Un año más de combate al narco sin un marco legal para el Ejército mexicano

“Fuimos usados por el Estado mexicano. Se nos capacitó para una función y se nos ordenó hacer otra muy diferente (…) El señor Felipe Calderón, excomandante supremo de las Fuerzas Armadas, declaró la guerra al narcotráfico y fue un término muy desafortunado”. Así se expresa un grupo de 20 militares presos, en una carta enviada hace unos días al presidente de la República, la Cámara de Diputados y el Poder Judicial de la Federación. Todos están en proceso o condenados por delitos cometidos durante los años duros de la Guerra contra el Narco, en el sexenio del ex presidente Calderón. Algunos cumplen penas de hasta 31 años.

La misiva trasciende en un momento en que México discute legislar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Tras la llegada de Calderón al poder en diciembre de 2006, los militares salieron de sus cuarteles y asumieron el papel de la policía en varios estados del país. Era una situación extraordinaria. El presidente se apoyó entonces en el artículo 29 de la Constitución, que permite echar mano del Ejército cuando exista una "perturbación grave de la paz pública". La idea era depurar los cuerpos de seguridad y prepararlos para combatir a los cárteles del narcotráfico. Diez años más tarde, la policía de muchos estados siguen sin funcionar y una solución momentánea –las Fuerzas Armadas– se ha convertido en permanente.

En todo este tiempo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha denunciado en decenas de ocasiones torturas, abusos y asesinatos cometidos por militares. La presión se ha sentido al interior del Ejército, hasta el punto de que el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, declaró el pasado 9 de diciembre que el Ejército no se siente a gusto persiguiendo delincuentes. “Nuestros soldados”, dijo, “ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos, con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos”.

Cienfuegos pedía un “marco jurídico” para el actuar de la tropa, una ley que regule su presencia en las calles. En las últimas semanas senadores y diputados han presentado iniciativas en este sentido. Uno de los puntos que comparten es la necesidad de delimitar en tiempo y forma el actuar de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Otro es detallar cómo enfrentar a los delincuentes dependiendo de la situación. El Congreso y el Senado tendrían que pasar la legislación.

Los expertos recelan de estas propuestas porque, dicen, no se entiende muy bien cuál es la pretensión. Catalina Pérez Correa, investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, uno de los centros más prestigiosos de México, dice que las propuestas son “vagas”. “Pareciera que lo que están pidiendo”, añade, “es una ley para que no les acusen de violaciones a derechos humanos”. Maureen Meyer, directora del programa para México de la Oficina en Washington para Asuntos de Latinoamérica, asume que “la reacción inmediata de un soldado es aplicar la fuerza. El problema que tenemos es una cuestión de capacitación”.

Durante las últimas semanas, la discusión ha versado no tanto sobre la capacitación de los militares sino más bien sobre el marco jurídico, la necesidad de dar “seguridad” al Ejército cuando actúe de policía. Pero, ¿seguridad para qué? ¿Legitimidad para hacer qué?

En su carta a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los militares dicen: “Fuimos usados por el Estado mexicano en un fallido experimento donde resultó una cantidad enorme de víctimas colaterales y decenas de militares de poca graduación en prisión”. Pérez Correa interpreta la carta y dice que una de las cosas que piden los 20 es “la exoneración”. Para ellos, es responsable “quien los sacó a las calles sin preparación, quien los instruyó a hacer algo que produjo muertes colaterales”.

Casi al final de la carta, los 20 concluyen: “¿Qué opina el Secretario de la Defensa Nacional? [Que] ‘Estamos haciendo una función para la que no estamos preparados’, [que] ‘ninguno de nosotros vino a las FFAA para hacer esto’. Si esto opina el titular de las Fuerzas Armadas, ¿dónde quedamos nosotros?”.

Si el general Cienfuegos asume que fue un “error” implicar al Ejército en la lucha contra el narco, ¿en qué posición quedan los militares presos? ¿En qué posición quedan quienes siguen enfrentando al crimen organizado hasta que el comandante en jefe diga lo contrario?

Pérez Correa apuesta por una ley en que la suspensión de garantías constitucionales, por la actuación puntual del Ejército, sea por un tiempo definido. Además, dice, debe prever un mecanismo por el que los poderes legislativo y judicial controlen los operativos. “Y sobre todo”, dice Maureen Meyer, “cualquier ley de seguridad interior debería contemplar un plan de retirada de las Fuerzas Armadas”.