Guatemala da marcha atrás en la reforma de una ley anticorrupción

El Parlamento de Guatemala  retiró este jueves una reforma al Código Penal, aprobada el miércoles, relacionada con el financiamiento ilícito de los partidos, que hubiera permitido al presidente, Jimmy Morales evadir las acusaciones de la Cicig, la misión anticorrupción de la ONU en el país centroamericano, sobre el financiamiento de la campaña que lo llevó al poder en 2015.

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Hace apenas dos días, el Congreso había impedido que Morales fuera investigado por delitos electorales con una votación a favor de mantener la inmunidad de la que goza como presidente. La polémica reforma del Código Penal del miércoles protegía a los secretarios generales de los partidos, algunos ya con procesos abiertos por ese delito, pero el Legislativo se vio obligado a retirarla ante la presión ciudadana.

Con la reforma incurría en un delito “quien recibiera o autorizara recursos provenientes del crimen organizado o el narcotráfico” y los responsables directos ya no eran los secretarios generales de las formaciones, como hasta ahora, sino los encargados de llevar la contabilidad, quienes quedaban sujetos a penas de cárcel que oscilaban entre uno y tres años, conmutables con el pago de una multa. Los legisladores habían aprovechado la fecha, vísperas de la conmemoración de la independencia, el 15 de septiembre de 1821, para introducir este proyecto tras un único debate.

Embajada de EE UU

Entre los ponentes de la ley estaba el diputado Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE, que hace dos legislaturas llevó a Álvaro Colom al poder), a quien la Fiscalía pide que quede despojado de su inmunidad para ser investigado, precisamente, por anomalías en el financiamiento de las últimas campañas de esa organización.

La reacción de indignación por la reforma había sido generalizada. Nada más conocerse la noticia, la Embajada de EE UU colgó un tuit en el que señalaba que mientras la falta de escuelas, las carreteras intransitables y los hospitales sin medicinas no merecen la atención de los diputados, habían reformado con urgencia el delito de financiación electoral.

“Con esta medida, tendente a devolver a Guatemala su condición de país de la eterna impunidad, los diputados subestiman a la población y a la comunidad internacional”, decía a EL PAÍS el presidente de Acción Ciudadana, el capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, Manfredo Marroquín. Y agregaba que el Congreso había dado claras señales de estar subordinado a las redes corruptas implicadas en las investigaciones de la Cicig.