Congresistas de EE UU piden expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica

Una iniciativa de ley respaldada por 18 congresistas demócratas y republicanos de Estados Unidos exige a la autoridad comercial de ese país que revise la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre la potencia norteamericana y Centroamérica, conocido como Cafta. La iniciativa ha sido presentada este jueves por María Elvira Salazar, congresista republicana por Fl...

Una iniciativa de ley respaldada por 18 congresistas demócratas y republicanos de Estados Unidos exige a la autoridad comercial de ese país que revise la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre la potencia norteamericana y Centroamérica, conocido como Cafta. La iniciativa ha sido presentada este jueves por María Elvira Salazar, congresista republicana por Florida, con el apoyo del demócrata Tom Malinowski, de Nueva Jersey, que justifican la medida como una respuesta a las constantes violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega y la reciente escalada contra la oposición nicaragüense, que ha encarcelado a cuatro aspirantes a la presidencia, tres reconocidos excombatientes sandinistas, destacadas activistas y un importante empresario del sector financiero. “El comercio con Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”, advierten los legisladores.

“Bajo Daniel Ortega, Nicaragua se ha convertido en una tierra de opresión”, ha dicho la congresista Salazar tras presentar la iniciativa. “Los matones de Ortega están encarcelando a los opositores políticos y silenciando violentamente las voces disidentes. Presenté la Ley Revisión del Libre Comercio de Nicaragua porque el comercio con Estados Unidos es un privilegio, no un derecho. Debemos demostrarle al régimen de Ortega que no puede seguir reprimiendo al pueblo nicaragüense mientras cosecha los beneficios económicos del libre comercio con los Estados Unidos. Estados Unidos no debería estar en el negocio de comerciar con dictadores”, agregó

De aprobarse la propuesta, la suspensión de Nicaragua del Cafta sería un duro golpe económico para el orteguismo. Datos del Gobierno de Estados Unidos muestran que las exportaciones de Nicaragua hacia ese país han incrementado aproximadamente en un 70% desde que el tratado entró en vigor, el 1 de abril de 2006, bajo la Administración del recién fallecido expresidente Enrique Bolaños Geyer.

El documento del acuerdo establece que para que un país forme parte del tratado debe cumplir con requerimientos específicos, que incluyen garantizar un “ambiente legal” para los negocios, mantener una sana competencia, proteger los derechos de propiedad intelectual y promover “la transparencia y el Estado de Derecho”. Es precisamente en ese último punto en el que, según los congresistas, Ortega ha fallado en Nicaragua. “Daniel Ortega se ha embarcado en una violenta represión contra la democracia y encarceló a los candidatos de la oposición que se postulan para presidente. Está desmantelando las instituciones democráticas, socavando activamente los intereses de Estados Unidos y violando los derechos del pueblo nicaragüense. Revisar el cumplimiento de Nicaragua con el Tratado no solo es necesario, sino urgente”, argumentan los legisladores en un comunicado emitido la tarde del jueves.

El demócrata Malinowski ha justificado su apoyo a la iniciativa de esta manera: “Me entristece el agresivo desmantelamiento de Ortega de la frágil democracia de Nicaragua y las libertades por las que el pueblo nicaragüense tanto ha luchado. Le pido que revierta inmediatamente estas acciones y respete las leyes y la constitución de Nicaragua. Al mismo tiempo, no hay ninguna razón por la que Estados Unidos deba recompensar a su régimen con acceso preferencial al mercado estadounidense”.

Washington ya ha demostrado su recelo con el régimen de Ortega, al que ha catalogado abiertamente de “dictadura”. El Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones económicas a importantes figuras del Gobierno como respuesta a la detención de los opositores. Entre los afectados por la decisión de Washington está Camila Ortega Murillo, coordinadora de la llamada Comisión Económica Creativa e hija de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Las sanciones también incluyen a Leonardo Ovidio Reyes, presidente del Banco Central; el diputado Edwin Castro Rivera, leal operador político del régimen en la Asamblea Nacional; y Julio Rodríguez Balladares, general del Ejército de Nicaragua. El Departamento del Tesoro ha justificado sus sanciones afirmando que estas personas apoyan a “un régimen que ha socavado la democracia, ha abusado de los derechos humanos, ha promulgado leyes represivas con graves consecuencias económicas y ha tratado de silenciar a los medios de comunicación independientes”. El régimen de Ortega ha rechazado las sanciones, que ha catalogado como “injerencistas y arbitrarias”.

La iniciativa de los congresistas estadounidenses llega un día después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobara una resolución en la que 26 países del continente condenan “inequívocamente la detención, hostigamiento y restricciones arbitrarias impuestas a candidatos presidenciales, partidos políticos y medios independientes” en Nicaragua y exigen la “liberación inmediata de todos los presos políticos”.

En la votación se abstuvieron México y Argentina, que manifestaron preocupación por la “detención de figuras políticas de la oposición”, pero se mostraron en contra de intervenir en asuntos internos de Nicaragua. La decisión de ambos países fue criticada por Amnistía Internacional, que la ha catalogado de “inaceptable”. “El principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado no se aplica a las violaciones de derechos humanos y crímenes de Derecho internacional”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas. “Es inaceptable que los gobiernos de Alberto Fernández, en Argentina, y de Andrés Manuel López Obrador, en México, decidan no acompañar a las numerosas víctimas de la crisis de derechos humanos en Nicaragua”, ha agregado.

La decisión de la OEA, sin embargo, fue celebrada por Washington. Antony Blinken, secretario de Estado, ha afirmado que se trata de “un claro mensaje de apoyo al pueblo nicaragüense y a su lucha para unas elecciones libres y justas, el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas”. Para Blinken, “los miembros de la OEA dejaron claro que las acciones de Ortega y Murillo no tienen cabida en este hemisferio”.

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