El Ejército mexicano sale victorioso de su última batalla
La exoneración del general Cienfuegos cierra la posibilidad de investigar los vínculos de los militares con el narco y evita a la institución el examen público
El Ejército mexicano libraba hasta este jueves la batalla más importante en los despachos tras la detención del general de cuatro estrellas Salvador Cienfuegos, capturado por la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) en Los Ángeles bajo la sospecha de vínculos con el crimen organizado. La DEA alegaba miles de contactos telefónicos entre Cienfuegos y un capo de medio rango a quien habría ayudado a mover estupefacientes. La detención fue un mazazo al interior del estamento mejor valorado por los mexicanos y un golpe al corazón de una institución que opera desde la lealtad y los pactos de honor no escritos. La batalla comenzó a ganarse en el exterior, cuando en un hecho inédito Estados Unidos retiró en noviembre los cargos contra Cienfuegos y envió al general a México tras la amenaza del presidente Andrés Manuel López Obrador de cortar cualquier tipo de colaboración en la lucha contra el crimen organizado. Después, en casa, el militar logró en 58 días el respaldo jurídico del fiscal general de la República, que considera que no hay pruebas para abrir una investigación en su contra, y el aval del presidente a la decisión, admitió este viernes.
La batalla por la imagen pública de la institución castrense y el honor de su cúpula militar se había ganado en un tiempo récord y el mandatario mexicano rodeó la victoria de la retórica nacionalista que acompaña un triunfo de tales dimensiones contra el eterno enemigo: “No todo lo de fuera es bueno”, la DEA no es “profesional” o no se puede creer más a una institución extranjera que al Ejército, dijo López Obrador este viernes durante su conferencia de prensa matutina.
La sensación, no obstante, es que la exoneración del militar cierra en falso la posibilidad de profundizar en la limpieza de la corrupción y localizar las manzanas podridas dentro del Ejército a pesar de las fuertes evidencias existentes en su contra, tal y como admitió el fiscal de EE.UU. William Barr. A cambio de todo ello se logró neutralizar el deterioro militar y frenar la posibilidad de que el laureado general de 72 años, quien tuvo a las órdenes al actual secretario de la Defensa, pudiera terminar en la cárcel.
La reacción mandatario evidencia los vínculos cada vez más profundos entre el Ejército y el gobierno de la llamada ‘Cuarta Transformación’. Día a día el Ejército se ha consolidado como el principal beneficiado de la llegada de López Obrador al poder. Desde entonces los uniformados han servido para labores tan variadas como levantar una refinería o mediar con las constructoras privadas del Tren Maya. Paralelamente el Ejército se ha convertido en estos dos últimos años en un actor económico de primer nivel encargado de algunas de las infraestructuras más importantes del país. Entre otras grandes obras, los militares construirán la refinería de Dos Bocas (Tabasco), varios tramos del Tren Maya o los aeropuertos de la capital, Palenque y Tulum, en el Caribe mexicano, entre otros.
A pesar de los recortes, el Ejército no solo se ha librado del plan de austeridad que afecta a otras áreas de la Administración sino que recibe más dinero que nunca por distintas vías. La Secretaría de la Defensa (Sedena) aumentó su presupuesto para este año con cuatro fideicomisos de 31.980 millones de pesos (unos 1.500 millones de dólares) aprobados en octubre para la compra de equipo militar (que dispone de más del 90% de esa bolsa), haberes de retiro, pensiones y compensaciones, subsidios a los hijos del personal del Estado Mayor Presidencial y a familiares de militares fallecidos en misiones de alto riesgo. Ninguno de estos fideicomisos, calificados en otros casos de “opacos y corruptos” por el mandatario sufrirá recorte alguno. La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que los recursos destinados al Ejército pasaron de unos 4.000 y 5.000 millones de pesos —durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— hasta los más de 30.000 millones a mediados de este año con el Gobierno de López Obrador. Se trata de uno de los montos más altos de los fideicomisos públicos que no ha eliminado esta Administración, según las cuentas de la Secretaría de Hacienda.
En el campo de batalla, el Ejército también ha mejorado su condición. Desde el cambio de estrategia de López Obrador, que prima la aplicación de planes sociales por encima de la confrontación directa con los cárteles, los militares han pasado poco a poco a nuevas posiciones y ya no es la punta de lanza contra el narco como sucedió entre 2006 y 2018 durante los gobiernos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. López Obrador ha delegado este ingrato papel en la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad de corte castrense creado en 2018, unos meses antes de tomar posesión de su cargo, como solución a la ola de violencia que azota al país desde hace más de una década.
Pese al escándalo de proporciones históricas que podría suponer la captura de Cienfuegos, el Ejército se mantiene año tras año como una de las instituciones mejor evaluadas por la ciudadanía y las corporaciones policíacas, entre las peores, según Consulta Mitofsky.
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