La oposición presiona para anular las elecciones en el Estado mexicano de Coahuila

Algunos partidos políticos mexicanos están discutiendo la posibilidad de dejar a un lado sus diferencias ideológicas para acudir unidos a las elecciones presidenciales en 2018. Ese esfuerzo ya existe en Coahuila, un Estado al norte de México. Cuatro excandidatos han conformado el Frente por la dignidad para repudiar el triunfo del PRI en las elecciones del 4 de junio y exigir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) anular la elección por diversas irregularidades. Los magistrados tienen hasta el 30 de noviembre para emitir una opinión. Por lo pronto, los políticos del Frente local han demostrado que nada une más que la derrota.

Sentados a la mesa en un restaurante de la Ciudad de México, los cuatro aspirantes a la gobernatura muestran sincronía y coincidencia de pensamiento. Representan el 60% de los votos que emitieron los coahuilenses. Guillermo Anaya, del PAN; Armando Guadiana, de Morena; José Ángel Pérez, del Partido del Trabajo y el independiente Javier Guerrero se dan la palabra, se escuchan con respeto y complementan los pensamientos los unos de los otros. Toda una anomalía en un clima político nacional marcado por la crispación y los ataques.

Todos tienen una creencia firme. “Nos une la indignación y cómo se quiere hacer un fraude de autoridades coludidas con la corrupción”, dice Guillermo Anaya, que quedó en segundo lugar a 30.000 votos (2,44%) de Miguel Riquelme, el candidato del PRI y gobernador electo hasta el momento. Una de las propuestas de Anaya, que ha perdido las elecciones locales de 2011 y 2017, es enviar a prisión a Humberto Moreira (2005-2011). Este polémico exgobernador del PRI generó a Coahuila una deuda de 1.870 millones de dólares en su Administración y heredó el cargo a su hermano mayor, Rubén. Los Moreira han moldeado las instituciones de la región a su antojo por más de una década en medio de acusaciones de enriquecimiento ilícito, corrupción y vínculos con el narcotráfico. Ninguno de estos señalamientos ha sido acreditado en un tribunal.

El independiente Guerrero, que logró el 8% de la votación con más de 100.000 sufragios, considera que existen elementos suficientes para que el Trife anule la elección. El exmilitante del PRI asegura que hay más de 200 pruebas de 14 agravios. “Se ha comprobado el robo de urnas, que se rompió la cadena de custodia de paquetes electorales, que 4.000 funcionarios de casilla fueron suplantados con beneficiarios de programas sociales del PRI”. El 23% de los paquetes electorales presenta alguna irregularidad, afirma.

Sin embargo, el debate sobre la anulación de la elección de Coahuila se ha centrado en un solo tema: el gasto de campaña del candidato del PRI. En julio, la unidad de Fiscalización de la autoridad electoral, el INE, determino que Riquelme rebasó el tope de gasto un 9,2%. Eso es causal de anulación si la diferencia entre el primero y segundo lugar de la elección es menor al 5% de los votos, de acuerdo con una reforma política a la Constitución hecha en 2013. El Trife, no obstante, devolvió el dictamen al INE pidiendo revisar el dictamen por supuestos gastos de propaganda generados por 84 vídeos de propaganda publicados en Facebook.

Eso causó suspicacias entre los políticos de oposición, que hoy esperan una sentencia de una institución en la que no creen. “No le tengo nada de confianza al tribunal”, dice el morenista Guadiana. “Sentimos los dados cargados hacia el PRI, hacia el sistema”, agrega Guerrero. Y Anaya remata: “Queremos que los magistrados no se dejen presionar por el presidente [Enrique Peña Nieto] ni por el Gobierno”.

No solo la oposición hace lobby para anular las elecciones en Coahuila, un Estado que no conoce Gobierno que no sea del PRI. El presidente de este partido, Enrique Ochoa, visitó el tribunal este lunes para defender el triunfo de Riquelme. “Los 84 vídeos aludidos de Facebook ya fueron fiscalizados… Cinco de ellos ya fueron sancionados en su momento y la gran mayoría, una vez que fueron revisados en la fiscalización que concluyó el 17 de julio, el INE acreditó que no tenían consecuencia jurídica alguna”, dijo el dirigente, que trabajó durante dos años en el centro de capacitación del tribunal, lo que ha generado suspicacias.

La decisión del Trife es importante porque puede sentar un precedente sobre los gastos de campaña rumbo a los comicios de 2018, los más grandes en la historia de México. El 1 de julio será elegido un presidente, un nuevo Congreso, nueve gubernaturas y 2.777 cargos locales. Si el tribunal anula la elección local, el gobernador Moreira debe nombrar a un mandatario interino y esperar a que el INE haga una convocatoria de elecciones que podría empatarse con el proceso de 2018. En enero, no obstante, un nuevo Congreso local asume el poder con una mayoría simple de la oposición. Es la primera vez que esto ocurre en esa región.

“El tribunal tendría que hacer una barbaridad para no anular”, dice Guerrero. “Sería el prefacio al gran fraude que el PRI quiere cometer el próximo año”, agrega Guadiana. Está por verse si la unidad de la oposición local resiste al 2018, un año de batallas políticas decisivas.