López Obrador aumenta el poder del Ejército con un incremento histórico de fondos en cuatro fideicomisos

A las puertas de la Cámara de Diputados un grupo de decenas de investigadores y defensores de los derechos humanos se llevaba las manos a la cabeza el martes pasado. Los legisladores habían aprobado la extinción de 109 fideicomisos con los que se financiaba un reguero de instituciones públicas dedicadas al desarrollo científico, cultural y deportivo del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebraba la medida que busca recuperar ingresos con urgencia para cuadrar el presupuesto del año en un contexto de recesión económica agudizada por la pandemia. Fuera de la lista quedaron unos fondos intocables, a los que no solo no les han afectado los recortes, sino que han sido los más beneficiados durante este Gobierno: las reservas para el Ejército.

La Secretaría de la Defensa (Sedena) cuenta con cuatro fideicomisos con 31.980 millones de pesos (unos 1.500 millones de dólares) disponibles para compra de equipo militar (que dispone de más del 90% de esa bolsa), haberes de retiro, pensiones y compensaciones, subsidios a los hijos del personal del Estado Mayor Presidencial y a familiares de militares fallecidos en misiones de alto riesgo. Ninguno de estos fondos, que también se rigen bajo el esquema que el presidente ha señalado de “opaco y corrupto” ha sido tocado. De hecho, ningún Gobierno antes había financiado con esta cantidad de recursos al Ejército.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ha desvelado que los recursos destinados al Ejército pasaron de unos 4.000 y 5.000 millones de pesos —durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— hasta los más de 30.000 millones a mediados de este año con el Gobierno de López Obrador. Se trata de uno de los montos más altos de los fideicomisos públicos que no ha eliminado esta Administración, según las cuentas de la Secretaría de Hacienda. Y la suma ha alcanzado al fondo de estabilización presupuestal, los ahorros del Estado, que se redujeron a finales del año pasado para tapar los agujeros del gasto y compensar los ambiciosos programas sociales y de infraestructura del Gobierno de López Obrador.

“Lo grave de todo esto es que observamos cómo en el cierre de 2019 quemamos los ahorros y entregamos una bolsa de recursos al Ejército. Y con el aumento se incrementa su margen de independencia y autonomía, pues en lugar de que sean devueltos los recursos a la Tesorería, gracias al fideicomiso ellos mantienen el control”, explica el investigador de la asociación, Leonardo Núñez. La estrategia del Gobierno para la eliminación de los 109 fideicomisos era, además de recuperar los 68.000 millones de pesos de estas partidas (más de 3.000 millones de dólares), otorgarle a Hacienda el poder de repartir el año que viene esos recursos. Algo que no ha sucedido con el fideicomiso del Ejército, que supone casi la mitad del total de lo recaudado.

De esos cuatro fideicomisos, llama especialmente la atención el destinado a la compra de equipo militar, pues dispone de 30.193 millones de pesos, casi el total de todo lo que recibe Sedena. Un fondo que, según un informe de la Auditoría Superior de la Federación, fue utilizado en 2012 para otros fines muy distintos, como el mantenimiento de aeronaves, la ampliación de un estacionamiento, además de para evitar que los excedentes fueran devueltos a la Tesorería. El órgano concluye en su informe que el fondo "carece de procedimientos formales que regulen el registro, control y seguimiento de los recursos”.

La opacidad del Ejército se ha evidenciado en otras ocasiones, como la concesión para construir el Aeropuerto de Santa Lucía, bajo la orden del presidente, de la cual no se ha hecho público ningún dato hasta la fecha y ha quedado blindada cualquier información amparada en el recurso de la seguridad nacional. El presidente ha señalado en su conferencia de prensa de este miércoles que “los que están defendiendo los fideicomisos están defendiendo la corrupción". Pero no ha explicado, no obstante, por qué se mantiene uno de los fondos con más recursos públicos que además ha sido señalado por la Auditoría.

Los mismos detractores de la eliminación de los 109 fondos reconocen que no todos los fideicomisos funcionaban de forma transparente y regulada. “Pero en el caso de los fideicomisos de la Sedena, que se excluyen de la lista de los eliminados, muestra la enorme discrecionalidad del presidente para decidir cuáles sí y cuáles no, sin llevar a cabo un análisis más detallado”, explica José Roldán Xopa, profesor en Derecho Administrativo e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), una de las instituciones afectadas por la desaparición de fondos. “Hay una lógica inversa a la que debería darse, porque para tomar decisiones tan importantes hay que conocer y luego decidir. Aquí está pasando al revés. Ese es el riesgo de tomar decisiones sobre las rodillas, poco reflexionadas, donde son más importantes los prejuicios que las decisiones razonadas”, añade Xopa.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, apuntaba directamente al fondo del Ejército en plena polémica por la desaparición de los 109 fideicomisos. “Me parece terrible. Prefieren eliminar los fondos que atienden la situación de las víctimas de derechos humanos, que justamente fue por esta guerra. Tenemos una gran cantidad de víctimas, desaparecidos, de ejecuciones extrajudiciales... Y es increíble que estas víctimas se vean desprotegidas y en cambio a la Sedena se le respeta”, denuncia la diputada en una entrevista a este diario.