2011 el albacea de un antiguo coleccionista acudió a las oficinas del general para exponerle que deseaba donar 60 armas. Ahí mismo, el general le dio órdenes al capitán Batres Ortiz para que programara una visita al domicilio del donante. Al día siguiente, este se presentó en la casa del coleccionista, donde verificó y recibió las armas de su colección. Después las trasladó en un vehículo oficial al privado del general en vez de haberlas llevado a los almacenes de la Sedena.

En agosto de 2011, el general le preguntó a Batres Ortiz si conocía a algún coleccionista de armas. El capitán Batres le presentó a Víctor Manuel Ríos López que le había sido recomendado por Gabriel Ábrego García, un antiguo permisionario de la Sedena al que había conocido tras haberlo apoyado en unos trámites. Finalmente a mediados de agosto de ese año el general y el coleccionista se reunieron en su oficina, donde Velasco le mostró las armas que semanas antes habían sido donadas y que estaban resguardadas en su privado. “Después el referido director le dijo que quería 150.000 pesos por todas las armas, por lo que el coleccionista le dijo que posteriormente iría por ellas”, declaró Batres Ortiz ante la autoridad militar. Unos días después Ríos López acudió por las armas y Batres lo ayudó a subirlas a su coche. El general le pidió a su subordinado que acudiera al domicilio del coleccionista a recoger el dinero de la venta del armamento. Ahí le entregaron un sobre blanco con 150.000 pesos que entregó a su superior. “El general le dijo que tomara el “diez” de ese dinero, sin saber él a que se refería, pero no tomó ninguna cantidad y le entregó el sobre al director”, se lee en un expediente judicial que fue iniciado tras un amparo tramitado por Batres.

Cuatro meses después de haber hecho aquella transacción, Ríos López le llamó nuevamente al capitán Batres para informarle que le habían robado varias armas de su colección. Era diciembre de 2011 y este le recomendó hacer una denuncia ante el ministerio público para protegerse de cualquier mal uso que pudiesen hacer de esas armas, ya que estaban registradas a su nombre, se lee en los documentos judiciales consultados por este diario. Al declarar ante la autoridad ministerial el coleccionista contó que parte de esas armas se las había comprado a un general. Esto levantó sospechas en las autoridades y ordenaron un cateo en su domicilio. Ahí encontraron diversas armas, algunas de las cuales carecían de registro ante la Defensa Nacional. La investigación continuó hasta alcanzar a los altos mandos de la dirección general del Registro Federal de Armas. En mayo de 2012 se empezaron a ventilar públicamente detalles de este caso. El diario Reforma dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) había detenido al coleccionista por el delito de portación de armas sin licencia y tenía bajo investigación al general y al capitán Batres.

El caso dio un giro cuando en junio de ese año la Policía Federal informó que había detenido a Gabriel Ábrego García, traficante de armas que operaba para La Resistencia, conformada por los cárteles de La Familia Michoacana, del Milenio y del Golfo, según un comunicado. Desde meses atrás, la Fiscalía había logrado interceptar las comunicaciones de Ábrego, donde descubrió que entre sus llamadas había varias a Víctor Manuel Ríos López y otra con el capitán Batres Ortiz. Como parte de su indagatoria, la Fiscalía mandó llamar al capitán y en su declaración contó sobre las armas que el general había vendido al coleccionista. La Fiscalía intentó conectar al general en la trama de la venta de armas al crimen organizado, pero nunca pudo, de acuerdo a los documentos judiciales consultados. El juez consideró que las pruebas presentadas por la PGR eran insuficientes para demostrar algún ilícito. La Sedena también emprendió sus propias investigaciones. En la Fiscalía castrense se inició una investigación en contra de ambos militares, pero después de dos años el ministerio público se desistió de la acusación y en agosto de 2014 el expediente fue archivado por “falta de méritos para procesar”, según un oficio proporcionado por la Sedena a este diario vía transparencia. Por la vía administrativa la investigación continuó. La Sedena fue consultada por este diario sobre el estado del caso del general Velasco Guillén, sin que hasta el momento la secretaría haya dado una respuesta.

La venta de armas entre militares

Oficiales militares de la SEDENA hacen guardia en La Paz, México.
Oficiales militares de la SEDENA hacen guardia en La Paz, México.Alfredo Martinez / Getty Images

El caso del coleccionista Ríos López no fue el único donde el general hizo un uso indebido de las armas que estaban bajo su resguardo. El 22 de septiembre de 2011 otro coleccionista de armas solicitó la cancelación de su permiso 321 que tenía autorizado desde 1996 y pidió que las armas se pusieran a consignación para venta al público. Un coronel ingeniero fue el encargo de recoger las 66 armas en el domicilio del señor. Una semana después la dirección general del Registro Federal de Armas a cargo del general Velasco remitió a la dirección general de Industria Militar las 40 armas para que permanecieran en consignación para su venta al público en la dirección de Comercialización de Armas y Municiones, la instancia autorizada para ello. Del resto de las armas no se supo más. Tiempo después una auditoría descubrió que fueron comercializadas indebidamente con la anuencia del general. En las entrevistas hechas por los inspectores de la Contraloría a un capitán primero ingeniero constructor, un teniente oficinista y sargento primero, estos contaron que adquirieron las armas que estaban guardadas en el alojamiento del general. “El capitán primero ingeniero constructor manifestó que adquirió dos armas de fuego de la colección a través del general brigadier diplomado de Estado Mayor, pagando por las armas al mencionado general”, se lee en los documentos. Otra oficinista contó que el general le mostró 30 armas que tenía en venta. Ella le comentó a su hermano y este a su vez le avisó a un teniente, quien finalmente compró cuatro artefactos de la colección.

En el fallo de la Contraloría en contra de Velasco se concluyó que abusó de su cargo, ya que la dirección que él comandaba no tenía facultades para comercializar armas, municiones ni explosivos a particulares. La venta únicamente se realiza a través de la dirección de Comercialización de Armamento y Municiones, dependiente de la dirección general de Industria Militar, un área ajena a la injerencia de Velasco. “El general autorizó la comercialización de las armas de fuego en comento excediendo su actuar de las facultades y atribuciones que detentaba como servidor público de la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, por lo que dicho servidor público incumplió con los principios de eficiencia legalidad, honradez y lealtad”, se lee en la resolución de sanción.

Tras el análisis de las pruebas y los testimonios recabados se concluyó que existía una evidente responsabilidad administrativa para el general. “Se acreditó la existencia de la conducta en el sentido de realizar actos que implicaron abuso de su cargo y el uso de las facultades que tenía atribuidas para el desempeño de su cargo para un fin distinto”, quedó anotado en el expediente. Finalmente el 3 de septiembre de 2014 el área de responsabilidades de la Contraloría emitió una sanción, que consistió en una simple amonestación al considerar que las faltas no podían ser consideradas graves. En ese entonces el general ya se encontraba retirado. Actualmente cuenta con una jubilación de 77.106 pesos mensuales. Su subalterno, el capitán Batres Ortiz nunca fue castigado.

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