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TRIBUNA

Los terremotos y la crisis política que viene

A diferencia de hace 32 años, esta vez la sociedad civil está mejor organizada e informada, y la clase política en su conjunto padece una radical crisis de credibilidad y de legitimidad

El conmovedor despliegue de solidaridad con las víctimas de los recientes terremotos por parte de decenas de miles de ciudadanos, especialmente jóvenes, demuestra que hay en México una sociedad civil capaz de movilizarse y deseosa de participar en la vida pública. En el nuevo escenario de organización ciudadana, basada en las redes sociales y el acceso inmediato a la información, la escasa capacidad de gestión de los gobiernos federal y estatales ha quedado exhibida. La manifiesta desconfianza de la ciudadanía en las instituciones y su súbita activación puede tener consecuencias importantes en las elecciones del próximo año.

Los terremotos han puesto frente a frente a una ciudadanía generosamente entregada a la ayuda a las víctimas y un gobierno que ha tratado de reaccionar rápido ante la emergencia para no perder la iniciativa y el comando de las acciones. Sin embargo, es patente que la ciudadanía no va a entregar al gobierno el manejo de la crisis ni va a volver a sus casas fácilmente, pues no tiene confianza en las instituciones.

¿Cómo dejar que el gobierno de la Ciudad de México, al que le caben responsabilidades por haber autorizado la construcción de edificios habitacionales y escuelas que no cumplían los estándares mínimos, y que ha permitido la especulación urbana más aguda de la historia, se haga cargo de la reconstrucción de la atribulada ciudad, que por cierto ofrecerá nuevos y jugosos negocios a las inmobiliarias?. ¿Cómo permitir que el gobierno federal, cuyo titular, el presidente Peña, ha sido incapaz de sancionar al Secretario de Comunicaciones y Transportes por innumerables casos de corrupción y mala calidad de las obras públicas, se haga cargo de reconstruir puentes, carreteras y escuelas que ya fueron mal hechas desde el principio? ¿Cómo permitir que gobiernos estatales y locales probadamente corruptos e ineficientes manejen la distribución de créditos para la reconstrucción de viviendas y las inversiones públicas necesarias para reconstruir hospitales y escuelas igualmente mal construidas?. Y esto sin mencionar el potencial uso político del proceso de recuperación por parte del gobierno y de los partidos en plena temporada electoral.

A diferencia de hace 32 años, esta vez la sociedad civil está mejor organizada e informada, y la clase política en su conjunto padece una radical crisis de credibilidad y de legitimidad. Tenemos años de denuncia de la corrupción sistémica del régimen, pero la clase política se niega a permitir la construcción de instituciones que la combatan efectivamente y ha bloqueado el nombramiento urgente y necesario de un fiscal anticorrupción verdaderamente independiente. Se exige también hace mucho la creación de una fiscalía federal autónoma, pero el régimen hace todo tipo de trampas para evitarlo. El país está hastiado de la corrupción y de su contracara, la impunidad, razón por la cual el gobierno federal y los estatales no tendrán ni siquiera el beneficio de la duda en el manejo de la reconstrucción. Sus actos van a ser observados y vigilados minuciosamente.

Por su parte, los partidos políticos compiten en un torneo de demagogia sobre cuál está dispuesto a ceder una parte proporcionalmente mayor de su subsidio público para las labores de reconstrucción. Sin embargo, la ciudadanía no cree en su sinceridad, y la falta de acuerdo entre ellos sobre los tiempos y modalidades en que su presupuesto puede ser transferido llevará a un nuevo conflicto que profundizará la desconfianza ciudadana en plena antesala electoral.

La única forma en que el gobierno federal y los estatales pueden atender esta emergencia sin sospechas de clientelismo y de corrupción es creando uno o varios comités ciudadanos de vigilancia de las inversiones a realizarse, y tratar de actuar con la mayor transparencia. Pero para una clase política que necesita ocultar sus fallas regulatorias y usar electoralmente la reconstrucción será casi imposible aceptar el control ciudadano. Sin embargo, no hacerlo abrirá una brecha de legitimidad insalvable cuyas consecuencias son imprevisibles.

Alberto J. Olvera es Investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana