Un tratado que no se quedó en el papel

Este mes de marzo celebramos veinte años de vigencia de la Convención Interamericana contra la Corrupción, un hito en la materia, en tiempos en que aún muchos reclamaban que éste era un tema del ámbito exclusivo de cada Estado nacional.

La Convención se convirtió en la Carta de Navegación de la acción colectiva contra la corrupción en las Américas. Hoy, este es el tratado interamericano más ratificado después de la Carta original de la OEA: 33 de los 34 Estados activos de esta Organización forman parte de la Convención.

Gracias a que la impunidad ante la corrupción es cada vez más difícil, mucho se ha avanzado en estas dos décadas.

Gracias a que la impunidad ante la corrupción es cada vez más difícil, producto de las nuevas tecnologías de la comunicación y las redes sociales, mucho se ha avanzado en estas dos décadas, tanto en conocer cómo opera la corrupción en los ámbitos públicos y privados, como en el castigo a los culpables. Aunque no lo suficiente.

Según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) del pasado año, se estima que el soborno tiene un costo anual de entre 1,5 y 2 billones de dólares, lo que equivale a alrededor del 2% del producto interno bruto anual mundial. Hoy nadie duda que los corruptos roban los recursos de la gente sencilla, y que se requiere de la cooperación internacional para combatirlos efectivamente.Casos como “Odebrecht”, “Lava Jato” o los “Panama Papers” son ejemplos de que nadie está completamente a salvo de la corrupción, y que se trata de un problema transnacional, por lo que es necesaria una solución internacional.

La Convención de la OEA parte de la necesidad de afrontar integralmente este problema. La lucha contra la corrupción es un proceso que requiere medidas preventivas y represivas, nacionales e internacionales; y que necesita que los Estados, el sector privado, la sociedad civil y la comunidad internacional compartan las responsabilidades y sean parte de la solución.

La lucha contra la corrupción es un proceso que requiere medidas preventivas y represivas, nacionales e internacionales.

Para evitar que la Convención quedara en las vitrinas de las Cancillerías de la región, los Estados Miembros crearon en 2002 un mecanismo de seguimiento de su implementación (MESICIC). Se trata de un instrumento de evaluación recíproca entre los Estados, con participación de la sociedad civil y el apoyo técnico de la Secretaría General de la OEA, que ha adoptado hasta ahora 126 informes con recomendaciones específicas para erradicar la corrupción, que se hacen públicas y que los países deberían seguir.

El MESICIC ayuda a cerrar la brecha entre la Convención y la realidad del día a día en los países signatarios. Por eso, sus análisis se centran en áreas cruciales como: conflictos de intereses; servidores públicos y sus declaraciones patrimoniales; acceso a la información y la participación de la sociedad civil; controles internos en empresas; la tipificación de actos como el soborno transnacional y el enriquecimiento ilícito; la protección de denunciantes; y la asistencia recíproca para el juzgamiento de sus autores.

Por citar algunas cifras: al 85% de los países se les recomendó desarrollar medidas para evitar conflictos de intereses; al 67% se les invitó a tomar previsiones para la efectividad de las normas para la preservación de los recursos públicos; al 68% se les llamó a fortalecer los mecanismos de control de la actividad contractual; al 68% de los países se les sugirió adoptar el sistema basado en el mérito para la vinculación de servidores públicos; y al 82% se les instó a optimizar las declaraciones patrimoniales para detectar conflictos de intereses y del enriquecimiento ilícito.

Un análisis confirma que la debilidad de los marcos jurídicos, instituciones y políticas públicas no sólo pueden facilitar la corrupción, sino que están en el origen de la misma.

Los análisis del MESICIC confirman que la debilidad de los marcos jurídicos, instituciones y políticas públicas no sólo pueden facilitar la corrupción, sino que están en el origen de la misma.

El combate a la corrupción es una de mis prioridades desde que asumí como Secretario General de la OEA, y es un tema clave para la democracia regional, tanto para gobernantes y legisladores, como para lasociedad civil, el sector privado y la ciudadanía en general.

En la OEA, guiados por la Convención y convencidos de que menos corrupción significa más probidad republicana y más recursos para ampliar los derechos de la gente, continuaremos apoyando a los Estados a través de acciones concretas para fortalecer sus instrumentos jurídicos e instituciones anticorrupción.

Así lo estamos haciendo desde el pasado año, con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que en menos de un año ha colaborado decisivamente en reformar aspectos claves de la institucionalidad anti-corrupción.

Es por ello que no resulta casual, sino todo lo contrario, que la conmemoración de los veinte años de la Convención la estemos realizando precisamente este 28 de marzo en Honduras, donde la lucha contra la corrupción y la impunidad es la bandera más sentida por la ciudadanía del país.

Luis Almagro es secretario general de la OEA. Twitter @Almagro_OEA2015