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Las denuncias de corrupción sacuden a la oposición venezolana y obligan a Guaidó a tomar medidas

La Asamblea Nacional interviene la Comisión de Contraloría y suspende a 10 diputados mientras el líder del Parlamento afronta una tormenta política

Juan Guaidó, el domingo pasado, durante una conferencia de prensa.
Juan Guaidó, el domingo pasado, durante una conferencia de prensa. AP

Las denuncias de corrupción sacuden a la oposición venezolana. La revelación de los vínculos de un grupo de diputados y una trama en el programa de alimentos subsidiados de Nicolás Maduro ha obligado a la Asamblea Nacional y a su presidente, Juan Guaidó, a tomar medidas para disipar las sospechas. La Cámara, controlada mayoritariamente por fuerzas opositoras, decidió esta semana intervenir la Comisión de Contraloría y suspender de sus funciones a 10 parlamentarios. Es el primer paso para depurar responsabilidades. El vicepresidente de la Asamblea, Édgar Zambrano, ha anunciado que la intervención contempla una investigación a estos funcionarios que debe durar unos 15 días.

La medida es consecuencia del escándalo que se ha producido en el país después de que el portal Armando.Info publicara una investigación que relaciona a un grupo de legisladores con una intermediación ante las fiscalías de Colombia, Estados Unidos y Bélgica para lavar la reputación y aligerar los expedientes de Carlos Lizcano. No está por el momento claro el motivo por el que opositores apoyaron a este empresario colombiano, vinculado al Gobierno de Maduro y propietario de la empresa Salva Foods, la compañía que administra los denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa asistencial sobre el que han recaído diversas acusaciones de corrupción en la importación de alimentos. Lizcano trabaja para los también colombianos Álex Saab y Álvaro Pulido, muy cercanos a Maduro, e investigados en la actualidad por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El comité especial que investigará a los miembros de la Comisión de Contraloría está integrado por el propio Zambrano y los diputados Stalin González y Marialbert Barrios. Zambrano ha declarado que serán auditadas “las actas de la Comisión y las subcomisiones, la correspondencia enviada y la correspondencia recibida por los diputados miembros“ en el periodo 2016-2019. El dirigente opositor dijo además que solicitarán la colaboración de las Embajadas de España, Portugal, Italia, Francia y Colombia en Caracas.  

“Estamos empeñados en hacer de la ética política el espejo de esta gestión parlamentaria. La corrupción no puede ser un formato en un poder legítimo como este, en la casa de las leyes”, agregó. Las oficinas la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional han quedado clausuradas desde el martes y se ha comenzado las citaciones a todos sus miembros.

El trabajo de Armando.Info ha desatado una ola de indignación en la opinión pública venezolana y ha agudizado las pugnas entre las tendencias de la oposición, que actúan separadamente desde hace dos años. Esta circunstancia ha lesionado el suelo político de Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de la República por más de 50 países desde el pasado mes de enero. El jefe del Parlamento se enfrenta ahora a una delicada tormenta política, la más importante desde que asumiera sus funciones.

El político ha asegurado que se tomarán medidas radicales en contra de los transgresores, de comprobarse su culpabilidad, y ha prometido que ningún delito quedará impune en la Asamblea Nacional. Los diputados acusados han negado enfáticamente los cargos. Algunos de ellos han lanzado rabiosas contraacusaciones sobre los dirigentes de la oposición. En la sesión legislativa del martes, sin embargo, todos manifestaron estar dispuestos a que se les realice cualquier investigación. Se trata de Luis Parra, José Brito y Conrado Pérez, de Primero Justicia; Richard Arteaga y Guillermo Luces, de Voluntad Popular; Chaim Bucaram y William Barrientos, de Un Nuevo Tiempo; Héctor Vargas, de Avanzada Progresista; Adolfo Superlano (recién expulsado de Cambiemos) y José Luis Pirela, de la fracción 16 de julio.

Los dirigentes opositores han hecho un esfuerzo por colocar en relieve el hecho de que casos como estos se ventilen y se sancionen de forma transparente, procurando establecer un contraste con el chavismo, cuyos diputados y dirigentes se han negado tenazmente a cualquier investigación independiente sobre los múltiples delitos de los cuales se les ha acusado en los últimos años.

Intentando aprovechar la circunstancia, la bancada minoritaria chavista presente en las sesiones de la Asamblea redobló los ataques a Guaidó y la directiva del Parlamento mientras se producía el debate sobre el escándalo. Francisco Torrealba, diputado del PSUV, declaró a los medios sobre la corrupción de la oposición y la necesidad de transparencia en el país. Sin embargo, no respondió a las preguntas que le hicieron los periodistas sobre los vínculos de Maduro con Álex Saab.

La alianza de partidos que apoyan a Guaidó —el político más popular del país, según todas las encuestas— confía en retener la mayoría de los votos necesarios para ratificarlo al frente de la Asamblea Nacional el año que viene, cuando deberían celebrarse elecciones legislativas. Su continuidad en el cargo, en cualquier caso, está claramente más comprometida que hace dos meses. Los sectores moderados de la oposición conversan con el Gobierno para celebrar unas elecciones el año que viene, y en las actuales circunstancias a Guaidó le será más difícil impedirlas o cuestionarlas. Probablemente consciente de eso, sin comentar el caso y sin nombrarlo, este miércoles Nicolás Maduro lanzó una dura amenaza a Guaidó, diciendo que era un líder acabado y vaticinó para él la cárcel.

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