El jefe de Gabinete de López Obrador pide “no abrir más frentes” con las empresas energéticas

El jefe de la oficina de Presidencia, Alfonso Romo, ha tratado este miércoles de calmar las aguas entre el Gobierno de López Obrador y el sector energético privado. Una semana después de que Iberdrola anunciara que no iba a invertir más en México y de que el presidente respondiera acusando a la empresa española de haberse beneficiado de “jugosos contratos” en sexenios anteriores, Romo ha intervenido para poner perspectiva y acercar posturas. “No es aconsejable abrir más frentes de batalla, con el virus y la parálisis económica es más que suficiente”, ha dicho en la inauguración de la Reunión Anual de Industriales.

Romo no se ha salido de la línea marcada por el Ejecutivo y ha repetido que los objetivos de López Obrador siguen siendo reforzar las paraestatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no subir los precios al consumidor y fortalecer la soberanía energética del país. Sin embargo, también ha dado un paso hacia la reconciliación: “Ustedes tienen muy claro cómo fortalecer esa política con inversiones complementarias y necesarias", ha dicho a los industriales. "Los objetivos coinciden, pero algo está sucediendo que no nos estamos comunicando bien o no nos estamos escuchando bien. Esto no lo podemos permitir. Lo que está en juego es mucho, el bienestar de muchos y un gran futuro”, ha reconocido.

Un ejemplo de esta unidad es el documento conjunto en el que están trabajando el equipo de la oficina de Presidencia, liderada por Romo, y los empresarios para fortalecer la política energética, tener “un sector productivo más competitivo, un país más atractivo [para las inversiones] y consumidores con precios de energía al alcance de cualquier bolsillo”.

El pasado miércoles, el presidente de Iberdrola, el mayor productor privado de energía en México, anunció que descartaban nuevas inversiones en el país por los obstáculos del Gobierno. “Si dicen que no inviertan empresas estratégicas, no lo haremos”, dijo Ignacio Sánchez Galán. Con esta frase también quedaban en el aire la mayoría de los 5.000 millones de dólares de inversión apalabrados por la multinacional. La respuesta al día siguiente del presidente fue clara: “A nosotros no nos interesan los negocios privados, nos interesan los negocios públicos”.

Sin embargo, hoy Romo ha dado otra versión: “Poner obstáculos a la inversión es traicionar el combate a la pobreza, y la historia nos lo reclamará si no lo hacemos correctamente”, ha señalado. “La obligación del Gobierno es poner las condiciones necesarias para que los innovadores crezcan solos, con certeza jurídica y normativa, y seguridad física. Con una política fiscal que atraiga a la inversión, especialmente en momentos de incertidumbre”.

Las declaraciones de Romo también se distinguen de las expuestas el martes por el presidente de la CFE, Manuel Bartlett. Durante su comparecencia en el Congreso para analizar el segundo informe de Gobierno, Bartlett acusó a Iberdrola de imponer “contratos leoninos” y de deber a la CFE 10.000 millones de pesos. “Queremos una iniciativa privada que invierta y no que venga a saquear al país con todas las ventajas y privilegios”, dijo el funcionario tras una larga comparecencia, tras añadir que van a renegociar los contratos con estas empresas privadas. Bartlett aseguró que la CFE es el activo más importante del país “pese a la campaña de desprestigio”.

Mientras, este miércoles, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, ha informado de que la paraestatal ha registrado una pérdida neta de en los primeros nueve meses de 2020 de 26.345 millones de dólares, un 243,1 % más que en el mismo periodo de 2019. Romero ha atribuido los resultados a la caída en la demanda global del petróleo por la crisis de la covid-19, que desplomó los precios del hidrocarburo.