Represión fiscal o la política por vía trapera
Las fundaciones y cuentas bancarias de un empresario mexicano crítico de Peña Nieto han sido objeto de auditorias fiscales tan severas como arbitrarias, afirma 'The New York Times'
Pocos mexicanos conocen a que obedece la X en el nombre de Claudio X. González, pero la mayoría sabe quién es este polémico y millonario filántropo, crítico del Gobierno de Enrique Peña Nieto. Desde este miércoles, y gracias a un artículo de The New York Times, ahora también sabrán de él en círculos financieros y políticos del resto del mundo.
Según la pieza del diario neoyorquino, las fundaciones y cuentas bancarias del empresario mexicano han sido objeto de auditorías fiscales tan severas como arbitrarias, en lo que podría ser leído como un acto de venganza e intimidación. Si bien es cierto que existe un mecanismo que permite a las autoridades fiscales, el SAT, emprender auditorías de manera aleatoria, el hecho de que 11 de sus empresas y su contabilidad personal hayan comenzado a ser investigados el mismo día escapa a cualquier coincidencia (un matemático consultado ofreció la probabilidad estadística: una en 200 cuatrillones).
Claudio X. González, miembro de una de las familias más ricas del país, ha sido desde hace años la cabeza de una corriente de la iniciativa privada exasperada por la corrupción endémica y la ineficiencia del sector público. Presidió durante algún tiempo la organización Mexicanos Primero, que lanzó una profunda y documentada crítica al sistema de educación del país. Hace casi dos años fundó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, un think tank dedicado a investigar y exhibir delitos y corruptelas en las altas esferas, incluso en el círculo más cercano al presidente Peña Nieto. Varios de los reportajes financiados por la organización se han convertido en verdaderos escándalos y dolores de cabeza para la actual administración.
La nota de The New York Times es la primera revelación formal de un posible uso político de la maquinara fiscal, aunque desde hace meses algunas ONG críticas se quejan de una rudeza innecesaria de parte del SAT. Propietarios de medios de comunicación independientes han comentado en círculos informales haber sido inundados por auditorías tan inexplicables como extenuantes. La miscelánea fiscal mexicana es tan compleja que puede convertir en defraudador a cualquier contribuyente si la lectura del auditor así se lo propone. Una espada de Damocles muy conveniente para la autoridad en contra de sus críticos.
En julio de 2016 ONG internacionales revelaron que una decena de periodistas habían sido intervenidos por un sofisticado programa israelí llamado Pegasus, adquirido por el gobierno para "espiar al crimen organizado". Varios reporteros investigadores de Mexicanos Contra la Corrupción formaban parte de esa lista. Ese mismo año, en alguna reunión a puerta cerrada entre empresarios y el presidente Peña Nieto, Claudio González, padre del filántropo, recibió un reclamo de parte del mandatario por las actividades "irresponsables" de su hijo. Entre otras cosas, Claudio X. había asegurado en un panel que si existiera un Salón de la Fama de la Infamia, Peña Nieto calificaría en el top ten.
La intolerancia de parte de Los Pinos a la crítica no es un tema reciente. La novedad, más que alarmante, es la posibilidad de que haya comenzado a utilizarse a la temible maquinaria hacendaria como mecanismo de disuasión o represión en contra de la disidencia. Una estrategia autoritaria que México había abandonado desde hace años de cara a la profesionalización y despolitización del aparato fiscal. En los últimos sexenios, incluso, se había puesto en boga (aunque no siempre se cumpliera) designar como ministro de asuntos hacendarios a un técnico apartidista, desvinculado del grupo político que reside en Los Pinos.
Quisiéramos creer que Hacienda no se ha convertido en un brazo político intimidatorio del régimen. El daño a la credibilidad de institucional sería mayúsculo; algo que podríamos esperar en el Gobierno autoritario de la Venezuela de Nicolás Maduro. El hecho de que José Antonio Meade, titular de esta cartera, sea uno de los principales aspirantes a la candidatura priísta por la presidencia, necesariamente baña de una lectura política cada uno de sus actos. Una razón adicional para transparentar las acciones del SAT y asegurar que no existe un criterio político en sus acciones. Algo huele mal y habría que apresurarse a ventilarlo antes de que el daño sea irreversible.
