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¿Quién enterró a Oliver en una fosa común?

La inhumación irregular de un joven asesinado en el Estado mexicano de Morelos pone en evidencia la labor de los cuerpos de investigación regionales

La madre y la tía de Oliver recorren una fosa en Tetelcingo, Morelosrn
La madre y la tía de Oliver recorren una fosa en Tetelcingo, Morelos

Hace apenas un mes, la familia de Oliver Wescenlao Hernández, asesinado en mayo de 2013, denunciaba que funcionarios de la Fiscalía del Estado de Morelos, aledaño a la Ciudad de México, habían enterrado al joven en una fosa común; que lo habían hecho sin avisar, cuando el cadáver ya había sido identificado, sin permitirles que lo enterraran ellos; que lo hicieron en marzo de 2014 y no les dijeron nada hasta diciembre. En esos meses, cuando su familia iba a preguntar, la respuesta era siempre la misma: Oliver sigue en los refrigeradores.

El 4 de diciembre de 2014, la tía de Oliver, Amalia Hernández Hernández, fue a visitar al fiscal de la zona oriente de Morelos para preguntar por su sobrino. Oliver, de 31 años, había sido asesinado año y medio antes. El 24 de mayo de 2013, cuatro hombres lo secuestraron cuando iba a recoger a su hijo en el pequeño pueblo de Cuautla, en la misma región. Diez días más tarde la policía encontraba su cadáver en una cuneta con el tiro de gracia.

Amalia y su hermana María, la madre de Oliver, habían escuchado aquella mañana que él ya no estaba es las cámaras frigoríficas del forense, que lo habían enterrado. Y les pareció raro. Cuando Amalia preguntó al fiscal, este consultó con uno de sus subordinados, quien confirmó que el muchacho yacía bajo tierra, en una fosa común. “¿Por qué?”, se preguntó Amalia. “¿Por qué si estaba identificado? ¿Por qué no nos habían dicho?”.

Sólo ha trascendido el caso de Oliver, pero el cuerpo de una maestra terminó también en aquella fosa

Cuando la policía encontró el cadáver, a principios de junio de 2013, las pruebas periciales –huellas dactilares, perfil genético– confirmaron su identidad. La fiscal les pidió entonces que esperaran y no se llevaran el cadáver, que había otras pruebas que querían hacer que podrían ayudarles a resolver el caso, el secuestro y el asesinato del joven. Así pasaron los meses, acabó 2013, empezó 2014... En todo ese tiempo, distintos funcionarios de la fiscalía aseguraron a la familia que Oliver seguía en el forense.

Negligencia criminal”

David Marroquín, abogado de la familia Henández Hernández, exagente de la Fiscalía de Morelos, cree que por lo menos hubo una confusión fatal. “Cuando secuestran a Oliver se inicia una investigación. Cuando se encuentra el cadáver de manera fortuita, se inicia otra investigación distinta”. La degradación del cadáver impidió su identificación inmediata, pero días más tarde, obtenida la prueba genética, no había duda. Fue entonces cuando ambas indagatorias se fusionaron. “Quizá el error venga de aquel momento”, dice Marroquín, un error que apunta a que los funcionarios encargados de ordenar entierros de cadáveres no identificados confundieron unos con otros.

El día del entierro ilegal de Oliver, el 28 de marzo de 2014, al menos 118 cuerpos acabaron junto al suyo bajo tierra, aunque la policía municipal informó en un primer momento de que la cifra ascendía a 150. Sólo ha trascendido el caso de Oliver, pero el cuerpo de una maestra terminó también en aquella fosa. Fuentes de la fiscalía estatal señalan que hubo errores puntuales de algunos funcionarios. “Reconocemos errores, los enmendaremos, no vamos a tapar a nadie. Pero tampoco es que sean unos asesinos, sólo que no siguieron los protocolos”.

El poeta Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz, se muestra más duro: “Es un caso de negligencia criminal y encubrimiento criminal. El fiscal que estaba entonces no ha venido a declarar. Tenemos 25.000 desaparecidos en el país. Si no prestamos atención a esto, va a ser muy grave”.

La familia de Oliver denunció a la fiscalía en febrero de este año. Le acusa de ejercicio indebido, incumplimiento de funciones, violación de las leyes sobre inhumación y exhumación de cadáveres… Amalia y María viven pendientes de este caso y del que maneja la fiscalía sobre el secuestro y la muerte del muchacho.

Cuando denunciaron a la Fiscalía, trataron de representar además los intereses de las otras decenas de cadáveres que allí quedaron, o de sus posibles familias, víctimas también de los errores, pero la institución separó aquellos casos del de Oliver. ¿Quiénes son los otros ciento y pico? “Indigentes y criminales”, dicen las mismas fuentes de la Fiscalía. Supuestamente, todos desconocidos.