El castigo del equipo de Maduro sancionado por EE UU

A estas horas en Caracas la pregunta es qué pasa por la cabeza de los magistrados que, al apoyar la deriva dictatorial del régimen de Nicolás Maduro, fueron sancionados por el Departamento del Tesoro con la congelación de sus bienes y cuentas en Estados Unidos. Cómo habrán recibido sus familias este mazazo. Porque el decreto de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ha golpeado con fuerza una de las patas que sostienen al gobernante en su cargo. El régimen ha acusado el golpe. La canciller Delcy Rodríguez ha condenado la decisión con el latiguillo de siempre: “La autoría y dirección de Estados Unidos en la desestabilización de Venezuela, su estado de derecho y contra la paz ha quedado en evidencia otra vez”, afirmó en Twitter.

Maduro, según Rodríguez, ha ratificado el respaldo a los magistrados “víctimas del poder imperial estadounidense”. Era lo que correspondía. De los ochos sancionados siete son integrantes de la Sala Constitucional, cuyos fallos han sido el soporte legal del Ejecutivo en la pugna que mantiene con la Asamblea Nacional. El restante, Maikel Moreno, preside el Supremo y es considerado un aliado incondicional del presidente y la primera dama, Cilia Flores.

La Constitución de Venezuela establece que las controversias entre los poderes serán dirimidas por la Sala Constitucional. En diciembre de 2015, luego de perder las elecciones legislativas, el régimen se aseguró de controlar esa instancia con sus fichas más incondicionales para evitar llegar a acuerdos con la oposición. Fuera del lapso de las sesiones ordinarias nombraron a Calixto Ortega, Luis Damiani Bustillos y Lourdes Suárez Anderson. La oposición ha asegurado que los nuevos magistrados no cumplen con los requisitos establecidos en las leyes para ocupar los cargos.

El compromiso de todos ellos con la autodenominada revolución bolivariana estaba fuera de dudas. Damiani había sido rector de la Universidad Bolivariana de Venezuela, fundada por Chávez, viceministro de Educación Universitaria y un activo vocero del chavismo en foros nacionales e internacionales. Ortega ha hecho carrera como parlamentario del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela y fue encargado de negocios de la embajada de Caracas en Washington. Suárez Anderson era la directora de la Defensoría Pública de Presos y hermana del mártir chavista Danilo Anderson, asesinado en 2014. Todos ellos firmaron los más de 40 fallos que convirtieron al Parlamento en un intrascendente foro político y le permitieron al Ejecutivo gobernar sin contrapesos.

Aún está por verse si las sanciones profundizan las fisuras que exhibe la coalición oficial con las críticas de sus aliados. La decisión de la OFAC pone de relieve el dilema que consume a los actores de reparto del régimen. Inmolarse con los actuales jerarcas que ya no parecen detenerse ante los formalismos de las democracias, o saltar del barco a tiempo para salvar su futuro político y reorientar un movimiento que, a pesar de su deriva, sigue siendo una atractiva franquicia.