El Gobierno mexicano pone en la mira a las empresas de telefonía por la creación del padrón con datos biométricos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha cargado contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y las empresas de telefonía móvil por la decisión del primero de interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte para impedir la creación del polémico Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador ha criticado al INAI por defender a estas compañías. “Estas telefónicas, que tienen mucho poder, que actúan con mucha hipocresía, porque para la contratación de un servicio telefónico ya solicitan esos datos”, señaló. “Como tienen también mucho dinero para comprar o alquilar medios de información, traen una campaña en contra nuestra, y los órganos autónomos y los jueces”, ha dicho el presidente mexicano.

Para contratar una línea móvil en México no es necesario dar ningún dato personal, a menos que se trate de una línea de pospago (mediante un contrato con el titular), en la que solo se pide una copia de la identificación oficial y un comprobante de domicilio. En el caso de las líneas de prepago (bajo esquema de recargas), no se requiere la entrega de ningún tipo de identificación. Y son este tipo de conexiones las que más abundan. De acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el 83,4% de las líneas móviles del país funcionan bajo este esquema.

Un padrón costoso para las empresas y el Gobierno

La creación de una gran base de datos con los registros biométricos de los mexicanos supondría un alto costo para los participantes. De acuerdo con datos proporcionados por la Asociación Nacional de Telecomunicaciones de México (Anatel), el costo para los operadores móviles ascendería a 21.000 millones de pesos (poco más de 1.000 millones de dólares).

De acuerdo con la reforma aprobada, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene seis meses para la elaboración de los lineamientos para la creación de este padrón, con un gasto adicional. “Para iniciar el padrón, el IFT requiere más de 100 millones de pesos, una inversión millonaria si se toma en cuenta que los propios legisladores que aprobaron la reforma también le han quitado presupuesto”, dice en entrevista Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

La distribución de chips y equipos de telefonía móvil es muy diversa entre las empresas telefónicas. Telcel, propiedad de América Móvil, que concentra a más de la mitad de los usuarios en el país, cuenta con alrededor de 40.000 puntos autorizados de venta, mientras que la estadounidense AT&T cuenta con alrededor de 10.000 distribuidores autorizados y Telefónica alrededor de 6.000. “Hay un universo de venta de chips”, dice Michel Hernández Tafoya, director general de Observatel, organismo especializado en telecomunicaciones. “Hoy hay ventas en tiendas de abarrotes y otros pequeños establecimientos en localidades donde no llegan las grandes compañías que no se tienen contabilizados”, indica Hernández.

Adicionalmente a la inversión que tengan que hacer las compañías telefónicas para capturar los datos biométricos de los más de 120 millones de usuarios en el país, el IFT tendría que hacer una inversión para resguardar los datos. “Se necesita contar con protocolos de seguridad para evitar que los datos sean filtrados o caigan en manos de ciberdelincuentes”, indica el presidente de la Amedi.

Pero el tiempo corre en contra de los usuarios. Aunque el martes el INAI aprobó por unanimidad presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, el IFT tiene seis meses para elaborar los lineamientos para echar a andar el padrón, más el tiempo que tarde el tribunal en debatir y dar una resolución. “Dependerá de la presión que hagan los usuarios y organismos protectores de derechos digitales para que se resuelva cuanto antes”, comenta Hernández Tafoya. EL PAÍS consultó a las tres principales compañías de telefonía en México, pero declinaron hacer comentarios al respecto.

Actualización: AT&T en México envío un posicionamiento a EL PAÍS sobre el Padrón Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones. “Hemos estado trabajando como industria con el Gobierno en algunas actividades para combatir las llamadas de extorsión y consideramos que hay otros mecanismos más efectivos y menos complejos de implementar para combatirlas, así como creemos que la tecnología brinda herramientas valiosas para hacerlo. En AT&T México somos sensibles al problema de extorsiones que enfrenta el país y estamos revisando las implicaciones de esta iniciativa”, mencionó la compañía.

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