Maduro arrincona a la fiscal general y nombra una ‘número dos’ sancionada por EE UU
El Supremo designa una nueva vicefiscal, Katherine Harrington, y da un plazo de cinco días para una posible destitución de Luisa Ortega
La guerra entre el régimen de Nicolás Maduro y la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ya es total. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) nombró este martes a una nueva vicefiscal, Katherine Harrington, sancionada por EE UU, y ha dejado en suspenso el destino de la fiscal general de la República que se ha pronunciado en contra del Gobierno durante las protestas. Después de la audiencia de este martes ante 32 magistrados de la Sala Plena, el presidente del Supremo, Maikel Moreno, ha anunciado que en los próximos cinco días se conocerá si la máxima representante del Ministerio Público podrá ser enjuiciada y eventualmente destituida de su cargo.
Ortega Díaz no acudió a la vista porque consideró que con su presencia “convalidaría un circo que teñiría la historia de Venezuela de vergüenza y dolor”. “La decisión está cantada y no los reconozco (a los togados)”, ha agregado, en una clara alusión a su casi segura destitución. “No he cometido delitos ni faltas, y no me someteré a este tribunal inconstitucional e ilegítimo. Quieren intimidarme, callarme para que no siga diciendo verdades. Todavía persiste en Venezuela la ruptura del orden constitucional (…) Esto es un golpe de Estado, más grotesco que el de Pedro Carmona”, ha asegurado, al comparar la solicitud de un juicio en su contra con el breve golpe de Estado que en 2002 desalojó al entonces presidente Hugo Chávez durante 72 horas.
En la audiencia intervinieron el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Pedro Carreño, principal demandante, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, el Contralor General, Manuel Galindo, y un defensor de oficio nombrado por el tribunal. Durante la vista, los demandantes trataron de demostrar que Ortega Díaz había incurrido en faltas graves al negar que hubiera participado en la reunión del Consejo Moral Republicano, que seleccionó a los 17 magistrados incorporados al Supremo a finales de diciembre de 2015, en vísperas del cese del Parlamento controlado por el chavismo.
El régimen necesita dar la impresión de que las instituciones funcionan y se procede conforme al derecho. La deserción de Ortega Díaz ha dejado en evidencia que el Gobierno de Maduro es capaz de simular que cumple con la ley si está en juego su permanencia en el poder. La afinidad entre el Supremo y el Ejecutivo es el sostén que le ha permitido al presidente ignorar el entendimiento entre poderes controlados por políticos rivales que rige en una democracia. En su larga exposición, el diputado Carreño recordó que no hay una democracia cuando el Poder Legislativo (controlado por la oposición) y el Ministerio Público están en conflicto permanente con el resto de los poderes.
Carreño acusó a Ortega Díaz de “mentirosa”, “manipuladora” y “bipolar”. Con epítetos similares culminó la intervención del Defensor del Pueblo y del Contralor, quien se mostró dispuesto a carearse con ella para determinar si puede seguir sosteniendo que nunca asistió a la reunión del Consejo Moral Republicano.
En caso de que Ortega Díaz sea removida, el régimen tiene ya preparado un relevo: Katherine Harrington, sancionada por Washington, y muy comprometida con las autoridades locales. El portal local Crónica Uno recordaba este martes que el 29 de septiembre de 2016 Harrington escribió una carta a Ortega Díaz en la que solicitaba su jubilación y admitía que después de haber ocupado un cargo en el Ejecutivo de Nicolás Maduro -viceministra de Investigación Penal- no podía desempeñarse como fiscal. “Mis actuaciones comprometen la debida objetividad que debe observar un representante del Ministerio Público”. Harrington fue incluida en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Harrington fue sancionada en el marco de un decreto que declaró a Venezuela “como una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos”. Sus bienes en ese país están congelados y tiene prohibida la entrada. En el momento de la sanción llevaba los casos de mayor relevancia contra opositores: el de la exdiputada María Corina Machado y el del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, señalados en una trama penal por conspirar supuestamente contra Maduro.
Harrington también se encargaba de los casos de los jóvenes opositores Lorent Gómez Saleh, Gabriel Valles y Gerardo Carrero, quienes en 2014, en una crisis política similar a la actual, estuvieron detenidos en un sótano de una de las sedes de la policía política de Venezuela, en condiciones de extremo aislamiento, según la denuncia de sus familiares. La madre de Saleh denunció entonces que Harrington, supuestamente, visitó a su hijo para convencerle de que acusara a las figuras de la oposición de planificar el magnicidio de Maduro. Saleh se negó y Harrington le advirtió de que se “pudriría en la cárcel”, según el testimonio de la madre del detenido.
Una incesante presión contra una voz crítica
Cada decisión del Tribunal Supremo de Justicia incrementa la tensión en Venezuela. Su blanco favorito en las últimas semanas ha sido la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. La Sala Constitucional aprobó impedirle que viaje fuera del país, congelar sus cuentas o que venda o grave sus propiedades mientras estudia si hay motivos para enjuiciarla. Con esta escalada, el chavismo aspira a anular el tirón de Ortega Díaz, que se ha convertido en el rostro más notorio de la oposición. Su distanciamiento del régimen de Nicolás Maduro y las denuncias de violaciones de derechos humanos que investiga el Ministerio Público han dado impulso a las protestas contra el presidente venezolano.
