Familiares de desaparecidos rechazan el sistema de fiscalización con facturas que sustituye a los fideicomisos

El sistema para sustituir los mecanismos de los fideicomisos que el Congreso mexicano suspendió hace seis meses ha arrancado con obstáculos. Una de las medidas más polémicas de la política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrado ha sido el reemplazo de estos fondos públicos por un procedimiento más directo para evitar desvíos corruptos. Sin embargo, los familiares de personas desaparecidas en México que recibían la ayuda para alimentación, renta y salud de los afectados denuncian que deben justificar con facturas a Hacienda sus gastos, cuando la mayoría viven en la informalidad, sin contrato de alquiler y se abastecen de mercados que no emiten cuentas. Además, la emisión de facturas ralentiza la llegada del dinero. “Hay familias que no saben escribir, hay otras que viven en serranías o ejidos y tendrían que trasladarse hasta una tienda de conveniencia para poder hacer sus facturas. Otras viven en Estados donde la delincuencia esta al acecho y al ver que piden facturas les intimidaran”, denuncian en un comunicado las víctimas indirectas de los desaparecidos.

Hace un año que el presidente planteó la medida de retirar 109 fideicomisos. La estrategia era sustituirlos por un sistema más directo, sin tantos intermediarios, para garantizar que el dinero llegara a los destinatarios y cortar una fuente de opacidad y corrupción. Unos 68.000 millones de pesos (más de 3.000 millones de dólares) estaban destinados a estas ayudas que incluyen fondos para cine, ciencia y ayuda humanitaria, entre otros. López Obrador insistió en que el dinero seguiría llegando a los proyectos: “Vamos a hacer una revisión para que se pueda saber a ciencia cierta si esas personas son las que deben de recibir ese apoyo”. Sin embargo, los nuevos mecanismos en la distribución de fondos se han topado con el muro de la informalidad en el que vive el país.

Gemma Antuez Flores gestiona las ayudas de 54 familias a las que ayuda a acostumbrarse al nuevo mecanismo. Les asiste al hacer sus facturas y recibir los fondos para manutención para las víctimas indirectas que dependían económicamente de un padre, una madre o un hermano desaparecido. “En febrero nos dijeron que teníamos que empezar facturar ante Hacienda los gastos de renta y alimentación, pero nos suben el alquiler si pedimos justificante”, relata Flores. “Algunos viven en comunidades, no saben leer ni escribir menos van a saber facturar”, añade y explica que en muchos municipios de Guerrero se manejan con dinero en efectivo y sin justificantes, como es en las tiendas de alimentos locales.

En México, la tercera economía de América, más de 30 millones de personas trabajan en el sector informal, lo que impacta en el desempeño económico del país. Vivir al día de cobros de cuartos en comunidades, vendiendo tamales en la calle o como empleado sin contrato es una realidad extendida en todo el país y especialmente en las comunidades aisladas.

Flores vive en Chilpancingo, en Guerrero, uno de los Estados con más personas desaparecidas, fosas comunes y cuerpos exhumados. Lleva nueve años buscando a su hijo desaparecido y con el colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera sale a averiguar dónde está. Con los fideicomisos podía pagar los traslados hasta los lugares de búsqueda, la seguridad que necesitan mientras escarban en la tierra, una escasa manutención para los huérfanos y hasta los picos y palas con las que excavan la tierra en búsqueda de cadáveres. En octubre se manifestó junto a varios colectivos para que no se retiraran los fideicomisos, pero fue en vano. Ahora, con el nuevo sistema, exige que el Gobierno y la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) que detenga las exigencias de facturación. “Nosotros siempre firmamos papeles y los funcionarios son los que manejan el dinero, para colmo el apoyo no llega en tiempo y forma, ¿cómo podemos facturar fuera de fecha?”, denuncian las víctimas indirectas en el documento dirigido al presidente y a la CEAV. El viernes acudirán a manifestarse para exigir el compromiso de las autoridades en facilitar la obtención de las ayudas.

Por su lado, López Obrador ha dedicado parte de su rueda de prensa matutina a informar de los avances en el plan de búsqueda de desaparecidos, a la que se ha referido como “una herencia muy dolorosa” de las políticas de Gobiernos anteriores por declarar la guerra contra el crimen organizado. El número de reportes de personas desaparecidas o no localizadas desde 2006 al día de hoy supera las 85.000. Los Estados que concentran el mayor número de personas desaparecidas son Jalisco, Michoacán, la Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y el Estado de México. En conjunto concentran el 76,2% de los reportes.

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