‘Mani pulite’ sindical en Argentina

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Marcelo Balcedo, titular de un gremio de auxiliares de escuelas, ocultaba en su mansión en Punta del Este 14 autos deportivos, medio millón de dólares, armas de guerra y hasta un zoológico. Humberto Monteros, líder de los trabajadores de la construcción en Bahía Blanca, Buenos Aires, cayó con casi 300.000 dólares junto a una decena de dirigentes. Otras detenciones igual de impactantes fueron las de Omar Caballo Suárez, un intocable que lleva casi 30 años como líder de los empleados de puertos, y Juan Pablo Pata Medina, veterano gremialista que resistió su caída atrincherado en la sede de su sindicato en La Plata. Es posible que el listado sume nuevos nombres, pero estos son suficientes para que Argentina viva un fenómeno judicial inédito contra los líderes de la estructura sindical argentina, la más poderosa de América Latina.

La captura de dirigentes sindicales acusados de corrupción no tiene antecedentes históricos en Argentina. El Gobierno asegura que no está detrás de las causas judiciales y mucho menos de las detenciones. “No tenemos una actitud persecutoria. Que actuemos en consecuencia cuando la Justicia nos pide intervención es solamente ser responsables y seguir lo que establece la ley. No hay voluntad manifiesta de ir detrás de tal o cual, como no lo hay en la órbita política o judicial”, dijo el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. El argumento oficial no convenció a todos y puso en guardia a algunos jefes sindicales, incluso entre los considerados dialoguistas con la administración de Mauricio Macri.

Uno de ellos, Luis Barrionuevo, del gremio de los gastronómicos, advirtió sin censura que el final anticipado es la suerte que puede esperar a cualquier presidente que ose enfrentarlos. “No le pisen la cola a león”, amenazó; y por si no había quedado claro, dio nombres: “A los sindicatos los atacaron los militares, [Raúl] Alfonsín (1983-1989) y [Fernando] De la Rúa (1999-2001) y no terminaron su mandato”. El Gobierno recibió el mensaje. “Los condicionamientos de Barrionuevo no nos impactan en lo más mínimo”, respondió Triaca. Pero el problema está ahí, oculto bajo las palabras.

El poder sindical es enorme en Argentina y Macri lo supo desde el primer día. Apenas asumió en diciembre de 2015 selló con ellos una tregua a cambio de la cancelación de una deuda millonaria que el Gobierno mantenía con las obras sociales sindicales. Fueron 2.000 millones de dólares que fueron a parar al sistema de salud que los gremios ofrecen a sus asociados, una de las bases de su popularidad. La tregua tuvo altos y bajos según las disputas internas en la Confederación General del Trabajo (CGT), que por falta de acuerdo está gobernada por un triunvirato. El pulso lo marca también la necesidad del Gobierno de aprobar en el Congreso una reforma laboral que reduzca “el costo argentino”, como le gusta llamar a los empresarios lo que le sale cada trabajador registrado.

La CGT impulsó hasta ahora dos huelgas generales contra Macri, muy pocas para un país como Argentina, en medio de la tensión que separa a los “halcones” de las “palomas”. La línea roja, detrás de la cual todos parecen acordar, es la reforma laboral. Los líderes de la CGT advirtieron que si la intención de Macri es una ley “a la brasileña”, no pasará. El proyecto de ley está congelado en el Congreso por falta de apoyo del peronismo, y será sin duda la principal batalla legislativa de Macri en 2018.

En este escenario avanza el mani pulite y Macri sabe que gana más de lo que pierde. “El Gobierno tiene tres patas que le dan identidad: la obra pública, la lucha contra la inflación y, la más compleja, la lucha contra las mafias. El macrismo se muestra como un Gobierno que combate las mafias de la policía, de la política y, ahora, de los sindicatos. Como tiene que mostrar todo el tiempo que da pelea encuentra enemigos sin voto. ¿Quién va a estar en contra de combatir a los sindicalistas corruptos? Los sindicatos son una de las instituciones con peor imagen desde hace más de 20 años”, dice Juan Germano, director de la consultora Isonomia. El marco de las detenciones no puede ser mejor. “El sindicalista cae con un Lamborghini, son todas imágenes muy fuertes y eso ayuda al Gobierno. Desde ese lugar se explica por qué carga contra los sindicatos”, explica Germano.

Balcedo, Medina, Suárez, Montero son todos apellidos conocidos, pero están lejos aún de ser los peces gordos del sindicalismo. Al tope de la lista está Hugo Moyano, exlíder de la CGT como representante de los camioneros, un gremio poderoso que ahora lidera su hijo Pablo. Avanza una causa judicial contra Moyano por el supuesto manejo negro de dinero de su sindicato en sociedad con el club Independiente, del que ahora es presidente. En una entrevista reciente con EL PAÍS, Pablo Moyano dijo que a su padre “lo están mirando con lupa desde el menemismo y si tuviera algo ya estaría en cana [en la cárcel]”. Para el heredero, “algunos muchachos se habrán mandado algunas macanas [errores]”, pero no entre los Moyano.

La lógica de la manzana podrida se repite en la CGT. Uno de los miembros del triunvirato, Juan Carlos Schmid, dijo a El PAÍS que los detenidos “son una vergüenza para el movimiento”, pero opinó que “por unas gotas sucias no se ensucia todo el océano”. “Hay miles de secretarios generales, miles de comisiones internas, de delegados. El ejemplo de cuatro o cinco no es todo el universo sindical”, dijo. La avanzada oficial es judicial, pero sus consecuencias son políticas. Además de la ley de reforma laboral, el gobierno tiene por delante la discusión anual por las subidas de salarios, en un país que cerró 2017 con casi 25% de inflación y espera bajarla a 15% en 2018. La gran pregunta es hasta donde tendrá espacio Macri para pisar la cola del león.