El Supremo mexicano admite la primera controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior

Veintidós días después de la publicación de la Ley de Seguridad Interior —la norma que regula el uso policial del Ejército en México— el Supremo mexicano ha admitido el primer recurso de inconstitucionalidad contra la ley. La controversia fue presentada por el Ayuntamiento de San Pedro Cholula (Estado de Puebla, centro del país) a través de la síndica Esperanza Estela Chilaca. El municipio ha pedido que se invalide la ley por considerar que no toma en cuenta el papel de los gobiernos municipales como responsables de la seguridad de los ciudadanos.

“Somos muy claros de que hay una violación a la autonomía municipal. Dejaron fuera a los gobiernos municipales que somos el nivel más próximo y cercano a la población y que la Constitución de forma muy clara señala que la seguridad pública en el nivel de proximidad y prevención del delito es tarea de los Ayuntamientos. La militarización del país no es la solución para recuperar la paz y la tranquilidad que merecemos todas las familias mexicanas”, ha explicado José Juan Espinosa, alcalde de San Pedro Cholula, tras conocerse la decisión del Supremo.

El recurso de inconstitucionalidad fue presentado contra los artículos 2, 6 y 11 de la Ley de Seguridad Interior por “restarle facultades a los gobiernos municipales”, según ha explicado Espinosa. Al menos 12 elementos del Ejército vigilan las calles del municipio de San Pedro Cholula (129.000 habitantes) para inhibir la presencia del crimen organizado. El Ejército está en el municipio porque el Ayuntamiento pidió su apoyo en las tareas de seguridad pública y firmó un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional, reconoce el alcalde. “Los municipios tenemos que ser parte de la solución y no parte del problema”, apunta el edil que pertenece al partido Morena.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo será el encargado de elaborar el proyecto de resolución que se discutirá en el Supremo en los próximos meses. Varias organizaciones civiles, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) han advertido de que la ley permite el uso discrecional de la fuerza por parte del Ejército. Además señalan que el proyecto no prevé la retirada de los militares a sus cuarteles tras 11 años de guerra contra el narcotráfico. El Congreso mexicano aprobó en diciembre el documento sumando los votos de los legisladores del PRI y el PAN que argumentaron que después de una década la ley reconocía el papel de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico.

Los opositores a la ley pidieron entonces al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, que vetara la ley. Peña Nieto firmó su promulgación al mismo tiempo que reconoció que la decisión final sería tomada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En los próximos días podrían sumarse más acciones de inconstitucionalidad en el más alto tribunal mexicano, como el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el año 2000 el Supremo declaró constitucional la participación de la Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública cuando las autoridades civiles lo pidan.