Los empresarios nicaragüenses exigen a Ortega adelantar las elecciones

Las principales cámaras empresariales de Nicaragua cerraron filas esta semana para exigir al presidente Daniel Ortega el adelanto de las elecciones como salida a la profunda crisis política que golpea al país centroamericano, tras ocho meses de protestas que reclaman el fin del régimen y una violenta respuesta por parte del ex guerrillero sandinista, que ha dejado ya 325 muertos. Los representantes del sector privado advirtieron de que, de continuar la actual situación, la economía nicaragüense —la más pobre de Centroamérica— podría encaminarse al declive. El país ha perdido 750 millones de dólares en inversión extranjera, el turismo reporta pérdidas por otros 500 millones de dólares por la caída de las visitas de viajeros internacionales y el sector productivo vio reducido su financiamiento en 450 millones.

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A eso se suman más de 400 000 nicaragüenses desempleados, según el centro independiente de análisis Funides, y otros tantos que han tenido que acudir al sector informal de la economía. También afirmaron que ha aumentado la inseguridad en las zonas rurales del país, con la ocupación ilegal de miles de hectáreas de tierras privadas, que han dejado al menos 9.000 personas sin empleo y pérdidas superiores a los 17 millones de dólares en un país en el que el PIB es inferior a los 14.000 millones.

En ese contexto los empresarios firmaron una carta enviada al presidente Ortega en la que exigen reformas profundas al sistema electoral, controlado por el propio político sandinista y su entorno más cercano. También un adelanto de las elecciones generales, previstas para 2021. Además, reclaman que se reanude la denominada Mesa del Diálogo Nacional, mediada por la Iglesia, para lograr una salida a la crisis. Ésta fue suspendida por la negativa de Ortega de aceptar las condiciones que inicialmente se habían acordado con la opositora Alianza Cívica, una asociación sin filiación partidista que reúne a diversos colectivos, entre ellos los empresarios. El sector privado pide, además, que haya “garantes internacionales” en ese diálogo. Entre las instituciones que podrían actuar como observadores independientes se ha mencionado a la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea o el Sistema Centroamericano de Integración Económica (SICA).

“Exigimos el cese del Estado policial y se respeten las garantías y derechos constitucionales de todos los nicaragüenses”, se lee en el amplio informe presentado por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), en el que se documentan las consecuencias de la crisis política sobre la economía nacional. “Demandamos que el Estado y sus instituciones garanticen el irrestricto ejercicio de los derechos políticos de todos los ciudadanos a concentrarse, manifestarse y movilizarse, y no solamente de sus partidarios”, exigieron los empresarios, en referencia a los seguidores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que se mantienen apostados todos los días en los principales puntos de Managua, la capital.

La patronal exigió que el Gobierno libere a los más de 500 detenidos en el marco de las protestas, para que Nicaragua pueda tener, dijeron los empresarios, una “Navidad sin presos políticos”. También reclamaron al ex guerrillero sandinista que cese el acoso y hostigamiento a los periodistas y medios independientes. “No debe haber nunca más represión y censura a la libertad de prensa”, afirmaron.

Cambio de rumbo patronal

Hasta abril los empresarios habían mantenido una relación de estrecha colaboración con Ortega y su Ejecutivo, con el llamado “modelo de consenso”: las decisiones en temas macroeconómicos se tomaban entre la cúpula empresarial y los más cercanos al presidente. En cambio, cuando comenzó la represión gubernamental, la patronal rompió con ese modelo y se unió a los sectores opositores que exigían una salida negociada a la crisis.

Las cámaras empresariales incluso convocaron a una multitudinaria manifestación en Managua y respaldaron tres paros nacionales. También permitieron que sus trabajadores participaran en otras protestas pacíficas convocadas en la capital, como forma de presión contra Ortega. El mandatario acusó a los empresarios de ejercer “terrorismo económico” y los amenazó con enviar a policías a abrir los negocios si convocaban a un nuevo paro.

En una entrevista concedida a EL PAÍS a inicios de junio el presidente del Cosep José Adán Aguerri, admitió que el sector privado se había “equivocado” con Ortega y con el “modelo de consenso” que durante una década mantuvieron con el exguerrillero. “Si hubiera sabido que el resultado de todo este proceso iba a ser lo que sucedió a partir del 18 de abril [cuando comenzó la crisis], no hubiera apostado en ningún momento en esa ruta de trabajo”, dijo el jefe de la principal patronal del país centroamericano.

Está por ver aún si Ortega escucha las exigencias de la patronal. El mandatario mantiene su postura autoritaria, con una fuerte represión, asedio y agresiones contra los opositores. Este jueves la Asamblea Nacional —controlada por el propio presidente— continuó con la cancelación de la personalidad legal de organizaciones de la sociedad civil que el Ejecutivo sandinista acusa de haber apoyado lo que cataloga como el intento de un “golpe de Estado”. La apuesta de Ortega, al parecer, es mantenerse en el poder sin importar el costo económico y de vidas que eso represente para la sufrida Nicaragua.