El asesinato del defensor yaqui Luis Urbano exhibe de nuevo el peligro de la lucha por el agua en Sonora

El crimen ha sacudido de nuevo a la golpeada tribu yaqui. El defensor ambiental Luis Urbano ha sido asesinado esta semana en el centro de Ciudad Obregón, en Sonora. Hace menos de dos semanas desapareció Tomás Rojo, uno de los líderes históricos de la comunidad, cuando salía a pasear por la mañana en Vícam, cerca de Cajeme. Todavía no hay rastro de él. Ambos activistas estaban implicados en la defensa del agua y el territorio frente al crimen organizado y las autoridades federales y estatales. Estas agresiones son una prueba más de la difícil situación que atraviesa esta tribu, conocida por su larga lucha para proteger el río Yaqui y sus tierras.

Urbano fue asesinado a tiros este martes cuando salía de sacar dinero en un cajero. El activista, de 36 años, se encargaba de acompañar a las autoridades tradicionales yaquis. Definido como un joven trabajador, siempre de buen humor y muy querido por su comunidad, Urbano se convirtió poco a poco en un interlocutor de las demandas y peticiones de la tribu, centradas en la defensa identitaria y medioambiental. En 2015, Urbano participó en una caravana nacional por la defensa del agua y el territorio. Ante cientos de personas en el Deportivo de Xochimilco, en Ciudad de México, evidenció los riesgos que suponía para su comunidad la cada vez más cruenta lucha por el agua: “Lo que vi en este recorrido es que nos siguen pisoteando, maltratando. Miles estamos a punto de caer en la marginación y la pobreza se agudizará por las reformas estructurales”.

El año pasado, el defensor ambiental participó en el documental Laberinto Yo’eme sobre la resistencia del pueblo yaqui ante el desvío de agua y el avance del crimen organizado en su territorio. Sergi Pedro Ros, director de la cinta y amigo de Urbano y de Rojo, identifica estos dos crímenes como una muestra de la permisividad que hay hacia la violencia que sufre la tribu yaqui con total impunidad. “Lejos de detenerse, esa violencia está aumentado. Y es gravísimo”, señala Pedro Ros a EL PAÍS.

El cineasta recuerda que Luis Urbano estaba muy preocupado por la desaparición de Tomás Rojo. Los dos activistas eran coetáneos y ambos han sido “desactivados” al mismo tiempo. “El mensaje parece que va dirigido para todos, pero no solo de la tribu yaqui, sino para todos los defensores ambientales de México”, señala. El director desconoce la motivación o relación entre los dos crímenes, pero sí cree que estaban atentando contra ellos por ser lo que eran: yaquis. “Porque son dueños de sus tierras, son indígenas en Sonora y eso parece que no se puede tolerar”, apunta.

En los ocho pueblos yaqui viven alrededor de 40.000 habitantes. La mayoría, 12.000, reside en Vícam. Todos se abastecen de un sistema de tres presas que nutre el río Yaqui. La pelea por el agua viene de lejos y la intensidad ha ido variando con los años. En 1940, cuando solo había una presa, La Angostura, el presidente Lázaro Cárdenas concesionó la mitad del agua a los yaquis. Con el paso del tiempo se construyeron dos más, El Novillo y La Oviachic.

La ampliación de la infraestructura hídrica no ha mejorado la perspectiva de la comunidad. “Por la corrupción, se han emitido más derechos de agua de los que tiene capacidad de soportar la cuenca. Incluso, muchas de esas concesiones no se usan, sino que sirven para especular y luego adquirir derechos de uso de suelo para hacer fraccionamientos habitacionales o cosas así”, explicó a EL PAÍS el líder yaqui Mario Luna.

Estas últimas semanas la presión hacia la comunidad ha escalado. Al asesinato de Agustín El Roque Váldez, hijo de un histórico líder yaqui de Loma de Guamúchil, a principios de mayo le siguió la desaparición de Tomás Rojo y después el asesinato de Urbano. Líder consolidado y vocero de la comunidad, Rojo fue perseguido políticamente durante el sexenio del exgobernador Guillermo Padrés (2009-2015), cuando ocurrió la llamada guerra por el agua en Sonora.

Esta lucha se agudizó por la construcción del acueducto Independencia, preparada para llevar millones de litros cúbicos del río Yaqui a Hermosillo, la capital del Estado. Los yaquis protestaban porque esta sobreexplotación de los recursos no garantizaba el agua para sus pueblos. Los dejaba sedientos en mitad del desierto. El choque con el Gobierno panista llevó a Rojo a esconderse y a Mario Luna incluso a la cárcel. Aunque en 2013 la Suprema Corte de Justicia pidió paralizar la obra y ordenó que había que consultar sobre ella a la tribu yaqui, la construcción siguió y el acueducto a día de hoy ya está funcionando.

Mientras continúa la búsqueda de Rojo, su familia ha emitido un comunicado que exhibe la dura situación que atraviesa la comunidad: “Exigimos que pare la violencia al interior de la tribu yaqui y en el Estado de Sonora. Nuestra Nación Yaqui está bajo asedio y es debido a intereses políticos que se pretenden coartar nuestros derechos y opacar nuestra lucha ancestral en la defensa de nuestro territorio, nuestra agua y nuestros recursos naturales”.

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