El INAI impugnará ante el Supremo el padrón de datos biométricos para los teléfonos celulares

La creación de una gran base de datos con los datos biométricos de los mexicanos para poder tener acceso a una línea de telefonía móvil está en juego. El 27 de abril se hizo oficial la creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, con el cual se obliga a los mexicanos que cuenten con un teléfono celular, a entregar datos biométricos, como huellas dactilares, reconocimiento facial o de voz.

Este martes, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), aprobó por unanimidad presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Supremo mexicano para que se revierta la creación de este padrón, al considerar que es violatorio de los derechos humanos.

Las dudas sobre la efectividad de esta gran base de datos se hicieron presentes entre los magistrados de este organismo autónomo. “Lo que se pone en riesgo no es un tema menor, es la protección de datos personales de millones de personas en México, de tus datos, mis datos y de todos los que queremos y necesitamos contar con un teléfono celular”, ha expresado el comisionado Adrián Alcalá.

Uno de los argumentos del Poder Legislativo al aprobar la creación de este padrón, fue la existencia de un mercado negro de equipos celulares (robados, en su mayoría) que se utilizan para extorsionar y cometer otro tipo de delitos, como el secuestro. Según datos del Inegi, hasta 2018 se registraron 5,7 millones de delitos de extorsión, aunque de acuerdo con especialistas, el combate a este delito pone en riesgo su derecho a la privacidad. “Las llamadas de extorsión en el país, 95% vienen de los penales, por eso es mucho mejor restringir las telecomunicaciones en los penales y es menos riesgoso para los ciudadanos que un padrón”, explica a EL PAÍS el abogado especializado en telecomunicaciones, Salomón Padilla.

Hoy existen mecanismos para bloquear las llamadas de las cárceles en el país, sin embargo, los usuarios siguen siendo manipulados por criminales presos. “No hacen falta nuevas reformas, sino un Estado de Derecho que se aplique efectivamente, ya existen los mecanismos, pero si hay llamadas desde la cárcel, se explica únicamente por temas de corrupción”, indica Sergio Legorreta, abogado especialista del despacho de abogados Dentons López Velarde.

Una oleada de amparos en contra de la recolección de datos

Hasta este martes, los dos juzgados especializados en telecomunicaciones en la capital han recibido cerca de un centenar de amparos. De ellos, 28 han sido admitidos y 53 han sido desechados. Los motivos para desecharlos, de acuerdo con los argumentos del juez Rodrigo de la Peza, es que aún no se han solicitado los datos a los usuarios. “El juez considera que es una norma heteroaplicativa, que se aplica hasta que se requiere que se otorguen los datos, mientras que el otro lo considera autoaplicativa, es decir, que se aplica desde que se publica [en el Diario Oficial]”, dice Padilla.

Tanto usuarios como diversos despachos legales se han organizado para impedir que sus datos sean recabados por este padrón. Según los cambios a la ley, se tiene un plazo de dos años para que las empresas que proveen servicios de telefonía puedan recabar los datos personales de más de 126 millones de líneas móviles que actualmente se encuentran en uso en México.

Sin embargo, no todas las líneas registradas se usan de modo personal. Para Legorreta, la disposición publicada cuenta con vacíos que no han sido considerados. “¿Y qué pasa con las líneas que se usan para el uso de terminales punto de venta que cobran en los establecimientos o de los cajeros automáticos?”, cuestiona el abogado. “Hay muchos dispositivos conectados y que no queda claro si aplican para este padrón, lo que genera dudas y que podría devenir en varios amparos de grandes empresas”, comenta.

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