Odebrecht en México, un asunto de nietos

Pese a que México estaba incluido entre los países en los cuales Odebrecht repartió cuantiosos sobornos, la clase política local había logrado surfear el oleaje del tsunami que tantos escándalos provocó en Brasil, Argentina, Ecuador, Perú y República Dominicana. Los dirigentes de la empresa brasileña reportaron haber entregado poco más de 10 millones de dólares al titular de Pemex y, no obstante, las autoridades mexicanas escuchaban el dato como si se anunciara que Plutón ya no era planeta, sino asteroide. Hasta que llegó Santiago Nieto y encendió la pradera.

El fiscal para delitos electorales interpretó que poco menos de dos de esos 10 millones de dólares le fueron entregados a Emilio Lozoya cuando este fungía como coordinador de asuntos exteriores de la campaña de Enrique Peña Nieto a la presidencia en 2012. El propio candidato y luego presidente electo se reunió en tres ocasiones con representantes de esa empresa durante esos meses, afirma la prensa. Santiago Nieto no necesitó más para iniciar una investigación contra Emilio Lozoya por la presunta aplicación de recursos ilícitos al financiamiento de la campaña. Meses más tarde, la propia Procuraduría Federal se vio obligada a abrir una indagación sobre los otros ocho millones de dólares que Lozoya habría recibido cuando fue titular de Pemex (renunció en febrero del año pasado).

No es la primera investigación que se efectúa contra uno de los miembros más cercanos al círculo presidencial, pero sí la más incómoda. En los primeros años del sexenio tanto la primera dama como el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, habían sido objeto de una investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública de la cual fueron plenamente exonerados. La oposición se quejó de que el responsable de la investigación era, a su vez, un amigo de los acusados. Para desgracia de Lozoya, ahora se trataba de un fiscal independiente.

El escándalo ha sido enorme, pero el PRI está dispuesto a pagar la factura política del descrédito

Tampoco es el primer dolor de cabeza que Santiago Nieto provoca en el círculo presidencial, pero sí el más grave. Hace unos días, cuando reveló públicamente que Lozoya le había presionado para ser exonerado, la PGR aprovechó la ocasión y cesó a Nieto de manera fulminante bajo la acusación de haber violado el secreto profesional de una investigación en proceso.

La medida fue interpretada como una decisión política del más alto nivel. Algunos consideraron que era un exabrupto presidencial, una revancha personal. Creo, más bien, que se trata de una estrategia perfectamente calculada. El daño que ha causado Santiago Nieto a la élite política es ínfimo con respecto al que puede provocar en los próximos meses a lo largo de la campaña presidencial que culmina el próximo verano.

Tal como están las cosas, el enemigo a vencer es el candidato de oposición Andrés Manuel López Obrador, favorito de las encuestas. El PRI carece de una figura popular para oponerle y acusa niveles de desaprobación históricos. La única posibilidad que tendría el partido oficial para retener el poder reside en fragmentar el sufragio antipriista, movilizar su voto duro a partir de programas clientelares y montar una campaña negativa de proporciones mayúsculas en contra de López Obrador (“imitador de Chávez y Maduro”). En otras palabras, recurrir a una ingente batería de estrategias, muchas de las cuales calificarán como delitos electorales. Deshacerse del fiscal incómodo resultaba, entonces, un imperativo categórico.

El escándalo ha sido enorme, pero el PRI está dispuesto a pagar la factura política del descrédito. Prefiere tragarse el sapo ahora que perder las elecciones después. Para el primer círculo se trata no sólo de un asunto de poder, podría entrañar el riesgo de enfrentar cárcel al final del sexenio, en caso del arribo de un López Obrador en modalidad justiciera.

La historia aún no termina. El Senado puede revertir el despido de Nieto y reinstalarlo en su puesto; basta mayoría simple. La oposición cuenta con 65 miembros y el PRI y sus aliados con 63. Pero este martes, de manera sorpresiva, la Junta de Coordinación de la Cámara alta decidió que la votación sobre el caso Nieto fuese secreta. Esto permitiría al PRI doblar la mano de senadores indecisos que estarían dispuestos a negociar su voto, a condición de que no se hiciera público. La oposición asegura que paralizará al Senado si no se revierte el dictamen para que el voto sobre el despido de Nieto se haga abierto. Entre otras cosas, esta “huelga” boicotearía la aprobación del paquete presupuestal del próximo año fiscal.

El pulso Nieto-Peña Nieto aún está lejos de haberse resuelto y amenaza con convertirse en telenovela. El final de temporada, infamias y traiciones incluidas, promete ser climático.

@jorgezepedap