El año horrible de las Fuerzas Militares de Colombia

La fotografía se repite en los Andes, en el Caribe, en la selva, en la costa del Pacífico y en las fronteras. En Colombia el Estado todavía no se ha impuesto en extensos territorios de un país eminentemente rural, pero los primeros en llegar siempre llevan uniforme. Las Fuerzas Militares han sido durante décadas la principal institución al servicio de los distintos Gobiernos. La guerra con las FARC y contra el narcotráfico las convirtió en un estamento intocable, pero la firma de la paz con la guerrilla m...

La fotografía se repite en los Andes, en el Caribe, en la selva, en la costa del Pacífico y en las fronteras. En Colombia el Estado todavía no se ha impuesto en extensos territorios de un país eminentemente rural, pero los primeros en llegar siempre llevan uniforme. Las Fuerzas Militares han sido durante décadas la principal institución al servicio de los distintos Gobiernos. La guerra con las FARC y contra el narcotráfico las convirtió en un estamento intocable, pero la firma de la paz con la guerrilla más antigua de América, hace casi cuatro años, y la profunda transición que se inició entonces cambió las reglas del juego. Tras 12 meses de escándalos en el seno del Ejército, que van de una red de espionaje a una sucesión de denuncias por violación de menores, una encuesta reflejó esta semana el estado de opinión de los colombianos sobre sus soldados. La firma Gallup reporta un desplome sin precedentes. La percepción históricamente favorable se derrumbó: del 85% al 48%, el dato más bajo desde que hay registro.

En los últimos 20 años ese índice apenas había caído por debajo del 60% y eso ocurrió aproximadamente hace un año, cuando se conoció una directriz interna que instaba a los militares a mejorar resultados. Así empezó a resquebrajarse la confianza de amplios sectores de la sociedad y de varios líderes de opinión. Esa circular, ya retirada, resultaba especialmente polémica por dos razones. En primer lugar, ponía en riesgo a la población civil en un contexto de posconflicto en el que grupos insurgentes aún activos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), bandas de paramilitares, batallones disidentes de las FARC y distintos cárteles buscan hacerse con el control de las rutas del tráfico de cocaína. Y en segundo lugar, revivió el fantasma de los mal llamados falsos positivos: asesinatos de campesinos y líderes comunitarios presentados como guerrilleros muertos en combate a cambio de beneficios. Según datos de la Fiscalía, las fuerzas armadas perpetraron al menos 2.248 ejecuciones extrajudiciales entre 1998 y 2014, aunque el 97% de los casos se remontan a la pasada década, de 2002 a 2008.

Hace un año el comandante del Ejército, una fuerza que cuenta con cerca de 230.000 miembros, era Nicacio Martínez Espinel. Tras meses de cuestionamientos, las Navidades pasadas presentó su renuncia por motivos familiares. Lo hizo semanas después del relevo al frente de Defensa. El exministro Guillermo Botero también tuvo que dejar el cargo en noviembre, cuando se descubrió que había ocultado una operación en la que fallecieron al menos siete menores. Ambos pertenecían a un sector político muy próximo al expresidente Álvaro Uribe, líder de Centro Democrático, el partido que sostiene al Gobierno de Iván Duque.

El actual titular de la cartera, Carlos Holmes Trujillo, prometió no tolerar más violaciones de derechos y conductas impropias, pero el pasado mes de mayo tuvo que gestionar una nueva crisis que se remontaba a la anterior etapa. Esto es, una trama de espionaje contra más de 130 periodistas, corresponsales extranjeros, opositores, abogados de los derechos humanos y hasta el ex secretario general de la Presidencia, Jorge Mario Eastman, muy cercano a Duque, quien condenó con dureza esas prácticas. Por ese escándalo, que está en fase de investigación y por el que la Corte Suprema abrió una indagación preliminar contra Uribe, cayeron varios oficiales. Pero las sombras que envuelven a sectores desviados del Ejército no terminaron ahí. Hace dos semanas se conoció la denuncia de la violación colectiva de una menor indígena de una comunidad embera, cuyos siete presuntos responsables ya están detenidos. Días después, la institución reconoció otra violación de una menor de la etnia nukak, de 15 años, secuestrada durante días por un grupo de uniformados en el departamento del Guaviare, a las puertas de la Amazonía. Desde entonces se conocieron más casos, que alimentaron las sospechas de que se trate de una conducta sistemática o cuando menos asentada. Las fuerzas de seguridad desplegadas en territorios tradicionalmente abandonados conviven con las franjas más vulnerables de la población, como los pueblos indígenas. El expresidente Ernesto Samper incluso llegó a referirse, a través de Twitter, a “un problema de fondo por el hecho de que haya soldados entrenados institucionalmente para este tipo de actos”.

La presión obligó al actual comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, a comparecer. Sus revelaciones dispararon la indignación. Desde 2016 se han identificado “118 integrantes de la fuerza relacionados en casos de presuntos actos sexuales abusivos y violentos contra menores de edad”. De ellos, aseguró el miércoles, 73 hombres seguían activos. El viernes retiró a otros 31. El alto mando admitió: “Esto nos obliga a revisarnos internamente y a fortalecer los diferentes procesos”.

La revisión de la actuación de las fuerzas armadas no es un debate nuevo. Y el desplome de la imagen del sector militar tampoco puede relacionarse únicamente con escándalos que, en mayor o menor medida, siempre han existido. Se trata, según un análisis compartido por varios expertos, de una respuesta que refleja un cambio en la sociedad, probablemente menos conservadora, más madura y más abierta a la fiscalización. En última instancia, una consecuencia del proceso de paz. “El Ejército acumuló una serie de escándalos en los últimos seis meses. pero no es que eso sea nuevo. Temas relacionados con violaciones de derechos humanos los ha habido toda la vida. La diferencia es que antes, como había FARC y conflicto armado, todo se perdonaba. Ahora ya no”, señala Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación y experto en políticas de seguridad. “Los periodistas y los analistas les perdieron el miedo a las Fuerzas Militares. Antes había una especie de veto”, agrega.

Otro aspecto tiene que ver con que las Fuerzas Militares están pendientes de una reforma a fondo. El proceso de paz impulsado por el expresidente Juan Manuel Santos creó las condiciones, pero no pudo concretar una renovación estructural. Lo que sí sucedió es que al dejar el testigo a Iván Duque, los sectores más radicales del Centro Democrático se hicieron en un primer momento con el control de la política de Defensa, lo que le dio un nuevo impulso a la lógica del conflicto armado. Varios dirigentes de ese partido rechazan todo señalamiento al considerarlo un ataque a la institución y a sus filas. Sin embargo, sus mismos responsables, con el ministro de Defensa y Zapateiro a la cabeza, han venido a reconocer que son precisamente esas prácticas las que más debilitan a las Fuerzas Armadas. Además, la sociedad ha cambiado y, según Ávila, “los colombianos van a hacer una reforma a la fuerza, porque los militares ya no dan cuenta de la sociedad de hoy”.