López Obrador carga contra los organismos autónomos y prepara una reforma para eliminarlos
El presidente argumenta que las instituciones de transparencia y regulación son costosas y dan pocos resultados


Andrés Manuel López Obrador no quita la mira de los organismos autónomos. El presidente mexicano ha anunciado que prepara una reforma para eliminar y modificar a algunas de las instituciones de transparencia y regulación gubernamental. El político argumenta que sostener a estos organismos es costoso y que sus resultados son escasos, por lo que su propuesta es que al ser eliminados, las secretarias del Gobierno asuman sus tareas. Aún no está claro cuáles de estas instituciones estarían afectadas, aunque el mandatario ya ha puesto la diana en el Instituto Nacional de Transparencia (Inai), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
“Se crearon para aparentar de que iba a haber transparencia, de que se iba a combatir la corrupción, de que ya no iba a haber monopolio, cuando lo que han hecho es servir de cortinas de humo para que se cometan ilícitos y haya ocultamiento de información. Son como tapaderas, son organismos alcahuetes que justifican todo”, ha dicho este viernes en su conferencia matutina. La propuesta no es nueva: en febrero de 2019, el presidente expresó unos argumentos similares y entonces se manifestó en favor de una “purificación” de los organismos autónomos. Ante la presión pública en contra de la reforma, el Gobierno dejó el tema a reposar.
Esta vez, el político ha resumido su visión en una frase: “no sirven, no benefician al pueblo, pero sí cuestan mucho mantenerlos”. López Obrador ha insistido en que su plan incluye distribuir las tareas de esas instituciones entre las secretarías, recortar el gasto y reubicar a los trabajadores de los organismos autónomos. El mandatario defiende que su propuesta es diseñar una “estructura administrativa ajustada a la realidad”. Al ser cuestionado sobre la dificultad que algunos ciudadanos enfrentan para obtener información de parte del Gobierno y la utilidad de las instituciones de transparencia, el presidente aseguró que la Administración no debería demorar más de 72 horas en entregar los resultados de la búsqueda.
La creación de los organismos autónomos en México comenzó en la década de los 90 y ha seguido en los últimos 30 años como resultado de la presión social ante la desconfianza generalizada al Gobierno. Su mandato en la Constitución les obliga a evaluar los temas a su cargo sin que el Gobierno interfiera en sus tareas, aunque son financiados por los presupuestos estatales. Sus decisiones han llevado en las últimas dos décadas a exhibir casos de corrupción y también a regular sectores –como las telecomunicaciones y la energía– que permanecieron opacos durante mucho tiempo. López Obrador ha comentado que su iniciativa llegará al Congreso una vez que su equipo defina cuáles serán los organismos afectados y las leyes que deberán ser cambiadas.
Las críticas a las intenciones del presidente han llegado nuevamente desde la iniciativa privada y las organizaciones civiles. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) – la patronal más importante del país– ha apuntado a que la eliminación de las instituciones independientes favorecen a la concentración del poder en la Administración de López Obrador. “Generan incertidumbre los proyectos para debilitar o eliminar a los organismos autónomos, que han sido pilares de la democracia reciente. La concentración del poder, la eliminación de controles y del conocimiento técnico especializado no contribuirán nunca a alcanzar resultados positivos en ninguna de las áreas reguladas actualmente de forma autónoma”, señalaron los empresarios en un comunicado.
Por su parte, la organización Article 19 ha asegurado que estas instituciones son “contrapesos al poder frente a las arbitrariedades de las instituciones gubernamentales” y que su eliminación podría impedir el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. ”Estos organismos que son y han sido herramientas ciudadanas para ejercer derechos clave como la libertad de expresión y el derecho a la información, los cuales permiten el ejercicio de otros derechos, son razón por la cual resulta fundamental garantizar su existencia e independencia”, argumentan desde la organización.
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