'Caso Lydia Cacho'

Un juez ordena prisión para Mario Marín por las torturas a la periodista Lydia Cacho

El exgobernador de Puebla será el primer alto cargo juzgado en México por un delito de tortura

Mario Marín Torres, durante su último informe de labores como gobernador de Puebla, en el Enero de 2011.
Mario Marín Torres, durante su último informe de labores como gobernador de Puebla, en el Enero de 2011.Francisco Guasco / Cuartoscuro

Un juez ha dictado formal prisión al exgobernador de Puebla Mario Marín, acusado de ordenar las torturas y la detención ilegal de la periodista Lydia Cacho en 2005. Marín fue arrestado el 3 de febrero en Acapulco (Guerrero) y después fue trasladado a una prisión en Cancún (Quintana Roo). El exgobernador había pedido al juez la detención domiciliaria, sin embargo le fue negada, por lo que tendrá que enfrentar desde la cárcel el proceso judicial en su contra. Este será el primer caso de un alto cargo del Gobierno que sea llevado ante los tribunales por un delito de tortura para impedir la libertad de expresión de un periodista.

Cacho había denunciado en su libro Los demonios del edén una red de explotación sexual infantil en la que mencionaba a los empresarios Jean Succar Kuri y Kamel Nacif como responsables. La periodista fue arrestada y torturada por la Fiscalía de Puebla acusada de difamación, en una acción ordenada por el entonces gobernador. La participación de Marín fue descubierta por la publicación de una grabación en 2006 en la que el exgobernador le garantizaba impunidad a Nacif. En esa llamada el empresario le llamaba ‘góber precioso’ por lo que el político fue conocido con ese mote desde entonces. El entonces gobernador se comprometía en la conversación a “darle sus coscorrones” a la periodista por incomodar al empresario.

La periodista fue trasladada desde Quintana Roo hasta Puebla en un trayecto por carretera de 20 horas, en el que fue torturada y amenaza de muerte por los agentes judiciales. La justicia también ha emprendido la búsqueda de quienes participaron en la detención de Cacho, incluido el exjefe de Policía Judicial de Puebla Adolfo Karam. Tras conocerse el caso Lydia Cacho, el exgobernador permaneció impune por más de una década y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó comenzar un juicio en su contra mientras seguía al frente del Gobierno de Puebla. En 2019, Naciones Unidas exigió al Gobierno mexicano comenzar los proceso judiciales contra los responsables de las torturas hacia Cacho.

“La justicia no será plena hasta que sea condenado y junto con él, todos los responsables hayan sido llevados ante la justicia y castigados”, ha señalado la organización Article 19, tras la decisión del juez. Cacho ha vivido los últimos 15 años escapando de las amenazas de muerte contra ella, incluso se ha refugiado en varias ocasiones en el extranjero. Actualmente vive en España, donde recibió la noticia de la detención de Marín. “Esta no es una guerra personal contra un puñado de poderosos criminales, es una batalla de la sociedad mexicana contra la explotación sexual comercial infantil, el blanqueo de capitales y los ataques contra la prensa”, escribió en este diario tras el arresto del político.

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