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El presidente Mauricio Macri quiere menos juicios laborales. Atento a los reclamos de los empresarios, llamó públicamente a combatir “la mafia” de los abogados y jueces que cada día “dejan a mucha gente sin trabajo”. Los empleadores, dijo semanas atrás, no toman trabajadores porque muchas veces temen “que su esfuerzo se vaya en estos comportamientos mafiosos". Macri apuntó sobre todo contra las decenas de miles de causas que se tramitan cada año, más de 185.000 en 2016 sólo en la ciudad de Buenos Aires. La cifra fue un 20% más alta que en 2015 y más del doble que los juicios iniciados hace diez años. Nadie lo dice a viva voz porque en octubre hay elecciones legislativas y es mejor evitar polémicas, pero el telón de fondo de la discusión es conocido: Argentina tiene un poderoso sistema sindical integrado por 6.400 gremios y leyes laborales heredadas del peronismo que los empresarios ven como el origen de todos sus males. La aprobación en Brasil de un nuevo régimen laboral, mucho más restrictivo para los trabajadores, dio nuevo impulso al debate.

Flexibilidad laboral son dos malas palabras en Argentina. Sobre todo porque atacan los cimientos de un sistema que trabajadores de todo el mundo consideran un ejemplo. La ley madre es el convenio colectivo aprobado en 1974, bajo un gobierno peronista. Dos años después, la ley fue cercenada en una tercera parte por los militares golpistas. Carlos Menem la limitó otra vez en los 90, cuando el imperio de las teorías neoliberales exigió reducir los costos laborales. Pero a partir de 2003, el kirchnerismo emprendió un largo pero persistente camino de reconstrucción que revivió el espíritu de aquella ley de los años 70. Bajo su sombre se animan las discusiones actuales. “En Argentina envidiamos el sistema de trabajo en Brasil”, dijo el abogado Héctor García, asesor de empresas en derecho laboral. “Hay objetivos comunes porque los dos, junto con México, tenemos problemas graves con los litigios laborales. Brasil tiene tres pleitos por cada diez trabajadores, Argentina tiene dos por cada diez y México uno cada diez. El resto de la región aparece muy abajo. Chile, por ejemplo, tiene 0,25 juicios cada diez empleados”, explicó.

No debe sorprender entonces el entusiasmo que despertó en Argentina la reforma brasileña. Los diarios económicos detallaron la nueva ley en sus portadas y hasta hubo decálogos con los puntos más destacables. El Gobierno no oculta que tiene el tema en agenda, pero tuvo que aclarar que los cambios que planea no afectarán a los trabajadores, según su lectura. “Lo vamos a hacer en base al consenso y al diálogo. No necesariamente implica una mayor vulnerabilidad del trabajador”, dijo el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, a radio La Red. En todo caso, las discusiones quedarán para después de las elecciones legislativas de octubre.

“La reforma en Brasil es todo lo que necesita Argentina: descentralizar la negociación colectiva, una jornada con banco de horas sin habilitación adicional y reducir la litigiosidad laboral”, opinó García. “La reforma en Brasil es tremenda”, dijo, en cambio, Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. “Permite que se negocie al menor nivel y por empresa, favoreciendo los convenios individuales. En Argentina se puede negociar en forma individual pero sólo cuando el acuerdo mejora el convenio general, porque existe el principio de la norma más beneficiosa: si hay dudas se aplica la que favorece al trabajador”, explicó el abogado.

Una ley como la brasileña es, además, un ataque a la verticalidad sindical argentina, basada en agrupaciones por actividad y no por empresa, grandes organizaciones capaces de plantar cara a las compañías más poderosas. Sin embargo, es un error pensar que esa es la foto que describe al sindicalismo argentino. En Argentina no hay 90 sindicatos, como se escuchó de boca de algunos empresarios brasileños durante las discusiones de la nueva ley, sino 6.400, ni son tan verticales como lo fueron en el pasado.

Sobre este escenario de cambios se escuchó el reclamo de Macri y su denuncia contra la “industria del juicio laboral”. Los dardos apuntaron sobre todo contra las causas judiciales abiertas por accidentes, porque “son las que tienen más impacto sobre los costos del trabajo”, dijo García. “El 70% de todos los juicios laborales que se inician en Argentina son por accidentes y eso aumenta la prima de riesgo de las aseguradoras (ART). Hay empresas que pagan hasta 20% de la nómina salarial a las ART, con el agravante de que los accidentes no están aumentando sino bajando, mientras los juicios crecen”. La denuncia del Gobierno fue que una “mafia” integrada por médicos, abogados y jueces fraguan las pruebas de muchos trabajadores que en realidad no están en condiciones de litigar. A cambio se quedan con una jugosa porción de las indemnizaciones que consiguen.

Los abogados laboralistas rechazan de plano las acusaciones oficiales y dicen que las fábricas no cierran por culpa de los juicios sino de la crisis económica. “Cada vez que hay ataques a los abogados y se habla de industria del juicio es que están pensando cambios en la legislación laboral. Lo hizo Cristina Fernández de Kirchner y lo hace ahora Macri”, dijo Cremonte. Las noticias que llegaron desde Brasil no hicieron más que agitar esos fantasmas.