No, secretaria Robles. La corrupción no tiene género

La estafa maestra —investigación periodística de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)— dejó al descubierto un fraude de 7.670 millones de pesos (unos 403 millones de dólares). Involucró a 11 instancias del Gobierno federal y a ocho universidades públicas que, en complicidad, decidieron desviar recursos públicos destinados a los más pobres. Un fraude que permanece impune, porque ninguno de sus responsables ha sido procesado pese a las pruebas que existen.

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Este martes, al menos, pudimos ver la primera comparecencia de un funcionario público para explicar al nuevo Congreso —o tratar de hacerlo— dónde quedaron esos millones. No se había dado antes una comparecencia similar. Y le tocó a Rosario Robles, quien fuera la responsable del combate a la pobreza en buena parte del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Robles, por supuesto, negó cualquier responsabilidad en el desvío millonario confirmado incluso por la Auditoría Superior de la Federación y durante siete horas dejó una decena de preguntas sin responder. No dijo nada de los documentos ni de las pruebas que demuestran que desde la dependencia que dirigió desaparecieron millones.

Pero no se quedó ahí. Sorprendió a todos cuando dijo que en la investigación periodística "se tomó la decisión editorial de poner el nombre y la cara de una mujer" y eso, dijo, "es violencia política de género".

Habría que recordarle a la funcionaria lo delicado que es hablar de violencia de género en un país en el que los cálculos más conservadores hablan de siete feminicidios diarios (y subrayo que son cálculos, porque no hay estadísticas suficientes para saber cuántos son en realidad). Un país en el que hay jueces que consideran que solo cuando hay mutilaciones en el cuerpo de la mujer y agresión sexual antes del asesinato se trata de un feminicidio.

En el que siete de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia a manos de su pareja, familiares, amigos o compañeros de trabajo y donde aumentan las denuncias por agresiones sexuales, pero apenas tres de cada 100 ataques terminan en castigo.

La violencia de género que tanto daña a México es la que nos obligó —como a muchas mujeres cada día— a mi hermana y a mi a salir corriendo del metro cuando, al regresar de la secundaria, a las dos de la tarde, un tipo decidió que podía acorralarnos y atacarnos, con la seguridad de que nadie haría algo; la que aterroriza y asquea a las periodistas cuando un político no deja de mirarte de forma lasciva y se toma el derecho de pedirte que salgas con él para darte una entrevista; la que hace que cualquier mujer sepa que usar el transporte público es correr un riesgo.

Eso nada tiene que ver con el desvío millonario de recursos públicos. Porque la corrupción no tiene género.

La investigación periodística estuvo dirigida a revelar la corrupción en el Gobierno de Enrique Peña Nieto y demostró que la dependencia responsable de otorgar recursos públicos a los más necesitados y olvidados de este país desapareció 2.000 millones de pesos (unos 106 millones de dólares). Nada más.

Más allá de géneros, se documentó corrupción, omisión, impunidad, cinismo...

Habría también que recordarle a Rosario Robles que México no ha dejado de caer en el Índice de Percepción de la Corrupción y que es uno de los países peor evaluados de América Latina y el peor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en esa materia; que el Gobierno al que pertenece se ha resistido a que exista una Fiscalía Independiente y un Sistema Anticorrupción que conduzca investigaciones para evitar y castigar fraudes como los de La estafa maestra.

En un país en el que las mujeres luchan cada día para no ser una más en la ola de feminicidios y de constante violencia de género en el hogar, el trabajo o la vía pública, lo menos que podemos pedirle a la secretaria de Estado es que no utilice la condición de género para huir de sus responsabilidades como funcionaria pública.