El cautiverio de los migrantes venezolanos

Yasmín Juáres creyó un día que su nacionalidad pesaba como una maldición. Había viajado a Trinidad y Tobago para visitar a su esposo y su hijo, pero acabó siendo detenida por un oficial del aeropuerto internacional de Piarco, que le informó de que no pisaría la isla. Estaba con otros venezolanos que también fueron deportados dos días después por ser personas non gratas. Todavía recuerda la fecha con pena: 8 de noviembre de 2017. Los devolvieron a su país después de tenerlos dos días en un hotel, custodiados por un fornido policía y sin acceso a alimentos. “Me sentí espantada. ¿Cuál era nuestro pecado?”, relata.

El sobresalto apareció unos meses después. Su hijo José Rafael Silva, un disc jockey de 20 años, fue arrestado en una redada policial por estar residiendo ilegalmente en el país caribeño. Tampoco olvida ese día, el 3 de abril de 2018, porque fue el inicio de un calvario de casi un año. No tenía 1.500 dólares para cancelar una multa necesaria para su liberación. “Nos decían que había muchos inmigrantes. Por eso teníamos que pagar, pero nuestros bolsillos estaban vacíos”. Juáres dice que ofrecieron la mitad del dinero a la corte, pero se sintieron “ofendidos” y no aceptaron ese monto. Su excarcelación no llegó hasta febrero. Pero más de tres meses después, decenas de mujeres y hombres venezolanos siguen detenidos por motivos migratorios en las islas. No hay precisión en la cifra: la abogada Karla Henríquez Lozada, consejera diplomática del Parlamento Internacional para los Derechos Humanos, los cifra en 207, mientras el diputado Carlos Valero, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, habla de 89 personas privadas de libertad.

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Henríquez denuncia que al menos cuatro adolescentes han sido deportados el pasado sábado. Su atención está en Jonathan Mora Mora, de 15 años, que fue devuelto a Venezuela sin, supuestamente el consentimiento de su representante legal. “No fueron entregados a ninguna autoridad, sin dinero para comida y traslado, en Caracas, una ciudad que no conocen porque son de Tucupita (oriente venezolano). La responsabilidad recae sobre la aerolínea Caribbean, sobre Inmigración y sobre el Gobierno de Venezuela”, apunta.

Trinidad y Tobago no esperaba la entrada en estampida de sus vecinos, más de 40.000 migrantes venezolanos en una nación con 1,4 millones de habitantes. La mayoría navegó en botes con la idea de espantar la miseria. Para Cruz Del Nardo Veliz, un fotógrafo de 22 años, es espinoso desembolsar 300 dólares para liberar a su novia, Ennymar Idrobo Velandia, una peluquera que obtuvo un certificado de aspirante a asilo emitido por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Ni ese documento sirvió cuando fue capturada por la policía, hace cuatro meses. Le preocupa que el encierro en el Centro de Detención de Inmigrantes (IDC, por sus siglas en inglés) haya afectado a la esquizofrenia que sufre su pareja.

La ley trinitaria es restrictiva con los solicitantes de asilo. Francisco Marín, un periodista detenido en abril, vio cómo un comisario ordenaba a sus oficiales ignorar la condición de asilados. “Él tomó mi carné de refugiado y lo mostró a unos 25 policías. Después dijo: ‘Si a ustedes les presentan algún documento de las Naciones Unidas, tengan claro que los jefes somos nosotros, como Gobierno, y esto no tiene validez”, afirma.

Fue detenido cuando iba a un supermercado. En la patrulla policial había otros dos venezolanos. Los llevaron a una cárcel común en Point Fortín, donde estuvieron cuatro días en una celda de dos metros de largo y dos de ancho. Francisco se sentía humillado. Solo había un sanitario dentro de ese espacio para todos los prisioneros y dormía sobre el concreto. Estaba aturdido por los gritos de otros reclusos y ninguna autoridad atendía sus peticiones.

Su testimonio es parecido al de Yasmin Juáres, que durante la detención de su hijo denunció ante instancias de Caracas las condiciones de los migrantes. “En Trinidad, los venezolanos presos no tienen derecho a nada. Ni siquiera a llamadas telefónicas”, dice.

El Gobierno de Nicolás Maduro guarda silencio frente a estas denuncias. Pero Carlos Valero engorda un expediente de excesos contra los emigrados. Su interés surgió después del reclamo de Acnur al Gobierno de Keith Rowley por violar la legislación internacional al deportar a 82 venezolanos hace poco más de un año. De ese grupo, unos 25 tenían la condición de refugiados. “Hablamos de cacería de venezolanos. Los perseguían, los detenían unos días en una comisaría, los llevaban al IDC y empezaba un proceso jurídico en el que imponían unas multas de entre 500 y 2.000 dólares. Tras pagar, si no tenían un boleto de retorno tampoco ocurría la liberación. Esto último nos pareció irracional porque no tiene sentido mantener a una persona en ese sitio, contra su voluntad y hasta de manera salvaje”, explica el parlamentario.

El diputado destaca que se ha producido una cierta flexibilización de la política migratoria: entre el 31 de mayo y el 14 de junio el país anglosajón emitirá una tarjeta para regularizar el estatus de los venezolanos durante el período limitado. Después de ese proceso el primer ministro Rowley podría ser inclemente con los migrantes que no ingresen por puertos autorizados o los que infrinjan la ley. “Los problemas de los venezolanos son de ellos. Somos un país humano, nos importan y ayudamos, pero la ayuda que Trinidad y Tobago puede ofrecer debe ser limitada. Esta pequeña isla no puede dar la solución para los cientos de miles de emigrantes”, dijo. En contraste, el mandatario respalda al régimen de Venezuela. El motivo: un acuerdo de cooperación sobre gas con el país con las mayores reservas de petróleo del mundo.