La oposición venezolana mide el rechazo al proceso constituyente de Maduro

La oposición al Gobierno de Venezuela intentará demostrar el domingo por qué las encuestas afirman que son abrumadora mayoría. Después de más de 100 días de continuas protestas contra el presidente Nicolás Maduro, se preparan para participar en un referéndum consultivo que busca medir el rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente, la solución del régimen chavista a la ausencia de diálogo y a la violencia política. Es el desafío más elevado de los adversarios del régimen desde que comenzaron las manifestaciones y el comienzo, según han afirmado sus voceros, de una etapa de mayor presión para forzar una resolución al conflicto.

Convocada por la Asamblea Nacional, que controla la oposición, y organizada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la consulta popular tendrá como garantes a los rectores de las principales universidades y a cinco expresidentes de América Latina: Jorge Quiroga (Bolivia), Vicente Fox (México), Andrés Pastrana (Colombia), Laura Chinchilla (Costa Rica) y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica). La alianza busca darle mayor legitimidad a su reclamo de elecciones adelantadas, liberación de presos políticos y respeto a las competencias del Parlamento.

El referéndum consultivo consta de tres preguntas: a) ¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela?; b) ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?; y c) ¿Aprueba la renovación de los poderes públicos, así como la realización de elecciones libres y la conformación de un gobierno de unión nacional? La MUD promueve el Sí en las tres interrogantes.

El Gobierno ha tachado de ilegal el proceso no solo porque está vigente el veto del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a la Asamblea Nacional, que la considera en desacato, sino porque la votación no está organizada por el Consejo Nacional Electoral. Según ese razonamiento el resultado no sería vinculante, aunque la oposición dice que sí lo es porque el Parlamento está facultado para convocar consultas según la Constitución.

Los dimes y diretes legales son una expresión menor dentro del significado de la consulta. Si la oposición, que se ampara en el artículo 350 de la Constitución, que le da derecho a desconocer al régimen que contraríe la democracia y menoscabe los derechos humanos, logra convocar a los millones de personas que los respaldan la gesta tendrá un enorme peso político y será un golpe muy duro para Maduro. La consulta es definida como un “acto de rebeldía y de desobediencia civil”.

Poco han importado las formas a la hora de conseguir ese objetivo. No hay un padrón electoral claro y no es posible impedir que una persona vote varias veces. Para la MUD lo importante es obtener imágenes impactantes de los venezolanos esperando su turno para participar. La firma Datincorp aseguró en su más reciente estudio que hasta 8 millones de venezolanos mostraron su intención de participar en el evento, aunque es un número optimista. Habrá 2.033 puntos habilitados tanto en Venezuela como en el exterior.

Las votaciones del domingo serán las primeras tras la abrumadora victoria obtenida por los candidatos opositores en las elecciones parlamentarias de 2015. El gobierno se niega desde entonces a medirse en cualquier tipo de consulta. El año pasado bloqueó la iniciativa de un referéndum revocatorio del presidente Maduro y postergó por un año las elecciones de gobernadores. La consulta popular puede ser también vista como una manera creativa de proseguir con las manifestaciones a la misma vez y en varias partes del mundo.

Durante toda la semana el régimen amenazó con bloquear la consulta a través de sus aliados del Tribunal Supremo de Justicia. Conatel, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, entretanto, instó a los medios audiovisuales a limitar la cobertura con la amenaza de retirarles la concesión. Finalmente, el Consejo Nacional Electoral, que también controlan, ha optado por convocar para el mismo día el simulacro de las votaciones para la Asamblea Nacional Constituyente.

Maduro sigue contra viento y marea con su plan de reescribir la Constitución y purgar a las instituciones de antichavistas, a pesar de los llamados en contra de la Conferencia Episcopal Venezolana y de algunos gobiernos de la región. Siete de cada diez venezolanos, según la encuestadora Datanálisis, rechazan la propuesta. La oposición no participará en ese proceso y se teme que, de instalarse, los 545 delegados dejen sentadas las bases para el reinado perpetuo de la autodenominada revolución bolivariana. Venezuela vive en vilo eterno.