México busca que Estados Unidos extradite a traficantes de armas

México busca pedir la extradición de los traficantes de armas desde Estados Unidos. Los planes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se conocen tan solo una semana después de que el país aprobara la reforma de la ley de seguridad, que contempla un férreo control de los agentes extranjeros —que afecta directamente a las operaciones en su territorio de la DEA, FBI o ICE (oficina estadounidense de migración y aduanas)— y tensará la relación de histórica cooperación con su vecino del norte.

Si los narcotraficantes mexicanos son los responsables de enviar a Estados Unidos toneladas de droga con las que miles de estadounidenses mueren por sobredosis (especialmente por el fentanilo), los que les proporcionan la artillería pesada, fundamentalmente fabricada y enviada desde Estados Unidos, son también responsables de los fallecidos en México —más de 100 asesinatos al día—, concluye el Gobierno de López Obrador.

La medida supone una ruptura de la cooperación clásica entre ambos Gobiernos, centrada desde hace más de una década en capturar a los capos de la droga mexicanos, no a los traficantes de armas, y en la que los criminales eran extraditados de México hacia Estados Unidos, no en sentido contrario. Esta estrategia llevó al país hacia una guerra contra el narcotráfico, emprendida por Felipe Calderón en 2006, que ha sembrado decenas de miles de cadáveres por todo el territorio nacional, además de soportar la insostenible cifra de más de 70.000 desaparecidos.

En México circulan más de 15 millones de armas ilegales, según un reciente informe elaborado por la Secretaría de Seguridad. Es decir, la cantidad de arsenal que se mueve en territorio mexicano es suficiente para armar a uno de cada ocho habitantes, en un país donde además está prohibido portar armas sin un permiso específico. De ellas, el 70% proviene de Estados Unidos, detalla el informe. Y casi todas, el 85%, se usan para cometer el 60% de los homicidios que se producen en el país. “Junto con la trata de personas y el tráfico de drogas, el tráfico ilícito de armas representa una de las actividades con mayor movimiento de capitales en el mundo”, reza el texto firmado por el extitular de Seguridad, Alfonso Durazo.

Además de las rutas propias del crimen organizado, por las que también se introducen armas procedentes de Estados Unidos, el Gobierno mexicano ha detectado un peligroso tráfico hormiga aunado al trasiego de unas 25.000 personas diarias en sus cruces fronterizos. Una parte “ingresa armas o sus piezas y municiones ocultas en bolsas, juguetes, vehículos o en envíos de mensajería, y a cambio reciben de las organizaciones criminales desde 100 dólares por un paquete de 50 balas, hasta 2.000 dólares por un rifle automático”, se lee en el informe. “Es fundamental tener un registro de los traficantes de armas de fuego para seguirlos, detenerlos y llegar a las fuentes donde se obtienen las armas”, resume Durazo.

Detrás de esta propuesta se esconde una medida más inmediata, la de extraditar a los responsables estadounidenses de traficar hacia México. La Secretaría de Exteriores, responsable de la iniciativa, se ha negado a proporcionar más información a este diario. Pero en un artículo publicado por el periódico Milenio, que cita fuentes de ese ministerio, se recogen algunos casos que involucran a traficantes de armas que el Gobierno mexicano tiene en la mira.

Entre ellos se encuentran algunos de los acusados por el escándalo del fiasco del operativo Rápido y furioso que hizo evidentes las grietas de la estrategia contra el tráfico de armas de ambos países. Esta operación clandestina, emprendida por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF) —con el permiso del Gobierno de Obama, pero sin avisar al Congreso—, permitió la entrada de más de 2.500 armas ilegales entre 2009 y 2011 en territorio mexicano. El objetivo era rastrear a través de ellas a los grandes capos y traficantes de droga de México. La huella de las armas se perdió y la estrategia falló. Ni Estados Unidos ni México supieron el destino de la munición y tampoco hallaron a esos capos. Hasta que una de ellas acabó con la vida en febrero de 2011 del agente estadounidense de la oficina de migración y aduanas (ICE) Jaime Zapata, en una carretera de San Luis Potosí, en el centro de México.

Además de los acusados por ese operativo, hay otros criminales que plantea solicitar el Gobierno mexicano cuyos arsenales han terminado en las manos de cárteles sanguinarios como Los Zetas. Es el caso de Daniel Francisco Cruz Morones, declarado culpable por ese delito por una corte en San Diego (California) en 2012 y liberado cuatro años después, informa Milenio.

No es, sin embargo, la primera vez que México busca que EE UU extradite a sus criminales. Tras la matanza racista de agosto del año pasado en un supermercado en El Paso (Texas), donde murieron 22 personas, la mayoría de origen hispano y ocho de ellos mexicanos, el Gobierno de López Obrador planteó una medida similar sin éxito. En su momento, el canciller Marcelo Ebrard lanzó duras acusaciones contra un atentado que consideró “un acto de terrorismo en contra de mexicanos” y prometió avances en la materia. El presunto asesino, Patrick Crusius, de 22 años, sigue su proceso legal en Texas.

La propuesta plantea el reto de recuperar la confianza mutua entre ambos países, dañada recientemente tras la medida para controlar las operaciones de los agentes estadounidenses en territorio mexicano. La versión de Estados Unidos sobre México es que en este país la corrupción se ha infiltrado a todos los niveles de Gobierno. Las extradiciones de capos como Joaquín El Chapo Guzmán, después de haberse fugado dos veces de los penales mexicanos, sirvieron de ejemplo de que la justicia real se encontraba del otro lado de la frontera.

Ahora, la Administración de López Obrador da un paso más y pide que sea en México donde se procese también a los criminales estadounidenses. Un desafío importante para un país que soporta una cifra de impunidad de más del 90% de los casos y donde de 233 criminales etiquetados como los más buscados durante la guerra contra el narco, solo 13 han recibido una sentencia condenatoria, según desveló la ONG Mexicanos contra la Corrupción a partir de datos oficiales de la Fiscalía.