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Italia aprueba la extradición del exgobernador mexicano Tomás Yarrington

La defensa del político, acusado de narcotráfico, estudia recurrir la medida

Tomás Yarrington en un evento de 2005.
Tomás Yarrington en un evento de 2005.CUARTOSCURO

Un tribunal italiano ha aprobado este jueves la extradición de Tomás Yarrington. El exgobernador del norteño Estado de Tamaulipas entre 1999 y 2004 fue detenido en este país acusado de narcotráfico el pasado 9 de abril. La defensa del político, conocido por sus vínculos con el cártel del Golfo y los Zetas y su estrecha relación con el expresidente de EE UU George Bush cuando era gobernador de Texas, ya ha anunciado que es probable que recurran la medida.

El exgobernador, que estuvo prófugo de la justicia durante cinco años, tiene causas abiertas tanto en México como en Estados Unidos, pero las fiscalías de ambos países acordaron que sea juzgado primero en el país del norte. Allí está acusado de lavar dinero del narco durante su mandato en Tamaulipas.

El Tribunal de Apelación de Florencia, que ha aprobado la extradición, emitirá en 15 días las motivaciones de esta decisión. Será entonces cuando la defensa se plantee apelar la medida ante el Triubunal Supremo de Italia. Según ha asegurado a la Agencia Efe uno de los abogados de Yarrington, Luca Marafioti, el exgobernador se encuentra sereno y tranquilo y le ha transmitido su decepción, ya que "confiaba mucho en la justicia italiana".

Nacido en 1957, Yárrington fue detenido en un restaurante de lujo en Florencia. Portaba documentación falsa que lo identificaba como un empresario mexicano llamado Morales Pérez. El exgobernador del PRI llegó al poder con 42 años tras haber sido alcalde de su ciudad, Matamoros, entre 1993 y 1995. El pequeño Bush decía de él que "no era su amigo sino su compadre", aseguró el expresidente en una entrevista.  

Pese a que un juez federal mexicano emitió dos órdenes de captura contra Yarrington hace cinco años, la Fiscalía mexicana no comenzó su búsqueda efectiva hasta el año pasado cuando lanzó una recompensa de 15 millones de pesos (unos 728.000 de dólares) por su captura.

Su sucesor como gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández (PRI), también fue acusado de lavado de dinero, y actualmente afronta un proceso penal en una corte federal estadounidense.

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