La Segunda Guerra Mundial sacude de nuevo la política polaca

La Segunda Guerra Mundial ha vuelto a convertirse en un problema político y diplomático para Polonia. En este caso, una ley aprobada por el Parlamento de Varsovia, que reduce drásticamente la posibilidad de cobrar indemnizaciones por bienes robados a las víctimas del Holocausto y sus familiares, ha provocado encendidas protestas por parte de Israel, además de organizaciones como el ...

La Segunda Guerra Mundial ha vuelto a convertirse en un problema político y diplomático para Polonia. En este caso, una ley aprobada por el Parlamento de Varsovia, que reduce drásticamente la posibilidad de cobrar indemnizaciones por bienes robados a las víctimas del Holocausto y sus familiares, ha provocado encendidas protestas por parte de Israel, además de organizaciones como el Congreso Judío Mundial. Se trata de un problema que resume la historia polaca desde 1945; pero que se suma a otras polémicas que ha protagonizado el Gobierno ultranacionalista de Ley y Justicia (PiS) en lo que muchos historiadores consideran un intento de reescribir el pasado del país.

Polonia, que albergaba la mayor comunidad hebrea de Europa antes del Holocausto y donde tres millones de judíos fueron asesinados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los 47 países que firmó en 2009 la Declaración de Terezin (República Checa). Los Estados firmantes se comprometían a hacer todo lo posible para restituir los bienes a las víctimas y, en caso de que fuese imposible, a compensarles.

Polonia es uno de los pocos países europeos que no tiene una ley de restitución. Las propiedades y bienes de las víctimas del Holocausto fueron primero confiscadas por los nazis. Después de la guerra, el nuevo Estado nacionalizó esos bienes en vez de devolverlos a sus legítimos propietarios. En muchos casos, además, familias enteras habían sido asesinadas y sus propiedades fueron ocupadas por otros ciudadanos. Todo eso ha provocado numerosas demandas.

El Tribunal Constitucional polaco dictaminó en 2015 que el Gobierno debía poner un límite temporal a las reclamaciones y la Cámara baja lo fijó la semana pasada en un máximo de 30 años hacia atrás en el tiempo. Es decir, solo afectaría a los bienes que fueron nacionalizados a partir del final de la etapa comunista, lo que reduce al mínimo los bienes afectados. De ratificarse la ley por el Senado y el presidente, Andrzej Duda, por tanto, la inmensa mayoría de las reclamaciones de las familias de víctimas de la Shoah no llegarían a ningún lado porque para continuar el proceso se verían obligadas a demandar al Estado, lo que es costoso, difícil y muy largo.

El Ministerio de Exteriores polaco rechazó las críticas a través de un comunicado en el que señalaba que los cambios “no restringen en modo alguno la posibilidad de presentar demandas civiles, independientemente de la nacionalidad u origen del demandante”. “Polonia no es en absoluto responsable del Holocausto, una atrocidad cometida por el ocupante alemán también sobre ciudadanos polacos de origen judío”, rezaba el comunicado reproducido por la prensa local.

“La nueva ley polaca tiene aspectos positivos y negativos”, explica la periodista polaca Katarzyna Markusz, que trabaja en la web Jewish.pl. “En Polonia existe desde hace mucho tiempo un problema con personas que se apoderan de las propiedades de antes de la guerra, echando a los inquilinos mediante diversas tretas legales. Era necesario regular y asegurar a las personas que viven hoy en estas casas que no serían desahuciadas. La ley responde a esa necesidad. Al mismo tiempo, los parlamentarios polacos olvidaron, u omitieron deliberadamente, a los propietarios legítimos y a sus herederos. No se trata solo de los judíos, sino de personas, también polacas católicas, que poseían casas y terrenos antes de la guerra”.

El historiador del Holocausto Jan Grabowski, canadiense de origen polaco, que se ha mostrado muy crítico con las políticas de memoria sobre el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial del actual Gobierno de Ley y Justicia, se pronuncia en un sentido parecido: “Era necesario garantizar los derechos de las personas a los apartamentos y las casas. Es un legado de la época comunista, con decisiones que a menudo se tomaron con flagrante desprecio por la ley. El problema es que el proyecto de ley deja en la estacada a los supervivientes del Holocausto y a sus descendientes sin ninguna vía práctica de acción legal”.

La indignación que ha provocado la ley en Israel y entre organizaciones judías va más allá de un problema económico: sostienen –y es algo en lo que están de acuerdo la mayoría de los historiadores de la Shoah– que el Gobierno de Ley y Justicia pretende reinterpretar la historia de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial, al equiparar la persecución de judíos y polacos católicos durante la ocupación nazi y borrar cualquier signo de antisemitismo polaco. Nadie pone en duda el enorme sufrimiento de los polacos durante el conflicto, ni tampoco que no tuvieron nada que ver en la organización del Holocausto ni con los campos de exterminio. Pero existe un consenso académico en que se produjeron asesinatos de miles de judíos también por parte de polacos, durante y después del conflicto, y en que el objetivo de los nazis era la aniquilación de los judíos y que los campos de exterminio fueron construidos con este propósito.

“Soy hijo de un superviviente de la Shoah. Mi abuela fue asesinada en Polonia por alemanes y polacos. Sufrimos las consecuencias (del Holocausto) cada día en nuestra memoria colectiva”, rememoraba hace tres años desde la oposición el líder centrista Yair Lapid en un anterior encontronazo con el Gobierno de Varsovia. Como flamante ministro de Asuntos Exteriores y arquitecto político del nuevo Gobierno de Israel ha tenido que afrontar en los últimos días un nuevo brote de tensión bilateral surgido del pasado.

“Ninguna ley puede cambiar la historia”, advirtió Lapid la semana pasada tras la aprobación inicial de una norma que amenaza con enterrar las reclamaciones de bienes judíos confiscados por los nazis y subsiguientemente nacionalizados por el régimen comunista. “Esta ley inmoral es una infamia, y va a perjudicar seriamente a las relaciones entre ambos países”, apostilló. Como ya ocurrió hace tres años con otro polémico proyecto de ley –el que castigaba con la cárcel afirmar que el pueblo polaco fue cómplice en los crímenes del Holocausto, así como utilizar la expresión “campos de exterminio polacos”–, la diplomacia israelí ejerce ahora la máxima presión para hacer abortar la legislación antes de que sea promulgada. Entonces también contó con el respaldo del Departamento de Estado norteamericano, que ha vuelto a avisar a Varsovia de que está dando “un paso en la dirección equivocada”.

El choque diplomático entre Israel y Polonia no tardó en escenificarse. El embajador polaco en Tel Aviv, Marek Magierowski, fue convocado el pasado domingo a la sede del Ministerio de Exteriores para recibir una queja formal por la aprobación de la nueva norma. El Gobierno de Varsovia protestó en paralelo ante la encargada de negocios israelí, Tal Ben-Ari Yaalon, por las inusuales declaraciones del ministro Lapid.

“A nivel emocional, los polacos están siendo movilizados ahora como ‘víctimas que sufrieron igual que los judíos”, explica Jan Grabowski, que ha sido llevado a los tribunales por sus trabajos, reconocidos internacionalmente y premiados por el Yad Vashem [Centro Mundial de Conmemoración de la Shoah], sobre la participación de polacos en el asesinato de judíos entre 1939 y 1945. “El primer ministro [Mateusz] Morawiecki declaró que los polacos no pagarán ni un céntimo y que si alguien quiere una restitución, puede acudir a los alemanes. Lo que se pierde aquí es que el Estado polaco perpetró el robo después de la guerra, aceptando la situación que los alemanes crearon durante la ocupación”.