La oposición brasileña se moviliza para pedir nuevas elecciones

Un grito de enormes resonancias históricas en Brasil se vuelve a extender ahora por algunas ciudades del país. Diretas, já fue el gran lema que en 1984 movilizó a decenas de miles de brasileños para forzar la caída de la dictadura que había gobernado el país durante las dos décadas anteriores y reclamar la convocatoria de elecciones presidenciales directas. El eco de esa consigna llegó a todos los rincones de Brasil. Alcanzó incluso el césped de los campos de fútbol llevada bajo el liderazgo del mítico jugador, ya fallecido, Sócrates Brasileiro, que hizo inscribir el lema en las camisetas de uno de los clubes más famosos del país, el Corinthians. Y el Diretas, já vuelve a ser el grito y la pancarta que enarbolan algunos de los manifestantes que se han echado a la calle nada más conocer las acusaciones contra Temer y de algunas de las fuerzas políticas de la oposición, incluidas las de sus dos líderes más conocidos, el Partido de los Trabajadores del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y la Rede de la frustrada candidata presidencial en 2014 Marina Silva.

Más información

Una supuesta grabación en la que Michel Temer obstruye la justicia estremece Brasil

Una huelga general desafía las reformas del Gobierno brasileño

Las protestas en Brasil

La consigna reclama que la solución a la crisis política en el país pase por la renuncia del presidente Temer y la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales, previstas oficialmente para octubre de 2018. Pero la solución no es tan fácil ya que requeriría un cambio constitucional.

Según la Constitución brasileña, la renuncia de un presidente puede resolverse con la convocatoria de nuevas elecciones si así lo decide el Congreso y se produce en los dos primeros años del periodo de cuatro que media entre cada cita ordinaria con las urnas. Agotado ese plazo, como ocurre en este caso, la vacante se cubriría con un candidato votado por el propio Congreso, la llamada elección indirecta. La mayoría de la oposición, situada en líneas generales a la izquierda, se opone a esa solución porque entiende que abunda en el problema de déficit de legitimidad que ya arrastra el actual Gobierno, cuyo presidente era el número dos de Rousseff y logró desplazar a esta por una maniobra parlamentaria sin pasar por las urnas. Desde hace meses en el Congreso está registrada una propuesta del diputado de Rede Miro Teixeira para aprobar una enmienda constitucional que permita la convocatoria de elecciones. Incluso hay una comisión creada al respecto, que apenas ha tenido actividad pero se podría revitalizar en cualquier momento si hubiese acuerdo político al respecto. La propuesta que está sobre la mesa contempla que las elecciones se convocarían 90 días después de que quedase vacante el cargo de presidente. Antes sería preciso aprobar la reforma constitucional, un trámite que, incluso con un pacto para hacerlo lo más rápidamente posible, parece difícil que estuviese listo en menos de dos meses.

Uno de los problemas para lograr consenso político sobre esa propuesta es que unas elecciones inmediatas favorecerían enormemente las opciones de Lula, el candidato favorito en las encuestas. Sobre Lula pesa la amenaza de cinco procesos judiciales por corrupción, pero, con unos comicios en poco tiempo, las hipotéticas condenas –que conllevarían inhabilitación política- difícilmente llegarían antes de conocer el veredicto de las urnas. Incluso aunque el juez más conocido de la Operación Lava Jato, Sérgio Moro, convertido en la némesis de Lula, lo condenase por el más avanzado de esos procesos –el que le acusa de recibir un apartamento tríplex como regalo de una constructora- el expresidente no quedaría inhabilitado inmediatamente. Para dejar a Lula fuera de juego se requeriría que una segunda instancia judicial ratificase la eventual condena de Moro lo que, en la más rápida de las hipótesis, aún demoraría muchos meses, probablemente un año.

Unas elecciones a corto plazo sorprenderían a los partidos opuestos a Lula sin un candidato claro, ya que algunos de los posibles aspirantes han quedado políticamente invalidados por las acusaciones de corrupción, como el último rival de Dilma Rousseff, el aún líder del Partido Social Demócrata Brasileño, Aécio Neves. El nombre por el que más vienen apostando sectores económicos y políticos, el alcalde de São Paulo, João Dória, también del PSDB, lleva solo cuatro meses en el cargo, tras llegar a él sin ninguna experiencia política anterior, y necesitaría más tiempo para darse a conocer en todo el país.

Una vez que Temer ha anunciado que no renuncia, hay varias posibilidades para destituirle. Una es el impeachment, que requiere el apoyo de dos tercios de la Cámara de Diputados y del Senado. El proceso es muy largo. El de Dilma Rousseff, por ejemplo, comenzó en diciembre y no logró apartarla del cargo hasta mayo. Otra opción es que la investigación del Tribunal Supremo encuentre indicios de criminalidad en el presidente y decida pedir autorización al Congreso para actuar contra él y apartarle del cargo. En ese caso necesitaría también el voto favorable de dos tercios de la Cámara y del Senado. La Constitución brasileña protege al presidente de ser juzgado por actos cometidos antes del ejercicio de su cargo. Pero la acusación que pesa ahora contra Temer proviene de una conversación con un empresario mantenida el pasado marzo, por lo que queda fuera del derecho de inmunidad.

Hay una tercera posibilidad, tal vez la más rápida y la que más vienen comentando en las últimas horas analistas políticos brasileños. El próximo 6 de junio, el Tribunal Superior Electoral comienza una vista en la que debe decidir si inhabilita a Rousseff y a Temer por supuestamente haber financiado de forma ilegal la campaña de 2014 en la que ambos comparecieron juntos. Todo apunta a que esa será la solicitud del magistrado que ha instruido el caso. La decisión la tiene que tomar el pleno del tribunal, presidido por otro magistrado con mucha cercanía personal a Temer.

Si Temer fuese inhabilitado, en el escalafón para asumir la presidencia provisional están, por este orden, los presidentes de la Cámara, del Senado y del Tribunal Supremo. Los dos primeros también están sometidos a investigación en el caso Lava Jato. De todos modos, prácticamente la única función del presidente provisional sería convocar la elección de un sustituto, para lo que, si se mantuviese el sistema de elección indirecta, tendría un plazo de 30 días.