La crisis de Venezuela revive las dudas sobre la unidad en el chavismo
El silencio de los poderes públicos, como la Defensoría del Pueblo, y sobre todo el de los militares, ha acrecentado la tensión
La situación vivida en Venezuela después de que el chavismo se viese obligado a dar marcha atrás y devolver a la Asamblea Nacional, en poder de la oposición, sus competencias ha revivido las dudas sobre una uniformidad dentro del chavismo en torno a la figura del presidente, Nicolás Maduro. A la presión internacional se unió la declaración de la fiscal, Luisa Ortega Díaz, quien aseguró que la sentencia del Tribunal Supremo por la cual despojaba de poderes a la Asamblea rompía el “orden constitucional”. El silencio de otros poderes públicos, como la Defensoría del Pueblo, y sobre todo el de los militares, ha acrecentado la tensión.
“Es posible que [la fiscal] tenga respaldo dentro del Gobierno. No creo que haya hecho esto si no tuviera un apoyo extrainstitucional”, asegura la politóloga Colette Carpiles. El mandatario venezolano no ha tenido el completo espaldarazo de la legión del presidente Hugo Chávez. La disidencia del oficialismo se ha agrupado desde el comienzo del Gobierno de Maduro en un movimiento llamado Marea Socialista, integrado por exministros y funcionaros de Chávez. Sin embargo, para Carpiles, es complicado descifrar lo que ocurre realmente dentro del alto gobierno. “No es un secreto que existen distintos grupos dentro del Gobierno, jerarquizados según una estructura de cercanía o no a Maduro. Están unos más radicales ideológicamente que otros, siendo más leales al presidente precisamente los más extremistas. Desde un comienzo la gran lucha de Maduro ha sido tratar de imponerse con un liderazgo como el de Chávez”, indica.
Las fisuras en el Gobierno habían sido un secreto a voces hasta estas declaraciones. Hace tiempo que Ortega Díaz, en un principio relacionada con Diosdado Cabello, el segundo hombre del chavismo, no responde con lealtad a las directrices del régimen de Maduro. La funcionaria ha enviado señales distintas a la institucionalidad madurista, al revelar cifras oficiales de homicidios y oponerse a las razzias, conocidas como OLP (Operación de Liberación del Pueblo) para combatir el delito, por ejemplo. “La rectificación se hace con una voz que es institucional (la fiscal), un indicador de que el régimen no es monolítico. Por tanto, se cumple otra condición para un cambio de gobierno: el bloque dominante debe estar dividido”, agrega la politóloga.
Muchos procesos penales contra opositores han sido descartados en el Ministerio Público. El Supremo ha tratado de dirigir el enjuiciamiento de civiles, especialmente de diputados, a los tribunales militares, una irregularidad en las leyes venezolanas. De ahí que la sentencia 155 del TSJ, que despoja de inmunidad a los parlamentarios, conceda un poder espacial al presidente de Venezuela para modificar legislaciones con la inminente posibilidad de abrir juicios militares a cualquier ciudadano.
El papel que juegan los militares es también objeto de rumores y múltiples teorías. Apenas el sábado se dejó ver el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, en un acto con Maduro. El jefe del Estado volvió a dar por superada la controversia que surgió entre los poderes públicos, después de que el Tribunal Supremo de Justicia se abrogara las funciones del Parlamento mediante dos polémicas sentencias. El chavismo intenta desde la tarde del viernes pasar la página como si la anulación del Parlamento jamás hubiese ocurrido. Cerca de él Padrino escuchaba las explicaciones, atento y en silencio.
La enigmática actitud del hombre que controla las armas de la República sigue levantando toda clase de especulaciones en Venezuela. Maduro ha querido restar importancia a los rumores mostrándose a su lado en un acto más bien intrascendente. Pero cuando el ministro de la Defensa acepta la compañía del presidente en medio de una crisis también está mandando un mensaje. Las fuerzas armadas dan por buena la solución encontrada por Maduro para evitar que creciera la condena internacional contra el régimen. Y es también una advertencia muy clara: la institución no está dispuesta a acompañar a Maduro en sus apuestas personales.
La respuesta, o quizá la falta de ella, se corresponde con el comportamiento de los oficiales desde 1958, cuando cayó la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. En los golpes de Estado contra Carlos Andrés Pérez, en 1992, en el putsch contra Hugo Chávez en 2002, los militares siempre apostaron por darle su apoyo al gobierno y aislar los intentos de desconocerlos porque entendían que así actuaban conforme al estado de derecho.
Hay una idea que ha calado hondo entre los uniformados muy a pesar de los esfuerzos del chavismo de convertirla a la institución en su guardia pretoriana y de obligarlos a desempeñarse en asuntos propios de la vida civil. Se obedece a la Constitución y se respeta la majestad que encarna el cargo de Presidente de la República. No hay una defensa incondicional del hombre que ejerce la primera magistratura.
La prueba más reciente de la resistencia de las fuerzas armadas a desconocer resultados adversos al chavismo la ha ofrecido el exministro de Alimentación, Hebert García Plaza, al diario estadounidense El Nuevo Herald. El exfuncionario, militar de carrera, afirma en una entrevista publicada el sábado haber estado presente en una reunión celebrada e la víspera de las elecciones sobrevenidas de abril de 2013, que eligieron al sucesor de Hugo Chávez, en la que el entonces director de la policía política, Miguel Rodríguez Torres, planteó al ministro de la Defensa de la época, Diego Molero, desconocer un eventual triunfo del aspirante opositor Henrique Capriles Radonski. “La cúpula militar se resistió a cumplir la orden del gobierno”, afirmó García Plaza. Al final no fue necesario. Maduro se impuso por menos del 2 por ciento y los militares aceptaron el resultado a pesar de las numerosas irregularidades ocurridas.
A Padrino López le atribuyen posturas similares en las elecciones parlamentarias que le dieron a la oposición el control del legislativo. No hay evidencia independiente que sustente esas versiones. Pero los venezolanos prefieren creer a pie juntillas en el poder de coacción de las fuerzas armadas. Siempre tienen la última palabra.
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