El revés de la inmundicia

Jaqueados por la multimillonaria corrupción gestada entre funcionarios inescrupulosos y empresas constructoras brasileras idem, son varios los países latinoamericanos en los que hiede la corrupción que llega a altos niveles de la sociedad y el Estado. Y con ello el descreimiento en las instituciones y en los políticos crece. ¿Todo está podrido?

La respuesta instintiva e inmediata es afirmativa. Eso se alimenta, además, en esa mezcla de preocupación cívica —de gentes y medios de comunicación— con el morbo de la noticia, el último dato, el ¡no sabes quién más está metido en este escándalo! Hay, sin embargo, un revés de la inmundicia. Que no ocupa titulares ni reportajes televisivos, pero que es más trascendente y fundamental: las respuestas que viene recibiendo la exuberante corrupción.

Tan importante —o más— que la foto de la corrupción es que en muchos países una institucionalidad democrática se ha puesto en movimiento y está desbrozando el camino para enfrentar en serio a la corrupción y la impunidad incluyendo una cooperación internacional nunca antes vista. Para todos los latinoamericanos que hemos hecho de la brega por la transparencia y la democracia y contra la corrupción una opción de vida, esto es muy importante y alentador. Así, muchos jueces y fiscales de países como Brasil y Perú están marcando una pauta firme. Y como ocurre hoy en el Perú, por ejemplo, con profesionales independientes del poder político a la cabeza de instituciones claves como la justicia y el ministerio público que, en general, está haciendo las cosas con respeto al debido proceso. En la historia política latinoamericana en circunstancias como estas la justicia solía servir, más bien, como manto de impunidad o de herramienta del poder de turno como venganza y persecución del adversario.

Mientras los analistas abren hoy interrogantes acerca del efecto que tendrán en la política interna estadounidense sus tradicionales checks and balances (pesos y contrapesos), la realidad en algunos países latinoamericanos da cuenta que lo de los pesos y contrapesos se está instalando en nuestros predios. Doy un par de ejemplos del Perú.

El 2009 fue condenado a 19 años de prisión Antauro Humala, hermano del presidente Humala. Pasaron los cinco años de Gobierno de Humala (2011-2016) y pese a su facultad presidencial de indultar a un condenado, no se dieron las condiciones para que el presidente considerara que podía aplicar ese beneficio a su hermano. ¿En muchos otros países podría haber ocurrido algo así?

Algo parecido ocurre con el expresidente Alberto Fujimori, condenado el 2009 a 25 años. Pese a que el fujimorismo tiene desde hace ocho meses el control absoluto del Congreso y que casi gana las elecciones presidenciales del 2016, la situación del condenado aún no ha variado. No sé si será así hasta el fin del Gobierno (2021) pero lo evidente es que quien tiene el poder no puede operar más en el vacío.

La tremenda corrupción que estalla en las primeras planas es fuente lógica de desaliento y desesperanza. Pero frente a ella el terreno no está siendo ocupado por la complicidad o la inacción sino por centenares de investigaciones y procesos independientes de investigación que están en marcha.

Defender la independencia de jueces y fiscales es, por eso, un asunto crucial frente a las presiones o amenazas que pudieran venir. De cualquier origen. Soy de los que están firmemente convencidos de que son superiores las capacidades de la sociedad y sus instituciones, en varios países latinoamericanos, de responder con energía, aplicar la justicia con rigor y darle, con todo eso, un nuevo impulso a la evolución democrática.