Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La guarida

El próximo presidente de Brasil será quien mejor garantice la cobertura de quienes lo eligen

Encerrado en el palacio de Planalto, Michel Temer resiste su caída. La clave de su supervivencia radica en que conoce como nadie los vicios del orden que encabeza. Su Gobierno entró en coma el 17 de este mes, cuando se conoció la autoincriminación de Joesley Batista. Este empresario frigorífico exhibió una grabación en la que aparece la voz de Temer, al parecer, alentándolo a pagar un supuesto soborno al diputado Eduardo Cunha, que le estaría extorsionando. El registro, muy defectuoso, todavía no fue convalidado por la justicia. Pero Temer quedó al borde del abismo. Si sigue al frente del país es porque, en su caída, podría desmoronar todo un sistema. La solución de la crisis brasileña se aleja. En vez de soñar con una regeneración de la vida pública, casi toda la clase política de Brasil imagina ardides procesales que la salven de la cárcel.

Enfocado en esta prioridad, Temer designó el domingo pasado a un nuevo ministro de Justicia: Torquato Jardim. Un detalle relevante: de Jardim dependerá la Policía Federal, que es determinante en el rumbo del caso Lava Jato. El objetivo inmediato de Temer es que el Superior Tribunal Federal (STF) postergue el tratamiento de la denuncia de Batista. Y que el Superior Tribunal Electoral (STE) demore el juzgamiento del financiamiento clandestino de la fórmula que él integró con Dilma Rousseff, su antecesora. Prevista para el 6 de junio, esa audiencia debe ser dirigida por Gilmar Mendes, miembro del STF y titular de la justicia electoral. Mendes está enredado en su propia peripecia. Según la revista Veja, estaría en la mira de los investigadores del caso Lava Jato. Si la versión se corroborara, sería la primera vez que el escándalo que sacude a Brasil alcanza a un juez del STF.

Temer tiene un aliado invalorable para demorar su salida del poder. Es la dificultad de la dirigencia política para encontrar un sucesor. El PSDB, aliado del presidente en la remoción de Rousseff, amenaza con retirar a sus ministros del Gabinete, en protesta por el nuevo escándalo. Pero todavía no lo ha hecho. Su indignación se procesa en cámara lenta. Además, en ese partido tienen motivos más inmediatos de padecimiento: su presidente y último candidato presidencial, el senador Aecio Neves, también fue grabado por Batista, pidiendo dinero. El STF lo suspendió del Senado. Al frente del PSDB quedó Tasso Jereisati, a quien se propone como reemplazante de Temer. Es un mero ejercicio intelectual: con 58 legisladores, Jereisati depende por completo del PMDB de Temer, que jamás lo elegiría después de una ruptura.

Otro candidato es Nelson Jobim. Expresidente del STF, fue ministro de Fernando Henrique Cardoso y de Dilma. Pero carga con dos inconvenientes. Fue abogado de constructoras involucradas en el caso Lava Jato y es consejero del banco BTG Pactual, complicado en ese proceso.

Temer cuenta, al parecer, con un solo reemplazante solidario: Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados. Maia pertenece al partido Demócratas, pero tiene un fuerte vínculo con Temer: es yerno de Wellington Moreira Franco, quien ejerce la Secretaría General de la Presidencia, y fue nombrado 34 veces por un arrepentido de Odebrecht.

En la constitución de un Gobierno desde el Congreso opera un factor importantísimo. Los partidos sólo votarán a alguien que garantice la permanencia de ministros con riesgos judiciales. Será presidente quien mejor garantice la cobertura de quienes lo eligen. Hoy la obtención de fueros especiales es un incentivo poderosísimo en la política brasileña. Por eso no suena surrealista la versión que publicó O Estado de São Paulo el viernes pasado: que en el Senado se negocia un acuerdo para conceder ese blindaje a los expresidentes. Un salvoconducto para Temer y Lula, y también para Dilma, José Sarney y Fernando Collor. Todos están en la mira judicial.

Brasil tambalea al borde del precipicio de la ilegitimidad. Esa declinación comenzó cuando Dilma rompió el pacto electoral, abrazándose al programa económico que habían defendido sus rivales. Temer fue más allá: armó una coalición con sus rivales. El impeachment de Dilma fue llevado adelante por muchos diputados y senadores acusados de corrupción. Ahora esos legisladores impugnados deberían consagrar a un nuevo presidente. El problema principal: para las elecciones generales faltan 17 meses. Una eternidad.

Expresión de esa élite acorralada, Temer y sus allegados denuncian un complot entre los medios de comunicación y los magistrados. Y entre la cadena O Globo y Batista. Creen, además, que los fiscales están más agresivos por la disputa para reemplazar, en agosto, al procurador general, Rodrigo Janot.

Tal vez Temer pueda maniobrar en la justicia y el Congreso. Pero su mayor peligro acecha en otra parte. En la confesión de Batista aparece registrado un allegado suyo, el diputado Rodrigo Rocha Loures, recibiendo dinero para favorecer al empresario. Loures devolvió esa suma a la policía. El presidente depende de que ese diputado no resuelva incinerarlo. Hoy Brasil es conducido por los delatores.

El genial Oscar Niemeyer murió a los 105 años, en 2012, meses antes de que se desatara la gran crisis brasileña. Se salvó de contemplar, por lo tanto, la transformación del exquisito palacio de Planalto, que proyectó en 1956 como sede de la presidencia, en una guarida.