La crisis del último desaparecido reactiva las demandas indígenas en Argentina

En Argentina hay más de 200 conflictos indígenas por resolver. En su mayoría son disputas territoriales frente a terratenientes, grandes corporaciones y el Estado. En 2006, el Congreso argentino aprobó una ley que preveía realizar en tres años un informe de las más de 1.500 comunidades indígenas distribuidas por todo el país y dejaba en suspenso todos los desalojos. Once años después, se ha censado menos de la mitad y el Senado acaba de aprobar por unanimidad una tercera prórroga de la ley por otros cuatro años, que debe ser aprobada también por Diputados. El lento recuento de las comunidades indígenas refleja el escaso interés gubernamental por las reivindicaciones de los pueblos originarios, pero esa indiferencia se truncó hace dos meses. El 1 de agosto, el artesano Santiago Maldonado desapareció durante un operativo de Gendarmería contra mapuches que reclaman tierras en la Patagonia a la multinacional italiana Benetton.

Nadie ha vuelto a ver a Maldonado, pero su desaparición no sólo ha provocado una movilización multitudinaria para saber dónde está, sino también ha puesto en la agenda pública la existencia de numerosos conflictos indígenas que esperan una respuesta del Estado. "No tenemos más dónde recular. No es una cuestión de valentía ni de resistencia, es una cuestión de justicia. Es injusto que haya un empresario con un millón de hectáreas y un pueblo mapuche que no tiene dónde vivir", dijo a los medios el líder mapuche Roberto Ñancucheo durante la manifestación del lunes frente al Congreso para exigir la prórroga de la ley 26.160 de emergencia indígena.

Luciano Benetton es propietario de unas 900.000 hectáreas en la Patagonia argentina. Los mapuches reclaman una pequeña parcela de sus tierras cerca de Esquel, en la provincia de Chubut. La Constitución nacional permite la reclamación de tierras a los pueblos originarios, preexistentes al Estado argentino, pero Benetton rechaza el derecho ancestral al que apelan los mapuches y asegura que vinieron de Chile. "Acá son tan inmigrantes como mi abuelo", dijo a EL PAÍS hace unos meses Ronald McDonald, administrador general de la empresa de Benetton, Compañía de Tierras del Sud Argentino. Los mapuches niegan el argumento y recuerdan que sus antepasados fueron perseguidos, humillados y asesinados durante la denominada Conquista del Desierto. "El Estado argentino tiene una deuda de 200 años con los pueblos originarios", dice Ñancucheo.

"No hubo un solo gobierno que pondere a las comunidades indígenas contra los privados; ni Menem, ni Kirchner, ni Alfonsín, ni De La Rúa. El último fue Perón y desde el regreso de la democracia ningún gobierno se lo tomó en serio", afirma Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) en Argentina. "Este Gobierno ha manifestado voluntad política de hacer el relevamiento, pero que se haya llevado adelante no me consta. Es cierto que durante estos casi dos años se dedicaron a ordenar el INAI", agrega en referencia al Instituto de Asuntos Indígenas, a cargo del censo.

Intereses económicos

La población indígena argentina asciende a 955.000 personas, el 2,38% de la población, según el último censo nacional, de 2010. Está repartida por toda Argentina, pero con mayor presencia en el norte y el sur. "En las provincias del norte, los conflictos tienen que ver con intereses de criollos en terrenos que los indígenas consideran propio y gobernadores en connivencia con esos privados; en el sur, son intereses más pesados, porque están involucradas corporaciones internacionales, sobre todo, mineras y petroleras. Ahí, el interés es del gobierno nacional y en ese caso el mejor ejemplo es Vaca Muerta", analiza Belski. Vaca Muerta es un inmenso yacimiento de gas y petróleo no convencionales en el sur argentino con el que el Gobierno argentino espera atraer inversiones multimillonarias, pero los mapuches disputan al Estado parte del territorio.

"Los indígenas pelean por sus tierras y la única manera de visibilizarse es cortando rutas, por lo que reciben represión, pero no sólo represión, se les inventa una cantidad de causas que los criminaliza, hasta por violencia sexual o robo. No es solo 'te pego porque estas cortando la ruta' sino que también 'te censuro y te silencio con la justicia'", denuncia la directora ejecutiva de AI.

Benetton sostiene que detrás de los mapuches que reclaman tierras hay una organización, Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que usa métodos muy violentos y le gustaría que el Gobierno argentino fuese tan duro como el chileno, que les aplica la ley antiterrorista. Eso no forma parte de los planes de Macri, pero tampoco la cesión masiva de tierras. "Nuestra decisión es total y absoluta de no permitir que en la Argentina se asiente un grupo que utilice la violencia como forma de acción y quiera imponer una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina", señaló la secretaria de Seguridad, Patricia Bullrich, el pasado agosto.

Durante el debate en la Cámara Alta el lunes, el senador macrista Luis Naidenoff precisó que según la INAI hay 1.432 comunidades, pero sólo 459 tienen el relevamiento culminado. Después de años de indiferencia, el oficialismo promete culminar la tarea "en dos años y medio". Una vez esté completo el mapa, esperan nuevos desafíos.

Bayer: "Argentina se avergüenza de sus raíces indígenas"

El escritor, periodista e historiador Osvaldo Bayer ya escribió hace 60 años sobre la reivindicación de tierras de los mapuches en las cercanías de Esquel en el diario La Chispa, que acaba de ser reeditado en edición facsimilar. Bayer sostiene que nada ha cambiado desde entonces y Argentina "niega, desprecia y persigue a los pueblos originarios". "La Argentina siempre se sintió orgullosa de ser europeízante, de ser hija de europeos -de españoles e italianos, sobre todo-, pero también es grande el origen indígena y no se le da ninguna importancia. Argentina se avergüenza de sus raíces indígenas", opina.

La idea de que los mapuches no son argentinos sino chilenos ha tenido cierto eco en las discusiones de estos últimos dos meses por las redes sociales. También se ha cuestionado a uno de los líderes mapuches, Fernando Jones Huala, por ser flogger durante su juventud en Buenos Aires, como se conoció a los jóvenes que tenían blogs de fotos.