Familiares de desaparecidos en Morelos critican la dejadez de la fiscalía en la fosa de Jojutla

En septiembre de 2016, la familia de Israel Hernández supo finalmente que el muchacho estaba muerto. Secuestrado en 2012, su cadáver había aparecido en la fosa común del cementerio de Tetelcingo, en el Estado de Morelos, en el centro de México. Habían pasado cuatro años de búsquedas, dolor y desvelos. Aquella noticia les permitía descansar por fin, pero a la vez abría cantidad de interrogantes. No tenía ningún sentido que Israel hubiera aparecido allí.

La fosa de Tetelcingo era de uso oficial. La fiscalía de Morelos enterraba allí cuerpos de personas no reclamadas, restos no identificados y ese no era el caso de Israel. Desde el principio, su familia había denunciado su secuestro y había acudido a donar sangre para que los investigadores contaran con una muestra de ADN. Pero de alguna manera, el cuerpo de Israel, que cuando se lo llevaron tenía 34 años, había terminado en la fosa común.

Su caso fue en realidad uno de tantos: la fosa de Tetelcingo albergaba decenas de cuerpos que no pertenecían allí. En medio de la mayor crisis de desaparición forzada en la historia reciente de México, la fiscalía de Morelos había enterrado decenas de cadáveres de manera irregular. La dependencia había actuado como actúa el crimen organizado, deshaciéndose de los cuerpos sin protocolo alguno, arrojándolos a una fosa, ignorando la búsqueda de miles de familias en un país con decenas de miles de desaparecidos.

Obligada por la presión de familias de personas desaparecidas, la fiscalía exhumó de aquella fosa más de un centenar de cadáveres. Algunos carecían de número de identificación, otros habían sido dados por desconocidos cuando había familiares buscándolos… Hasta la fecha, más de una decena han sido identificados y entregados a sus familias, entre ellos Israel.

De Tetelcingo, la búsqueda se extendió a otras fosas comunes de la fiscalía de Morelos, caso del municipio de Jojutla. Los familiares de personas desaparecidas temían que la dependencia hubiera usado de la misma manera el resto de fosas comunes del Estado. El tiempo les dio la razón. Cuando abrieron la fosa de Jojutla, en abril de 2017, las autoridades sacaron en pocos días más de 80 cadáveres, casi el triple del número que se tenía registrado.

Lejos de cerrarse, el caso languidece entre la dejadez de la fiscalía estatal y las limitaciones que impone la pandemia. Este lunes, familiares de personas desaparecidas en el Estado han denunciado que después de tres años del rescate en la fosa de Jojutla todavía no hay resultados. “La Fiscalía del Estado no ha encontrado tiempo para convocar a las otras instituciones participantes en la exhumación a las reuniones de validación de los perfiles genéticos, así como se acordó”, han explicado en un comunicado. “No hay ningún avance en la investigación del caso Jojutla, ningún funcionario del servicio forense, ningún fiscal, ningún funcionario de la municipalidad de Jojutla ha sido imputado penalmente”.

Además de la falta de noticias sobre los perfiles genéticos de los cuerpos rescatados y el parón en la búsqueda, las críticas de las familias son varias. La fiscalía no ha publicado las fotos que tomó de tatuajes, ropa y joyas encontradas en la fosa, no ha dado acceso a todas las carpetas de investigación relacionadas con las personas que enterraron allí y no ha informado a las familias de personas desaparecidas sobre su plan de identificación”.

Edith Hernández es la hermana de Israel y desde hace años acompaña la búsqueda en Jojutla. Este lunes ha atendido a EL PAÍS por teléfono. “En 2017 no pudimos seguir trabajando allí porque topamos con ataúdes de unos particulares, pero en junio ya los quitaron y ya se puede seguir buscando, porque ahí faltan cuerpos por sacar”, explica.

Hernández tiene un recuerdo nefasto de aquellos años de búsqueda de Israel. Todo empezó a finales de 2015, cuando estalló el caso Tetelcingo. “Yo pensaba que mi hermano no estaba ahí”, recuerda la mujer. “La fiscalía nos había enseñado los expedientes de los cuerpos que supuestamente estaban ahí. Y… ¡eran muy vagos! Las fotos eran en blanco y negro, pura osamenta. O sea, no había dato alguno que me permitiera a mi saber”. Pero de repente, apareció allí.

Cuando Hernández fue a recoger los restos de su hermano a la fiscalía en octubre de 2016, pidió ver el expediente asociado a su hallazgo y su entierro en la fosa. Cuando se lo enseñaron, se dio cuenta de que era uno de los que había visto meses antes. Pero con una diferencia, los fiscales habían añadido un detalle clave que antes faltaba: la playera que Israel llevaba el día que lo secuestraron.

Ante casos así, resulta entendible el nivel de exigencia y marcaje de las familias con la fiscalía. Hernández explica que el primer lunes de agosto, las familias de personas desaparecidas de Morelos se reunirán con el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, para definir fechas nuevas de exhumación en Jojutla. Además de los ataúdes que dificultaban la excavación, la dependencia la ha retrasado durante años por la cantidad de cadáveres almacenados en el servicio forense. Ahora mismo son casi 500. Quieren enterrarlos antes de sacar más cuerpos de Jojutla. Hernández y el resto de familiares quieren estar presentes cuando lo hagan.