El PRI y el PAN se disputan el voto conservador en el Estado de México
Alfredo del Mazo y Josefina Vázquez Mota se posicionan en contra del aborto y en defensa de la familia tradicional
Alfredo del Mazo, el candidato del PRI al Gobierno del Estado de México, estuvo la semana pasada con 1.200 simpatizantes de Encuentro Social (PES), un partido político nacido hace poco menos de tres años, formado por miembros de iglesias evangélicas. El pastor de una de estas organizaciones dirigió unas palabras al candidato que intenta retener para su partido el principal bastión en las elecciones locales del 4 de junio. “Sé que en este país nos decimos laicos… pero creo que nos hemos ido del otro lado, hemos echado a Dios del Gobierno y si no hay temor de Dios tampoco puede haber valores… si no hay temor de Dios no podemos combatir la corrupción”, dijo Gilberto Rocha.
Del Mazo dijo ser un hombre de fe y estar convencido de que “el camino de Dios” lo llevará al triunfo en las urnas. Sus palabras fueron inusuales en un país donde el discurso político suele ser aconfesional. El evento ante líderes “en favor de la vida y la familia” provocó que los adversarios del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acudieran a la autoridad electoral para quejarse de la intromisión en política de ministros de culto, prohibido en la Constitución. No obstante, la religión y los sectores conservadores se han convertido en protagonistas dentro de esta campaña.
“Es grave ver al PRI tan a la derecha”, considera Regina Tamés, directora del Grupo de información en reproducción elegida (GIRE), una asociación civil que defiende los derechos reproductivos de las mujeres, entre ellos el derecho a abortar. “Del Mazo se ha corrido a la derecha a una posición que no le hemos visto ni a Peña Nieto”. El presidente, pariente del candidato priísta del Estado de México, podría ser uno de los responsables indirectos del protagonismo que han cobrado los sectores conservadores en la política.
Hace un año, el presidente Peña Nieto propuso legalizar el matrimonio homosexual en todo el país. La propuesta enfureció a la ultraderecha, que mostró su fuerza y capacidad de organización con multitudinarias manifestaciones en las calles de las principales ciudades mexicanas. Estos grupos anti derechos alzaron la voz —como ha sucedido en otros países de América Latina— en contra de las uniones entre personas del mismo sexo, el aborto y lo que ellos llaman la ideología de género. En cambio, se mostraron en favor de la familia tradicional. La movilización fue suficiente para que el PRI echara marcha atrás y dejara morir la iniciativa presidencial en las catacumbas de la Cámara de Diputados.
Cuatro meses después de estas manifestaciones, el PRI sumó a Encuentro Social a su habitual coalición de partidos en el Estado de México: el Verde, supuestamente ecologista y Nueva Alianza, la organización política del magisterio. Esta unión obligó a Del Mazo a modificar su discurso pues ahora debería dirigirse también a cristianos y evangelistas. “Mi convicción es formar a familias con valores tradicionales. Eso lo voy a defender como gobernador”, dijo el candidato el 17 de mayo.
“Del Mazo no entiende que como funcionario tiene una responsabilidad de proteger a todas las personas sin importar su orientación sexual. Esto es un retroceso que debería alarmarnos”, considera Tamés, de GIRE.
La inclusión de Encuentro Social a esta alianza no es gratuita. En sus primeras elecciones nacionales a la Cámara de Diputados, en 2015, el partido obtuvo su quinto mejor resultado en el Estado de México, con 4.711 votos. El resultado fue suficiente para superar a los verdes (3.564), a Nueva Alianza (3.562) y a formaciones de izquierda como Movimiento Ciudadano (4.384) y el Partido de los Trabajadores (3.226). La unión también es atípica. Encuentro Social no acompaña al PRI en el resto de entidades que acuden a las urnas en junio. En Coahuila está aliado con el PAN y en Nayarit tiene candidato propio. EL PAÍS buscó una entrevista con el dirigente nacional de este partido, pero la entrevista no fue confirmada.
El PRI no es el único que se ha visto obligado a escorarse a la derecha. Josefina Vázquez Mota, una de las tres mujeres que buscan el Gobierno del Estado de México, también ha cedido ante los sectores más conservadores de su partido, el PAN. La candidata firmó recientemente siete compromisos al Frente Nacional por la Familia, uno de los grupos antiderechos responsables de las movilizaciones del año pasado.
Morena tiene pavor de perder votos, por eso se ha sumado a las posturas conservadoras en torno al aborto y a los matrimonios igualitarios Regina Tamés, directora de GIRE
Entre los compromisos se encuentra el “respeto y defensa de la vida humana como un derecho fundamental que debe ser tutelado desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural”. También reconoció el derecho de los padres de familia a “elegir y decidir sobre la educación de sus hijos”, un argumento que los sectores conservadores suelen usar para oponerse a la educación sexual en las escuelas públicas. En el séptimo punto, la excandidata presidencial se comprometió a crear un área de Gobierno para “atender eficazmente a los ciudadanos que conforman las diferentes expresiones de fe”. Esta firma fue atestiguada por algunos panistas vinculados al Yunque, la organización secreta de ultraderecha, como Marco Adame, exgobernador de Morelos.
“Lo que hizo el Frente Nacional por la familia el año pasado fue una llamada de atención muy relevante. No habíamos visto esa capacidad de movilización. Llama la atención el temor que ha generado dentro del PRI”, considera el exconsejero electoral Alfredo Figueroa.
La ola conservadora también ha obligado a Delfina Gómez, del izquierdista Morena y puntera en los sondeos, a evitar posicionarse claramente en torno al aborto y los matrimonios homosexuales. “Morena tiene pavor de perder votos, por lo que se ha sumado a las posturas conservadoras”, dice Regina Tamés. Andrés Manuel López Obrador, líder del partido y futuro candidato a la presidencia, dijo recientemente al periodista Jorge Ramos que esos temas deben ser “resueltos por los ciudadanos” en consultas y referendos.
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