tribuna
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Justicia desde el exilio

La periodista y escritora Lydia Cacho cuenta cómo vivió la detención del exgobernador Mario Marín y las implicaciones que tiene para ella

El exgobernador Mario Marín en Ixtapán de la Sal, en 2006.
El exgobernador Mario Marín en Ixtapán de la Sal, en 2006.Redes Sociales

Escribo este texto desde España, donde me encuentro protegida en desplazamiento forzado por la violencia de la delincuencia organizada de mi país en mi contra. Hubiera querido estar en el hogar que me construí en Quintana Roo (México) desde hace casi dos décadas, pero de allí me vi obligada a huir tres meses después de que girara la orden de aprehensión internacional en contra de tres hombres de poder: el exgobernador de Puebla Mario Marín, el multimillonario Kamel Nacif Borge y el exjefe de la policía de Puebla Adolfo Karam Beltrán.

El primero ordenó a toda la maquinaria judicial y policiaca de su Estado que yo fuese detenida arbitrariamente para ser torturada, y si fuera necesario, según lo policías, asesinada, para proteger a la red de pederastia, trata y pornografía infantil a la que pertenece el empresario Nacif; el tercero orquestó con obediencia. Mi detención, encarcelamiento y subsecuente persecución judicial respondía a un claro pacto de impunidad construido por Nacif, quien invirtió recursos privados en la campaña de Marín y le cobró esa inversión con la finalidad de silenciar mi trabajo periodístico que revela la red de compra venta y violación de niñas de entre cuatro y 13 años, el lavado de dinero sucio de diferentes orígenes y los negocios opacos entre políticos y empresarios consumidores de sexo con niñas esclavas.

No lograron silenciarme, pues aquí estoy escribiendo nuevamente, no sin un enorme costo personal que pocas veces evidencio al hablar del caso.

Eran las 10.39 de la noche del 3 de febrero cuando estaba hablando con mi agente literaria respecto a mi nuevo libro. Casualmente había encendido mi celular mexicano, que utilizo muy poco; entró la llamada del fiscal y mi agente me instó a responder: No, dije con hartazgo, seguro me dirán que tenían de nuevo cercado a Marín y se les escapó otra vez. Responde, insistió Andrea, y contesté aun con ella en mi otra línea en altavoz. Al otro lado del teléfono estaba la voz entrecortada y agitada del fiscal especial de delitos contra periodistas, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo. Lydia, dijo, acabamos de detener a Mario Marín en una zona complicada de Acapulco, mi equipo acaba de tirar la puerta de una casucha para entrar… ya lo tenemos.

Felicidades, fue mi respuesta inicial mientras sonreía con una sorprendente tranquilidad, sentada sola en un pequeño departamento que rento en Madrid. Lo llevaremos a la cárcel de Cancún en un par de horas para presentarlo ante el juez, aseveró el fiscal. Muy bien, respondí. Entonces el fiscal me pidió que le diera unos minutos antes de anunciar el arresto. Mi respuesta fue inmediata: no se preocupe Ricardo, anúncienlo ustedes, yo lo retuiteo. ¿De verdad?, preguntó casi incrédulo y casi puedo apostar que feliz. Gracias, respondí, buen trabajo. Colgamos. Andrea me dijo que hiciera lo propio, ya hablaríamos más tarde.

Me levanté y fui hacia la puerta blindada que tiene doble cerrojo, revisé que estuviese cerrada, cerré las puertas de los dos balcones como si tuviese que acorazarme una vez más. Al pasar por la cocina de nuevo, el espejo que cubre una pared me devolvió mi propia imagen en jeans, descalza, con un sweater blanco y una sonrisa inmensa, casi aniñada. Sola, sin nadie a quien pedirle un abrazo, a quien decirle mirándole a los ojos lo que tenía en mente: uno menos, nos faltan otros, pero al fin cayó.

Caminé a la sala y apagué mi teléfono mexicano, no quería que me llamara nadie, no estaba lista para el torbellino mediático. Le marqué al director de Artículo 19, la organización de defensa de libertad de expresión que desde hace años lleva mi caso, quienes se han jugado mucho durante años por defenderme. Si yo tuviese que pagar mi defensa legal como hice durante años, no podría alimentarme ni pagar renta, ni siquiera podría pagarme un teléfono celular. Llamé a mi hermana y envié un mensaje a mi familia para avisarles que estaba bien, que habían arrestado al gobernador que ordenó mi tortura y que apagaría mis teléfonos porque no estaba lista para hablar. Mi familia, como siempre amorosa, comprensiva y solidaria, me felicitó tan ecuánime como yo misma estaba y me dijo que descansara.

