Uno de los principales implicados en la trama de Portugal declara que comió con el primer ministro Costa en abril

Las declaraciones de los detenidos en la Operación Influencer, que ha provocado la caída del Gobierno portugués y la convocatoria de elecciones anticipadas el 10 de marzo, han revelado detalles sobre algunos hechos. Uno de ellos fue la comida que compartieron en abril el primer ministro, António Costa, y ...

Las declaraciones de los detenidos en la Operación Influencer, que ha provocado la caída del Gobierno portugués y la convocatoria de elecciones anticipadas el 10 de marzo, han revelado detalles sobre algunos hechos. Uno de ellos fue la comida que compartieron en abril el primer ministro, António Costa, y el abogado Diogo Lacerda Machado, su amigo desde la etapa universitaria, recogida en un documento de la Fiscalía divulgado por Público. Lacerda, que trabajaba como consultor de la empresa Start Campus, un gran complejo de datos que se está construyendo en Sines y que está en el epicentro de la operación judicial, confirmó ante el magistrado instructor, Nuno Dias Costa, que se había producido ese encuentro. Según el abogado, hablaron de sus familias y de las opciones de Costa de asumir un cargo europeo. Solo al final del encuentro, según su versión, Diogo Lacerda se refirió a Start Campus y a los problemas de vivienda que podrían registrarse en la zona en el futuro cuando comenzasen a trabajar en el centro de datos más de 4.500 personas y se mudasen con sus familias.

Esta reunión, según los fiscales de la operación, muestra que el acceso de Lacerda Machado al primer ministro “era real” y que la intención de Start Campus al contratar al abogado era “aprovechar de la mejor forma posible su proximidad al primer ministro”. Costa, que dimitió el martes al difundirse que iba a ser investigado por el Tribunal Supremo, declaró el sábado en un discurso institucional que los primeros ministros no tienen amigos y que en el pasado se había referido a Lacerda como “su mejor amigo” en un momento “desafortunado”. No informó de que su último encuentro con el letrado había sido durante una comida en las vacaciones de Semana Santa.

La interpretación de los hechos de la Fiscalía y del juez instructor ha sido muy dispar. Mientras la primera diseñó una operación que incluyó cinco detenciones y 42 registros, incluidas la residencia oficial del primer ministro y varios ministerios, por considerar que había indicios suficientes de delitos de corrupción, prevaricación y tráfico de influencias ligados a proyectos energéticos, el segundo ha minimizado el caso a un posible tráfico de influencias. Además, el lunes, el magistrado decidió dejar en libertad a todos los detenidos, que pasaron seis noches en prisión, y les aplicó medidas cautelares muy alejadas de las pretensiones del Ministerio Público, que reclamaba prisión preventiva para el ex jefe de gabinete del primer ministro, Vítor Escária, y el abogado Lacerda. El juez no imputó ningún delito al alcalde de Sines, Nuno Mascarenhas, uno de los cinco detenidos, además de los representantes de Start Campus Alfonso Salema y Rui Oliveira Neves, en quienes apreció indicios de delitos de cohecho y tráfico de influencias.

A pesar de que la decisión del juez, que será recurrida por la Fiscalía, ha desinflado la operación, apenas hay voces en el Partido Socialista (PS) que estén arremetiendo contra el Ministerio Público, cuya actuación ha arruinado la segunda mayoría absoluta que había conseguido la formación en medio siglo de democracia después de la obtenida por José Sócrates en 2005. Y ha sido Sócrates, que fue detenido hace nueve años en el aeropuerto en una gigantesca operación contra la corrupción y que sigue pendiente de juicio, el que ha puesto el grito en el cielo en un artículo publicado este miércoles en el Diário de Notícias. En su texto, acusa a la Fiscalía de haber retirado a los socialistas “ilegítimamente la mayoría absoluta en el Parlamento y el derecho a gobernar” y que en este caso no se han demostrado que existan pruebas suficientes que justifiquen la decisión de “detener, hacer registros en casas particulares y hacer pública una investigación”.

Sócrates, que se dio de baja del Partido Socialista en 2018, critica a sus antiguos correligionarios por no reaccionar ante la actuación de la Fiscalía. Tanto Costa en su intervención en la comisión política que puso en marcha su sucesión como uno de los candidatos a la secretaría general, Pedro Nuno Santos, han optado por evitar las quejas contra el Ministerio Público. “El PS no dedicará los próximos cuatro meses a discutir un proceso judicial”, sostuvo Nuno Santos en la presentación de su candidatura.

Mientras, el Banco de Portugal difundió este miércoles el resultado de la deliberación de su comisión de ética respecto al papel en la crisis política del gobernador, Mário Centeno. Concluye que cumplió con “sus deberes de conducta” tras recibir la llamada de Costa para conocer su disponibilidad para aceptar el cargo de primer ministro hasta 2026 ―una opción que fue descartada por el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, que prefirió convocar elecciones anticipadas―. La comisión, sin embargo, considera que los acontecimientos políticos desencadenados y su cobertura mediática pueden causar “daños a la imagen del Banco”.

La evaluación de la comisión, firmada el lunes y difundida hoy, fue trasladada al Consejo de Administración de la entidad, que considera que “siempre se han mantenido las condiciones de independencia” para ejercer sus competencias.

Por su parte, el presidente de la República y el primer ministro se trasladarán hoy a Guinea Bissau para participar durante dos días en los actos que conmemoran los 50 años de la independencia de la antigua colonia portuguesa. Guinea Bissau fue el primer país africano que se emancipó de Portugal, que mantuvo tres guerras abiertas en Angola, Mozambique y Guinea para conservar aquellos territorios hasta la Revolución de los Claveles de 1974. Tras la reunión que mantuvieron el martes, la oficina del jefe del Estado informó de que será Costa quien asumirá la gestión del Ministerio de Infraestructuras, tras la dimisión presentada por João Galamba, uno de los arguidos (sospechosos oficiales) en la Operación Influencer.

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