La Fiscalía pide retirar el fuero al gobernador de Tamaulipas por delincuencia organizada

Golpe de efecto sobre el tablero político mexicano. La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado este martes a la Cámara de Diputados retirarle el fuero, la inmunidad parlamentaria, al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del conservador Partido Acción Nacional (PAN) e integrante de la Alianza Federalista, que aglutina a mandatarios de la oposición. La información ha sido confirmada por Ignacio Mier, el diputado que coordina la bancada de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cámara baja. El legislador, quien tiene la llave de la mayoría en el Congreso de los Diputados, recibió este martes la petición del ministerio público, que asegura tener elementos suficientes para acusar a Cabeza de Vaca de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada, todos estos crímenes graves. La dirigencia del PAN ha considerado que la petición de la Fiscalía tiene “un claro tinte político electoral” rumbo a los comicios del 6 de junio.

La petición para retirar el fuero a Cabeza de Vaca proviene de los agentes de la unidad encargada de investigar operaciones con dinero ilícito o falsificado, que se encuentra adscrita a la Fiscalía general. La solicitud será ratificada por los diputados al mediodía del jueves 25 de febrero. El pedido se originó, según versiones al interior del grupo parlamentario de Morena, en una denuncia presentada por Alejandro Rojas Díaz Durán, el senador suplente de Ricardo Monreal, el líder de la bancada de Morena en el Senado. El político acusó al gobernador el 29 de junio de 2020 de “enriquecimiento ilícito, vínculos con la delincuencia organizada; lavado de dinero; evasión fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros”, según confirma Rojas a este diario. García Cabeza de Vaca llegó al poder tras ganar las elecciones locales de 2016, unos comicios donde el PRI perdió el poder en el Estado norteño por primera vez en más de 80 años.

La querella presentada por Rojas Díaz Durán, documentada principalmente con notas periodísticas, llevó a la Unidad de Inteligencia Financiera, comandada por el zar anticorrupción del Gobierno, Santiago Nieto, a recabar información independiente sobre una supuesta fortuna valorada en 951 millones de pesos (46 millones de dólares). Este grupo de la Secretaría de Hacienda considera que entre abril y diciembre de 2019 se hicieron transferencias por 42 millones de pesos, dos millones de dólares, desde una empresa fantasma a cuentas bancarias vinculadas a Cabeza de Vaca. Esta sociedad habría recibido a su vez recursos sospechosos provenientes de Estados Unidos.

Cabeza de Vaca ha rechazado las acusaciones en Twitter. “Morena filtra una supuesta acusación en mi contra”, escribió el mandatario local. “De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política”, añadió el político, quien esperará a ser notificado por las autoridades para fijar su postura. “Nunca he violado la ley”, agregó. Su partido, el PAN, también criticó la solicitud de desafuero. “Lamentamos profundamente que manipulen la Fiscalía para ganar lo que no pueden ganar en las urnas”, ha señalado la organización en un comunicado.

La mañana del miércoles, Alejandro Gertz, el fiscal general, fue cuestionado sobre el contenido de la investigación. “Desde este momento ese expediente está en manos del Congreso de la Unión... tenemos que respetar su autonomía y no empezar a hacer tareas litigiosas en un asunto tan delicado”, ha dicho el funcionario en la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador en Palacio Nacional. El gobernador García Cabeza de Vaca ha anunciado que viajará este miércoles a Ciudad de México para conocer la acusación en su contra, hoy en manos de los diputados, que deberán de llamar a una comisión instructora para iniciar el proceso. El mandatario del PAN ha dicho en un evento que la Fiscalía no tuvo la “mínima decencia” de llamarlo a comparecer hace un año, cuando comenzaron las pesquisas. El tiempo es ahora, en plenos tiempos electorales. “Qué casualidad”, ha expresado.

El gobernador de Tamaulipas suma una nueva polémica en su contra. En agosto del año pasado, Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), investigado por la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, lo acusó de recibir dinero a cambio de aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto en el Senado. Cabeza de Vaca fue legislador por el PAN entre septiembre de 2012 y febrero de 2016, cuando dejó su escaño para buscar la candidatura a gobernador. Las declaraciones del exejecutivo petrolero involucraron también en supuestas corruptelas a sus compañeros de bancada Ernesto Cordero, Francisco Domínguez, hoy gobernador del Estado de Querétaro; Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega Casillas. El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, también fue señalado.

Cabeza de Vaca es un empresario de doble nacionalidad que saltó a la política en el año 2000. Entre sus primeros negocios se encontraba una fábrica de dulces populares, conocidos como chamoyadas. El negocio creció y junto a sus hermanos, uno de ellos es hoy senador de la república por el PAN en Tamaulipas, fundó una compañía contratista del Gobierno que ha realizado obras para Pemex y la Comisión Nacional del Agua. Entre 2005 y 2007 fue alcalde de Reynosa, una de las ciudades más importantes de Tamaulipas. Durante la campaña electoral de 2016, sus adversarios y algunos medios de comunicación lo acusaron de tener vínculos con los cárteles del narcotráfico, un señalamiento que suele salir a flote cada vez que el político aspira a un nuevo cargo público. En ese entonces, el candidato entregaba a los periodistas documentación que probaba que no tenía antecedentes penales en Estados Unidos ni investigaciones abiertas en la entonces Procuraduría general. Será la Fiscalía de López Obrador quien deba demostrar el esquema de lavado de dinero que mancha nuevamente la reputación del político.

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