Desmantelada una enorme planta dedicada al robo de combustible en medio de un barrio de Ecatepec

Las fuerzas federales han desmantelado un enorme centro de robo de combustible en Ecatepec (Estado de México) que ocupa miles de metros cuadrados dentro de la misma ciudad, una de las más populosas del país. Cientos de bidones de 1.000 litros cada uno se apilaban en dos predios junto a la maquinaria de perforación de ductos, mangueras y tomas clandestinas. Era una verdadera empresa de huachicoleo, como se denomina a esta actividad delictiva, que operaba “en dimensiones industriales”, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Las autoridades suponen que llevaban años con este negocio, lo que habla de la impunidad en la que se mueven estos delincuentes. La ofensiva del Gobierno contra esta práctica ha permitido reducir en estos años de mandato el robo de combustible en un 95%.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) fue quien dio la voz de alarma el pasado lunes, cuando descubrió niveles de “alta explosividad” que afectaban a la infraestructura hidráulica, tras una fuga en las captaciones del Túnel Emisor Oriente entre Tuxpan y Azcapotzalco. Los niveles no suponen un riesgo para la población, según la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, que reportó tres llamadas de emergencia de ciudadanos recibidas tras un fuerte olor a gasolina. Durante un tiempo quedó suspendido el riego, que ya se ha reanudado para 16.000 hectáreas de cultivo en el Estado de Hidalgo. En el dispositivo de control y desmantelamiento de la planta ilegal han trabajado la Conagua, Pemex, las secretarias de Seguridad, Defensa y Marina, Protección Pública y fuerzas estatales y municipales.

El robo de hidrocarburos ha disminuido en México de 4.600 barriles diarios de promedio a 3.000 lo que ha evitado pérdidas de 137.000 millones de pesos desde diciembre de 2018, ha indicado el Gobierno. Esta actividad está muy ligada a los carteles, algunos de los cuales han levantado su emporio gracias al robo de combustible, como el caso del de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, cuyo líder, José Antonio Yepes, el Marro, fue detenido a primeros de agosto del año pasado. Pero la práctica ilícita se extiende por amplias zonas del país. Los delincuentes pinchan los ductos y chupan el hidrocarburo, que luego venden a otros precios a las gasolineras, una actividad que ha sido perseguida por Hacienda, estrangulando por la vía fiscal este negocio clandestino. En esta ocasión también se ha abierto una investigación judicial, pero aún no hay detenidos, a pesar de que la actividad llevaba años y se desarrollaba en medio de uno de los barrios de la ciudad. Las autoridades han pedido la colaboración de la ciudadanía para seguir desactivando negocios como este.

Decenas de efectivos militares, patrullas de la Guardia Nacional y drones han constituido el operativo que ha ofrecido protección en las tareas de búsqueda y reparación de la fuga así como colaboración para el control y tránsito en la zona. “Continuamos en ese lugar, proporcionando seguridad a los trabajos que sigue realizando Pemex y acordonando el área para que no se exponga a la población y que no ingresen a la zona de riesgo”, ha dicho el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.

El huachicoleo en México ha originado en ocasiones tragedias de dimensiones considerables al estallar en fuego algunos de los ductos pinchados para la extracción hasta donde se acercaba la población para llevarse el combustible en cubetas. En enero de 2019, una explosión en una toma clandestina en el Estado de Hidalgo acabó con la vida de 85 personas y dejó decenas de heridos. El presidente del Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, prometió entonces duplicar los esfuerzos para combatir esa práctica. “Vamos a erradicar esto, que no solo daña materialmente, sino que pone en peligro las vidas humanas”, ha dicho el mandatario.

La secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, considera que el mercado negro del combustible disminuirá aún más con el desmantelamiento de estas instalaciones ilegales, aunque por el momento no ha habido detenciones ni se ha relacionado la actividad con nombres concretos del crimen organizado. Se está a la espera de más órdenes judiciales para proseguir la investigación.

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