15 años, dije haciendo cuentas en voz alta a solas, lo logramos, carajo. Volví a marcarle a mi agente y hablamos brevemente sobre ello, ella exultante, yo tranquila le dije que no quería extenderme sobre el tema. Sabía que era apenas el principio del tercer round contra las mafias de tratantes de niñas protegidos por el sistema político.

El Gobierno mexicano acaba de liberar al general Salvador Cienfuegos, vinculado con pruebas irrefutables a la delincuencia organizada. También negociaron con el exdirector de Pemex arrestado en España protegido por la mafia rusa. No es tiempo de cantar victoria, comienzan a moverse los más poderosos para proteger sus intereses y los del gobernador, yo no soy nadie en su esquema, solo una incómoda reportera a la que subestimaron siempre. Ellos confían en sus alianzas con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, siempre fiel a los intereses del PRI y de quienes la llevaron a la Suprema Corte de la Nación hace años.

“Esta no es una guerra personal contra un puñado de poderosos criminales, es una batalla de la sociedad mexicana contra la explotación sexual comercial infantil, el blanqueo de capitales y los ataques contra la prensa”, escribí en mi libreta roja.

Apagué mis teléfonos sin ver los mensajes de algunas de las sobrevivientes de esa red que confiaron en mí. Los vi al día siguiente. Casi con la misma parsimonia con que yo actué, ellas celebraron la detención en espera de un juicio que sabemos que podrá durar entre dos meses y dos años, dependiendo de cuánto decida alargarlo el equipo legal del exgobernador a fin de halar los hilos del poder en turno para negociar su libertad.

Este será el primer juicio de un gobernador llevado a prisión por una mujer, por una periodista que ha sobrevivido de todo durante 15 años. Lo soporté gracias al apoyo inconmensurable de colegas periodistas y de una sociedad que salió a las calles para exigir justicia para las niñas víctimas y para quien documentó su historia. En silencio escribo en mi libreta cuántas primeras veces hemos logrado con este caso: la creación de la primera ley contra la pornografía infantil vinculada con la trata de menores de edad; la primera sentencia de 112 años por explotación sexual infantil; la primera vez que ministros de la Suprema Corte publican un libro para denunciar la corrupción dentro de esa magna institución; la primera sentencia de un policía torturador de periodistas; la primera orden de aprehensión internacional, surgida a partir de investigaciones periodísticas contra un empresario vinculado con múltiples delitos.

Desde hace diecisiete meses que salí de México para resguardad mi vida anhelaba el día del arresto del gobernador, no por sed de venganza, más bien por la clara conciencia de que el país necesita la certeza de que la justicia puede tocar a las redes políticas de trata de personas que tantas infancias ha robado en México. Es una sed de justicia compartida que millones de personas deseamos saciar con la certeza incontrovertible de un juicio transparente que nos recuerde que vale la pena denunciar los crímenes contra los derechos humanos y el intento de silenciar a quienes los denunciamos. Es una sed por abrevar de la no repetición de la compraventa de niñas y niños, del asesinato, violación y tortura de periodistas.

Al día siguiente hablo con el experto de prófugos internacionales de Interpol, discutimos la noticia. Señora Cacho, le queda claro que no podrá volver a su país ¿verdad?, me dice con voz ronca intentando suavizar la pregunta. Sí, respondo sin más, suspirando en el exilio. Recuerde que no está sola, asegura intuyendo mi aislamiento emocional.

Vamos tranquilamente a este tercer asalto. Ha sonado la campana y en silencio nos preparamos para subir nuevamente al ring de la pelea por la verdad contra un sistema que protege la mentira. Intuyo que ganaremos, no sin complicaciones, nadie dijo que es fácil defender los derechos humanos contra un sistema construido sobre sus flagrantes violaciones. Apago la luz, duermo tranquilamente en el pequeño departamento protegido mientras el gobernador lo hace en una prisión igual a aquella en que me mandó encerrar y violar. En la oscuridad cada uno reflexionará sobre su vida. Tengo claro que esa batalla de la paz interior la gané yo hace tiempo.

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