La oposición mexicana recurre la reforma eléctrica por “atentar” contra el medio ambiente y el libre mercado

Los partidos de la oposición han presentado este jueves un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma eléctrica impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que aún no ha entrado en vigor al quedar paralizada el mes pasado en los tribunales. La nueva ley, que desbarata el modelo anterior y beneficia a una empresa del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), frente a la iniciativa privada, recibió duras críticas por su impacto ambiental y económico y un juez la suspendió de forma indefinida al admitir las peticiones de amparo de dos particulares. Esa suspensión deja sin efectos la reforma durante el juicio, pero la oposición busca ir más allá y persigue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional el decreto que modifica la Ley de la industria Eléctrica.

Los legisladores de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano esgrimen cuatro argumentos en su recurso. En primer lugar, señalan, la reforma “atenta en contra de derechos humanos limitando el acceso de las personas a derechos a un medio ambiente sano, así como del Acuerdo de París y los instrumentos internacionales en materia de energía limpia y transición energética de los que México es parte”. Este es precisamente uno de los puntos más polémicos de la legislación promovida por López Obrador y aprobada por el Congreso. El nuevo sistema en la práctica impide que las centrales más eficientes, que por lo general coinciden con las plantas de renovables de compañías privadas, sean también las primeras en subir electricidad a la red. Eso sucede porque la CFE tendrá la prioridad del suministro. El presidente defiende este cambio asegurando que así la factura de luz será más barata al devolverle la hegemonía a una empresa paraestatal.

El segundo argumento de la acción de inconstitucionalidad es que la revisión “viola los principios básicos de legalidad, seguridad jurídica y el de no retroactividad de la ley”, al perjudicar a particulares que ya cuentan con concesiones. Además, continúa, “atenta en contra del libre mercado en un marco de plena competencia económica, así como los tratados internacionales” a los que México se adhiere.

Los sectores productivos y los analistas han señalado que la reforma perjudica seriamente la inversión nacional y extranjera y es, además, una pésima señal para las empresas en busca de nuevos mercados. La Secretaría de Economía del Gobierno mexicano calcula que en la última década la inversión extranjera “por concepto de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica” aportó más de 17.500 millones de dólares. Y, por ejemplo, a Cámara de Comercio de Estados Unidos advirtió de que la iniciativa de López Obrador incumple el tratado de comercio entre los dos países y Canadá, el T-MEC.

Por último el recurso, avalado también por parte del Partido Verde y un senador de Morena, el partido de Gobierno, mantiene que la reforma “socava la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace)” y “se contrapone al espíritu de lo establecido en la reforma constitucional de 2013 en materia de energía y electricidad”. “Por todo lo anterior, las y los legisladores de diversas fuerzas políticas anunciaron su compromiso con los derechos humanos; con un medio ambiente sano; el principio de legalidad; la libre competencia; y la generación de energías renovables y limpias”, mantienen los senadores de estas cuatro formaciones.

López Obrador, que ha hecho de esta ley un instrumento para reivindicar el principio de soberanía energética y ha promovido otra similar que afecta al sector petrolero, ha adelantado que está dispuesto a promover una reforma constitucional para que dar salida a su plan. El mandatario, además, no solo rechazó la paralización dictada por un tribunal administrativo, sino que pidió la investigación del juez que tomó esa decisión, Juan Pablo Gómez Fierro, y desafió abiertamente al Poder Judicial. A mediados de marzo envió una carta al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, para solicitar que le abriera una carpeta sobre actuación en este caso. El ministro de la Corte le contestó informándole de que su queja había sido remitida al área correspondiente, pero al mismo tiempo pidiendo “pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional”. Así comenzó un pulso que el presidente mexicano prometió repetir “en todos los casos” que considere oportunos y que pretendía demostrar los vínculos de la justicia con las anteriores administraciones. Ahora, la pelota ha quedado en el tejado de la Suprema Corte.

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