Los uruguayos deciden si dan un giro a la derecha

Los electores uruguayos se participan este domingo a una elección crucial, en la que está en juego un relevo de poder después de tres Gobiernos consecutivos de la coalición de izquierda Frente Amplio (FA). Se da por seguro que ningún partido alcanzará el 50% de los votos y habrá un balotaje en noviembre que podría conducir a una victoria de la derecha.

Si bien en los últimos días se detecta una progresión del FA en los sondeos, todo indica un retroceso de la izquierda y un aumento de los votantes del bloque de la derecha, compuesto por tres partidos que ya han iniciado negociaciones para sumar fuerzas. La izquierda y su candidato, el ingeniero Daniel Martínez, han centrado su campaña en destacar los logros de sus 15 años en el poder, exhibiendo datos como el crecimiento sostenido de la economía en un ambiente de crisis regional, el aumento del salario real (65% desde el primer mandato del FA) o la disminución de la pobreza, que es actualmente del 8,6%, la más baja de Latinoamérica. Pero conscientes del desgaste que sufre la coalición, su eslogan de campaña ha sido: “Vamos a hacerlo mejor”.

Más información

Las iglesias evangélicas se movilizan contra la ley trans en Uruguay

Unas primarias tensas anticipan la renovación política en Uruguay

Por su lado, la principal formación de la oposición, el Partido Nacional (derecha) se ha concentrado en una fuerte crítica al Frente Amplio, señalando sus fracasos en el desarrollo de políticas industriales, casos de mala gestión que generaron importantes déficits fiscales o los malos resultados en el mantenimiento de la seguridad pública, entre otros. Todos los partidos aseguran que mantendrán ciertas políticas del actual Gobierno, como la diversificación del acceso a los mercados internacionales (actualmente se negocia un acuerdo de libre comercio con China), la necesidad de potenciar Uruguay como un actor regional con alto valor agregado en temas logísticos o la mejorara de la calidad del agua, recurso deteriorado por la actividad agropecuaria. Pero el programa del Partido Nacional propone también cambios sustanciales, como la modificación del régimen impositivo para el sector agropecuario, un control de déficit fiscal mediante una reforma de la administración pública, una reforma educativa, además de la anulación de la Ley de Inclusión Financiera que obligó a sistematizar los pagos por Internet para evitar el dinero en efectivo y la evasión fiscal.

Al mismo tiempo, un destacado dirigente del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, impulsa un plebiscito que tendrá lugar junto a la votación de este domingo y que, en caso de alcanzar el 50% de los votos, supondrá una reforma constitucional centrada en la lucha contra la inseguridad. Las principales medidas impulsadas por la plataforma “Vivir sin Miedo” son la autorización de registros nocturnos, la pena de cárcel permanente y la creación de un nuevo cuerpo de seguridad, la Guardia Nacional, con integrantes de las Fuerzas Armadas, entre otros. Los sondeos muestran que la reforma podría prosperar, aunque recientemente ha aumentado la movilización de la izquierda —especialmente de los jóvenes— para impedir su aprobación.

La inseguridad ciudadana es uno de los temas más evocados por la oposición, con el Frente Amplio a la defensiva desde hace varios años. Aunque Uruguay es uno de los países más seguros de Latinoamérica, el deterioro es una realidad, con un fuerte aumento de los robos y asesinatos en 2018, según fuentes oficiales. El año pasado se cometieron 414 homicidios en este país de 3,4 millones de habitantes.

En estos años, la respuesta del FA ha sido errática, con un discurso de corte social, pero también con una política fuertemente represiva que no ha dado resultados y ha hecho aumentar la población en prisión del país. Solo últimamente el Ministerio del Interior introdujo operativos que combinan informes de inteligencia, actuación policial y ayuda a la población de los barrios más afectados por el crimen. Este tipo de respuesta es ahora la principal baza del Frente Amplio para mejorar su imagen frente a la opinión pública.

En la llamada agenda de derechos, que incluye la despenalización del aborto, la legalización de la marihuana, el matrimonio homosexual o la ley de protección de las personas transgénero, el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, ha señalado que no prevé cambios. Sin embargo, dentro de la formación existen tendencias mucho más conservadoras al respecto.

El que sí ha sido explícito es el candidato de la tercera fuerza más importante de Uruguay, Ernesto Talvi, del Partido Colorado. El economista Talvi, de 62 años, ha asegurado que mantendrá la agenda de derechos y ha centrado su programa en promover una mayor disciplina fiscal, reformar la educación e impulsar una nueva economía basada en la excelencia y la tecnología.

Talvi es una de las sorpresas de estas elecciones, ya que se impuso en las primarias del Partido Colorado por encima de los dirigentes más tradicionales. Su propuesta, que incluye medidas de corte socialdemócrata, ha atraído a los votantes desencantados del Frente Amplio, aunque en el tramo final de la campaña los colorados dieron un giro conservador.

La otra novedad es la emergencia de otro partido conservador, Cabildo Abierto, creado este mismo año por Guido Manini Ríos, excomandante en jefe del Ejército, destituido por el presidente Tabaré Vázquez por sus críticas a los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1984). Cabildo Abierto defiende la mano dura contra la criminalidad y el regreso a valores tradicionales. Es un partido de extrema derecha, aunque en Uruguay, un país que huye de la polarización, se evita este calificativo.

En un primer momento, Talvi rechazó cualquier alianza con Cabildo Abierto, pero con el correr de la campaña cambió de opinión y se mostró favorable a unir fuerzas con el Partido Nacional para formar una coalición y, en una casi segunda vuelta electoral, derrotar al Frente Amplio. Esa pinza es la que podría terminar con la hegemonía de la izquierda en Uruguay.