“Lo que está haciendo la justicia brasileña es admirable”

José Ugaz Sánchez-Moreno (Lima, 1959) lleva toda una vida enfrentando la corrupción. Al actual presidente de Transparencia Internacional (TI) le tocó diseñar y comandar la procuraduría anticorrupción, que desmanteló la estructura criminal del Gobierno de Alberto Fujimori. Desde su experiencia, Ugaz comenta el reciente acuerdo de delación del gigante brasileño de la construcción Odebrecht y las implicaciones de la monumental operación Lava Jato.

Pregunta. ¿Cuál fue su primera reacción tras conocer el acuerdo de delación entre el Departamento de Justicia de EE UU y Odebrecht?

Respuesta. Desde hace años, era un secreto a voces que Odebrecht y otras grandes constructoras brasileñas incurrían en prácticas sistemáticas de corrupción. Lo que nadie imaginó, es que la operación estuviera tan extendida, tan bien estructurada, que tuviera semejantes niveles de desarrollo y que gozara de una infraestructura jurídica tan afinada. Ha sido sorprendente descubrir que en el interior de la empresa funcionó un departamento de administración de sobornos, que se llegó a comprar la filial de un banco austríaco en Antigua y Barbuda para canalizar los pagos bajo la mesa o que cada operación tuvo hasta cuatro capas de empresas off shore [extraterritoriales], antes de que el dinero de Odebrecht llegara a su destino final.

P. ¿Cómo se ha portado la justicia brasileña?

R. Lo que está haciendo la justicia brasileña es admirable. Como dicen ellos, se conjugaron el cielo y las estrellas en una noche. Aparecieron el Fiscal de la nación, Rodrigo Janot; el equipo de fiscales, comandado por Deltan Dallagno; y el juez Sérgio Moro, quien sigue peleando a pesar de las amenazas políticas y personales. Ellos se han enfrentado a la clase política del Brasil y sus resultados son tangibles. La presidenta Dilma Rousseff no fue destituida por el caso Lava Jato, pero sí por la manipulación de cifras vinculadas a Petrobras, que finalmente se relaciona con Lava Jato. El expresidente Lula da Silva y sus hijos son procesados por haber recibido prebendas de estas empresas. El presidente del Senado Renan Calheiros recibió una orden de destitución. Y lo más probable es que, en algún momento, cuando las investigaciones avancen, el presidente Michel Temer sea también vacado. Creo que esto es un triunfo para la reserva moral de Brasil.

P. ¿Qué está haciendo Transparencia Internacional sobre el caso Lava Jato?

R. Poco después de iniciar sus actividades, los fiscales brasileños descubrieron que necesitaban instrumentos jurídicos que les permitieran enfrentar eficazmente la corrupción. Algo similar pasó en el Perú durante la caída del fujimorismo. Aquí teníamos un ordenamiento de principios del siglo pasado, diseñado para enfrentar delitos tradicionales, no para el crimen organizado. Nuestra ventaja fue que encontramos un Estado colapsado, que no opuso resistencias, y contamos con el apoyo decidido del Gobierno de transición. Los fiscales brasileños no tienen esa suerte, y se enfrentan a un Congreso en el que están sentados los representantes de varios partidos vinculados con la corrupción. La falta de voluntad política hizo que salieran a las calles para recolectar las firmas necesarias para presentar una iniciativa legislativa. Al final lo consiguieron, hace un año y medio presentaron la iniciativa con 10 medidas medulares, pero hasta ahora el Congreso la viene frenando. Además de intentar que esta situación sea visible, hemos planteado la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas para la Corrupción (Uncac, por sus siglas en inglés), que señala que, cuando algún caso compromete a varias jurisdicciones, es posible armar una investigación conjunta. Nunca antes ha ocurrido algo así en el mundo, y entendemos que puede ser muy complicado, pero estamos analizando su factibilidad.

P. Usted fue el primer procurador anticorrupción durante la caída de Fujimori. ¿Qué similitudes encuentra entre ese caso, y el brasileño?

R. En primer lugar, que no se trata de situaciones anecdóticas, sino de lo que en Transparencia Internacional llamamos “gran corrupción”. Según el pronóstico de los fiscales, el caso Lava Jato podría suponer 300.000 millones de dólares de afectación en materia de corrupción [algo más del 13% del PIB brasileño]. Para el caso peruano, la cifra más conservadora es de 600 millones de dólares, algo proporcionalmente inmenso. Esta corrupción es cometida por actores poderosos, y genera un impacto en los Derechos Humanos. En ambos países, los recursos sustraídos suponen una peor educación, una peor salud pública y un aumento de las desigualdades. Por último, investigaciones como las que se hicieron en Perú o las que se están haciendo en Brasil rompen una larga tradición de impunidad.

P. ¿El impacto de Lava Jato puede significar para Brasil lo mismo que la caída de Fujimori para el Perú? ¿Podría colapsar el aparato estatal?

R. Creo que estamos cerca de eso. Hay quienes emplean esta posibilidad como un argumento contra las investigaciones: “No avancen tanto porque el país puede colapsar”. Pero yo creo que el Perú demostró que es mentira: los países no colapsan de esa manera. Y, finalmente, quienes los ponen en esa situación son los corruptos y no los investigadores. Aquí tuvimos la capacidad de reconstruirnos a partir del Gobierno de transición. En la clase política brasileña tiene que haber gente sin contamina, que esté dispuesta a tomar la posta, para buscar un futuro diferente.